El siguiente texto fue elaborado en conjunto entre La Izquierda Diario México, Left Voice de Estados Unidos y la Organización Socialista de Costa Rica.

Hacinamiento en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, al sur de México. La fuga y luego la recaptura de cientos de migrantes detenidos como si fueran criminales, cuando se trata de personas que huyen de la miseria y la violencia de sus países de origen. La separación de menores de sus familias. “No queremos que los migrantes tengan libre paso” declaró recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde el 15 de marzo pasado están cancelados los trámites por 60 días.

El desamparo y el desarraigo se pasean por Tapachula. Personas originarias de Guatemala, de Honduras, del Congo, de Angola, de Haití, de Cuba, de todas las edades, deambulan por las calles de la ciudad sureña. Surge, amenazante, el rechazo de algunos pobladores. El racismo también se expresa, en algunas escenas, igual que se ha expresado en Tijuana, Baja California, en el extremo norte de México, cuando un grupo de personas alineadas con el alcalde José Manuel Gastelum protestaron en 2018 contra la caravana migrante al grito “Fuera hondureños, aquí no los queremos”.

El año pasado, las imágenes de niñas y niños detenidos, separados de sus familias, fueron el crudo retrato de la reaccionaria política de Trump contra los migrantes. A inicios de 2019, y como respuesta a la llegada de nuevas caravanas migrantes, el presidente estadounidense decretó una “emergencia nacional” para exigir al congreso estadounidense los fondos para construir su muro del odio, al mismo tiempo que restringía las solicitudes de asilo. Se desató el caos en la frontera.

A su vez, el mandatario pretende transformar a los migrantes detenidos en factor de presión contra el partido demócrata: su nueva propuesta es liberar a los migrantes sin papeles en las llamadas “ciudades santuarios” (donde las autoridades se niegan a cooperar con la deportación de los migrantes). También ha reorganizado el departamento de seguridad de su gobierno, con miras a endurecer aún más la política contra los migrantes y ordenó el envío de más militares a la frontera, donde ya hay 6 mil soldados desplegados.

López Obrador, el presidente que apenas asumió en diciembre con las promesas de la protección de derechos humanos, es quien dio la orden de retener a los migrantes en Chiapas, uno de los estados mexicanos más pobres. Pero fueron sus falsas promesas de visas a unos 12.500 centroamericanos –con permiso de trabajo y residencia por un año–, las que llevaron a muchas personas de distintos continentes a trasladarse a México para intentar llegar a EE.UU. Para los migrantes, la nueva “oferta” es una tarjeta de visitante regional, que solo les permitirá moverse por algunos estados sureños. Todo para impedir su avance hacia territorio estadounidense.

La prensa internacional habla de una nueva crisis migratoria en el sur mexicano. “El muro de Donald Trump está empezando en el Suchiate [el río que separa México de Guatemala]”, declaró a El País Luis Villagrán, director de una ONG.

López Obrador no hace otra cosa que llevar a cabo las órdenes de Trump, quien busca profundizar las políticas antimigrantes en el imperialismo estadounidense y exige que el gobierno mexicano mantenga su rol de gendarme en materia migratoria. Su obsecuencia se profundiza día con día: ante uno de los acostumbrados reclamos del magnate devenido presidente, el mandatario mexicano sostuvo “No queremos confrontarnos, vamos a mantener una posición de respeto con Donald Trump… él tiene una visión, yo la respeto y la considero legítima”.

Pero Trump y López Obrador no están solos. En días recientes, durante una presentación en Fox News, Bernie Sanders afirmó que "no necesitamos demonizar a los inmigrantes" y propuso “construir instalaciones adecuadas justo en la frontera" y promulgar una “reforma migratoria integral”. Pero dijo que "no era una pregunta real" cuando MacCallum preguntó sobre los méritos de la propuesta de Trump de enviar inmigrantes ilegales a las ciudades santuarios.

Anteriormente, el principal referente del partido demócrata se había pronunciado contra las fronteras abiertas. Su progresismo termina donde empiezan los intereses de la burguesía imperialista de mantener la expoliación, la explotación y el saqueo sobre América Latina.

Como explicamos acá, “la inmigración a los Estados Unidos es producto directo de las políticas del imperialismo estadounidense y de las numerosas intervenciones militares e intentos golpistas instrumentados por ese país en todo el mundo. En América Latina esos golpes en países como Honduras, o los intentos de golpe o intervención en otros como Venezuela y Cuba, tienen el objetivo de imponer medidas de austeridad y establecer condiciones más favorables para que las empresas estadounidenses continúen explotando a la población y los recursos naturales de América Latina, como lo han hecho desde hace siglos.”

El establecimiento de condiciones más favorables para las empresas imperialistas en América Latina cuenta además como contexto la crisis del 2008, que tuvo impacto directo en las sociedades centroamericanas, la batalla comercial de los Estados Unidos con China, que ha ganado espacio en la región en detrimento de la potencia del Norte y también la relativa crisis de hegemonía del imperialismo estadounidense.

Estas condiciones han preparado las caravanas migrantes de 2018, cuando miles de hondureños llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. También un demócrata, Barack Obama, en 2009 respaldó el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya. Tras el golpe, se endurecieron las condiciones de vida para la clase trabajadora y los sectores populares de ese país centroamericano. Y uno de los sectores más beneficiados fue la industria armamentística del imperialismo estadounidense, pilar de la “guerra contra las drogas”.

Los problemas de la política de Sanders sobre la migración

La posición de Sanders es una política que sólo beneficia a las corporaciones. El fortalecimiento de las políticas antimigrantes es un instrumento de la burguesía para mantener dividida a la clase trabajadora entre documentados e indocumentados. Jimena Vergara y Luigi Morris señalan en el artículo “Nagle está equivocado: pero no hay justificación de izquierda en contra las fronteras abiertas”:

“Los trabajadores que emigran de sus países de origen a las metrópolis imperialistas se integran en el mercado laboral como ciudadanos de segunda clase: sin derechos, sin beneficios, sin nada. Esto permite a los empleadores, por un lado, acceder a una mano de obra barata, y hace que la organización de los trabajadores sea extremadamente difícil y peligrosa. Por otro lado, esta mano de obra barata y sin derechos reduce los salarios de la clase obrera nativa”.

Las únicas fronteras abiertas que avalan y promueven los capitalistas son para sus productos, no para los seres humanos. Mientras se restringe cada vez más el paso de migrantes a través de la frontera, las mercancías que se fabrican en las maquilas de México entran a Estados Unidos sin problemas, gracias al tratado económico del NAFTA, ahora United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA en Estados Unidos y Tratado México-Estados Unidos-Canadá o T-MEC en México, así como el TLC de Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).

Guardia nacional: brazo armado del Estado mexicano contra los migrantes

Como parte del endurecimiento de la política migratoria en México, el gobierno de López Obrador busca otorgar a la Guardia Nacional –la nueva corporación represiva para mantener la militarización, integrada por militares, policías y nuevos reclutas– facultades para operar como agentes migratorios, cuyas funciones serían la verificación de documentos, la detención de migrantes que viajen por México, la vigilancia de los centros de detención migratoria y el control de garitas y zonas fronterizas, con la colaboración del Instituto Nacional de Migración (INM).

Así continúa López Obrador con las políticas antimigrantes desplegadas por Enrique Peña Nieto, el anterior presidente, una de cuyas expresiones fue el reaccionario Plan Frontera Sur, creado en 2014 y con cuya implementación, se multiplicaron las redadas antimigrantes en el sur de México con la participación de los militares y de la Policía Federal. El objetivo del gobierno mexicano, hoy como ayer, es contener la migración hacia Estados Unidos, y con las distintas formas de hostigamiento, obligan a las personas migrantes a transitar por lugares más peligrosos, y arriesgarse a caer en manos del crimen organizado o en manos de agentes migratorios y militares.

Trascendió también que se llevaron a cabo al menos cinco reuniones entre el gobierno de López Obrador y funcionarios estadounidenses, sobre las cuales no se ha informado oficialmente, pero de acuerdo con el semanario Proceso, el presidente de México aceptó “la presencia temporal de un número limitado de migrantes”. Desde enero hasta la fecha según cifras oficiales el Instituto Nacional de Migración recibió en México a unas 1323 personas centroamericanas enviadas desde Estados Unidos.

La meta del gobierno estadounidense es avanzar hacia la transformación de México en un Tercer País Seguro (TPS), en el cual los agentes migratorios entrevistaran a los solicitantes de asilo en EE.UU. y quienes fueran aprobados podrían presentar la solicitud en las garitas estadounidenses para luego esperar la respuesta al sur del río Bravo, una espera que puede durar de seis meses a seis años. Y en caso de que la respuesta fuera negativa, las autoridades mexicanas ejecutarían las deportaciones.

No obstante, el plan de Trump sufrió un revés temporal. El lunes 8 de abril el juez Richard Seeborg, de la Corte Federal del Distrito Norte, en California, dictó un fallo en el que ordena al mandatario mantener en Estados Unidos a todos los migrantes cuyas peticiones de asilo estén en proceso ante una corte de inmigración.

Más allá de las medidas que se definen en suelo estadounidense, en México, al igual que con la aprobación de la Guardia Nacional –el mantenimiento de la militarización–, López Obrador está llevando a cabo medidas que Peña Nieto no pudo concretar o que, de hacerlo, hubieran generado un repudio masivo. El territorio mexicano es en los hechos un TPS, que además mantiene una política de hostigamiento contra los migrantes.

Los agentes migratorios del estado mexicano operan abiertamente para el imperialismo estadounidense de la manera más burda y ruin. En la frontera entre ambos países, según reportes, obstaculizan el ingreso a los puentes para que los centroamericanos no puedan llegar a las garitas estadounidenses. Detienen a migrantes y separan a niñas, niños y adolescentes de sus padres o sus acompañantes adultos, como lo hizo en 2018 el gobierno de Trump. Y en la frontera sur, como ya hemos planteado, juegan igual rol de contención contra los miles de migrantes que quieren cruzar México en su travesía al norte: el muro de Trump inicia en realidad en la frontera México-Guatemala.

El presidente estadounidense mantiene su discurso de criminalización de los migrantes. Recientemente amenazó al gobierno mexicano con el cierre de la frontera, pero le “otorgó” plazo de un año para contener el tráfico de drogas. Como si esta rama de la economía capitalista “ilegal” no ocurriera bajo las narices de las autoridades mexicanas y estadounidenses, las cuales están coludidas con los llamados carteles, a los más altos niveles del Estado. Como si el tráfico de drogas se diera sin el concurso del tráfico de armas, de personas y de órganos.

Por qué crece el flujo migratorio

La pobreza estructural en la que viven amplios sectores de la población de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países centroamericanos es uno de los principales factores. Como se explica en esta nota, “la ofensiva orquestada por el imperialismo y la burguesía nacional tuvo un gran avance con la aprobación de los TLC durante la década de 1990, especialmente con la última que fue firmada en 2004, la Ley de Libre Comercio entre la República Dominicana y América Central (CAFTA-DR). La crisis de este tratado, detonada por la crisis económica del 2008, afectó a cada país centroamericano de manera diferente. Y provocó la ruina de los diferentes sectores productivos orientados a la exportación, así como la mayor dependencia económica de las remesas que envían los migrantes desde EE.UU.”

Así que, por un lado, se perdieron miles de puestos de trabajo y por otro, con la llegada al poder de Donald Trump, sus amenazas y su discurso antimigrante, el envío de remesas se redujo drásticamente.

Asimismo, la violencia desatada por las fuerzas represivas y el crimen organizado de cada país –alentados por las políticas de saqueo y ajuste neoliberal ordenadas desde Washington– es otro factor que determina la continuidad del éxodo migratorio en Centroamérica. Una violencia que tiene dos objetivos claros: en primer lugar, desplazar a comunidades campesinas de sus territorios para desplegar megaproyectos, como hidroeléctricas, y al mismo tiempo busca mantener a raya la protesta social.

Pero hay un tercer factor: el ambiental. El cambio climático provoca sequías terribles, inundaciones y otras catástrofes que traen como consecuencia el desplazamiento obligado de la población rural, que ya no tiene forma de ganarse el sustento.

Además, en sociedades donde el empleo informal es muy alto, donde el desempleo creció desde la crisis del 2008 y donde la hiperexpltoación en las maquilas, prácticamente sin derechos laborales, crea las condiciones para que también sectores trabajadores busquen vender su fuerza de trabajo en un mercado con salarios más altos, como los Estados Unidos.

Apoyo obrero y popular a las y los migrantes

Las personas que migran son trabajadoras, trabajadores, campesinas y campesinos, pequeños comerciantes que lo han perdido todo. Dejan atrás su tierra en busca de una vida mejor, en muchos casos con sus niños. Muchos de ellos casi sin recursos. Enfrentan el hostigamiento de sus gobiernos y de las autoridades migratorias de cada país por el cual transitan, en especial en México y aun peor si llegan a atravesar el río Bravo. Trump y López Obrador, alineado con su política, buscan impedir su ingreso a territorio estadounidense. Bernie Sanders, el precandidato demócrata favorito para las elecciones estadounidenses de 2020, los secunda. Así empujan a las y los migrantes al peligro de caer en las garras del crimen organizado, como ya ha pasado muchas veces en México.

Las y los migrantes necesitan del apoyo de la clase trabajadora y el pueblo de Centroamérica, de México y de Estados Unidos. De las y los obreros de las maquilas de Matamoros y de la Universidad Autónoma Metropolitana que salieron a luchar por aumento salarial y derechos sindicales. De las enfermeras y los maestros que han salido a las calles en Estados Unidos a exigirle a Trump aumento de salario y de presupuesto para salud y educación. De las masas populares que luchan contra Daniel Ortega en Nicaragua y de la clase trabajadora costarricense con su gran capacidad de movilización.

Seamos miles en las calles, para movilizarnos por plenos derechos sociales y políticos para todos los migrantes, por el libre tránsito de personas en los países de la región. ¡Ningún ser humano es ilegal!

Es necesario la solidaridad efectiva más amplia con nuestros hermanos migrantes; los sindicatos y organizaciones populares y de izquierda de cada país de la región debemos ponernos al frente de eso. Hagamos acopios de víveres, ropa y materiales de primeros auxilios en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada colonia. Que se organicen albergues dignos en los sindicatos, las escuelas y los terrenos de vivienda, que controlan las organizaciones del movimiento urbano popular. Que en esos lugares se proteja a los migrantes de las deportaciones. ¡La clase obrera es una y sin fronteras!

Pongamos un alto a las amenazas de Trump y enfrentemos la política de López Obrador, quien está llevando adelante los dictados del gobierno estadounidense, así como de los gobiernos centroamericanos que son fieles a su amo imperialista.

Estamos hartos de los insultos trumpianos y de sus amenazas, de su muro y sus cárceles privadas. El discurso de derechos humanos de López Obrador muestra su hipocresía cuando encarcela migrantes y les impide el paso hacia Estados Unidos. Movilicémonos al grito de ¡Abajo el muro y todas las políticas antimigrantes de Trump! ¡Enfrentemos en México las deportaciones y la subordinación de López Obrador!

Contra la subordinación servil del gobierno mexicano a la ofensiva antimigratoria del imperialismo estadounidense, y los gobiernos centroamericanos que también ejecutan sus órdenes dentro de regímenes antidemocráticos y además son brutales contra la clase trabajadora, las mujeres y otros sectores populares, pongamos en pie un movimiento continental contra la injerencia imperialista en la región, por plenos derechos sociales y políticos para todos los migrantes y por el libre tránsito a través de los países de la región.