En un procedimiento inédito se encuentran ambos Ministros, pues es la primera vez que un Ministro de la Corte de Apelaciones es formalizado, en la historia de la Reforma Procesal Penal.
Por delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito se formalizó a Emilio Elgueta, quien pasó a la historia con este proceso que pone en el ojo del huracán al Poder Judicial. Es más, el Fiscal a cargo del caso, Sergio Moya, solicitó una nueva audiencia para seguir imputándole delitos.
Durante la formalización de Elgueta, la Fiscalía mostró una serie de movimientos en dinero por $28 millones durante el 2016 y 2018 que harían sospechar un enriquecimiento ilícito por supuestas resoluciones de la Corte, lo que llevaría a investigar a ciertos abogados por cohecho.
El desastre de Rancagua tiene aún mucho por dar. Recientemente, salió a la luz la relación con el Caso Caval, que en última instancia demuestra el tinte de clase que atraviesa al Poder Judicial.
Ya lo vimos cuando la “Justicia” condenó a Délano y Lavín a clases de ética en el marco del caso PENTA. Nada igualable a la cantidad de dinero que hicieron antes de que el caso saliera a la luz.
La crisis del Poder Judicial abrió un debate, donde incluso hay sectores políticos que plantean reformar el sistema judicial, cambiar el nombramiento de jueces y notarios, entre otras cosas. ¿Pero es esta la solución?
A los ministros y fiscales judiciales no los escoge nadie. Los de las Cortes de Apelaciones son designados por el Presidente de la República, a propuesta de una terna de la Corte Suprema.
El sistema esconde una desigualdad objetiva bajo una aparente “igualdad jurídica”, queriendo hacer creer que más allá del sector social al que pertenezcamos somos todos iguales ante la ley. El caso Caval, Penta, SQM, entre otros, demuestran que esto no es así.
No hay manera de reformar el Poder Judicial si no es acabando con sus privilegios y liquidando su poder en tanto privilegia a la casta política empresarial. Por eso es necesaria la elección de los jueces y fiscales mediante voto popular –y que estos cargos sean revocables-, para acabar esta red de “favores” entre jueces y aquellos que pueden pagar por estos “favores”. | 
