El juez federal Marcus Vinicius Reis Bastos acogió la denuncia presentada por la Fiscalía contra el exmandatario y otras cinco personas por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
La denuncia, del fiscal general Raquel Dodqe, se había presentado en diciembre, pero Temer todavía fungía como presidente y contaba con el fuero privilegiado que impide su juzgamiento. Pero tras dejar el cargo el pasado 1 de enero, todas las investigaciones contra el exmandatario fueron enviadas desde la Corte Suprema a la Justicia de primera instancia, en la que han comenzado a tramitar desde febrero pasado.
En la denuncia que fue aceptada este lunes, la Fiscalía considera que hay indicios de que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas del sector portuario a cambio de sobornos.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma de dicho decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos (Sao Paulo), un reducto que históricamente fue de influencia política de Temer.
Temer gobernó entre 2016 y 2018 tras encabezar el golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff e impuso un régimen golpista y antiobrero que, proscripción de Lula mediante, terminó allanando el camino al ultraderechista Jair Bolsonaro.
Hecho el trabajo sucio, las denuncias contra Temer se han multiplicado desde que le entregó la banda presidencial al actual presidente. En marzo llegó a ser detenido preventivamente durante cuatro días por sospechas de corrupción y acusado de ser el principal líder de una organización criminal que desvió cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos durante 40 años.
No obstante, el líder del partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) niega las acusaciones y en una entrevista publicada recientemente defendió su inocencia y afirmó que su detención tuvo como objetivo crear un "espectáculo". Implicado hasta el hueso en el sistema de corrupción brasileño, una vez fuera del poder Temer se transformó rápidamente en un instrumento del poder judicial que pretende mejorar su degradada imagen pública aparentando luchar contra la corrupción.
La muestra más patente de que la “justicia” es parte esencial del problema, la dio el famoso juez de la causa Lava Jato, Sergio Moro. Con el auspicio del imperialismo estadounidense condujo durante años la mega causa que sirvió de base para la destitución de Rousseff y la cárcel y proscripción política de Lula. Moro terminó como ministro de Justicia de Bolsonaro, ni bien éste asumió la presidencia, dejando claro que bajo el pretexto de combatir la corrupción, la Lava Jato tuvo el objetivo político de desalojar del poder al PT para imponer un gobierno abiertamente antipopular y proimperialista que redoblara los ataques contra el pueblo que ya venía aplicando el gobierno de Dilma.
Además de Temer, también serán enjuiciados el coronel retirado de la Policía y amigo del expresidente Joao Baptista Lima, el exasesor Rodrigo Rocha Loures y tres ejecutivos del grupo Rodrimar. | 
