El 23 de abril, ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, hijos de víctimas de la Triple A y la dictadura, realizaron una presentación para solicitar la apertura integral de los archivos de la última dictadura cívico militar y de los años previos.
Patricia Walsh, Mario Santucho, Alejandrina Barry, Andrea Robles y Gloria Pagés, realizaron la presentación conjunta patrocinados por la abogada Myriam Bregman.
Todos los gobiernos constitucionales se negaron a abrir los archivos que están en poder de distintos organismos del Estado. Incluso en los juicios de lesa humanidad, que han logrado condenas a los genocidas, en la mayoría de los casos la querella no pudo acceder aún a los archivos, en otros accedió, pero muy parcialmente.
Mario Santucho, hijo del dirigente del PRT, Roberto Santucho, habla sobre la importancia de este pedido, para acceder a la verdad. Sostiene que verdad y justicia van por carriles paralelos, “no es uno sin el otro”, afirma.
Junto a un grupo de familiares solicitan que les entreguen los archivos de estos hechos que están en poder del Estado, ¿por qué opinás, aun cuando se juzgó a partes de los responsables de la dictadura, nunca se abrieron los archivos?
Me parece que tiene que ver con el pacto de silencio entre los militares, que decidió dejar sumergida la verdad histórica. Ese “pacto de caballeros” persiste en la negativa a entregar archivos que son oficiales y deberían ser socializados.
En tu caso particular realizas el pedido de los archivos de tus padres Mario Roberto Santucho y Liliana Delfino. De ellos sabes cuándo lo secuestraron y desde dónde ¿supiste a dónde se los llevaron y dónde están hoy sus restos?
Con respecto a mi papá sabemos que fue baleado en el departamento de Villa Martelli donde lo atacó un grupo militar. Lo condujeron gravemente herido hacia Campo de Mayo, donde murió al poco tiempo. La única versión que tenemos es de un militar que se llama Víctor Ibáñez, que en ese momento estaba en el regimiento.
También hay un libro escrito por un periodista muy ligado a los servicio de inteligencia del Ejército, Eugenio Méndez, que tiene una foto de mi papá ya muerto en la tapa; se ve su cara muy herida. Esa foto es un testimonio de que no solo tienen documentación, sino que además cuentan con imágenes, pues documentaban rigurosamente el proceso.
Sobre mi mamá sabemos que fue secuestrada ese mismo día en Villa Martelli. Por testimonios de detenidos sobrevivientes de Campo de Mayo, supimos que estuvo viva hasta diciembre de ese año. Después no sabemos nada más. A una militante del PRT, Patricia Erb, que estuvo unos días en Campo de Mayo, le contaron que mi mamá estaba embarazada y que por eso era alojada en un pabellón junto con Ana María Lanzillotto, la compañera de Domingo Menna (Abuelas recuperó al hijo de ambos NdR ).
Ese pabellón estaba teóricamente reservado a las embarazadas. Patricia no las vio, porque la llevaban al baño con los ojos vendados; pero las tocó, las sintió, y le dijeron (no ellas sino otras presas) que mi mamá estaba embarazada. Nosotros no estamos muy seguros de esto, porque las fechas no coinciden con el tiempo de gestación que tendría. También hay versiones de militares que dicen que “la mujer de Santucho parió”. Son demasiado difusas para darlas por ciertas, pero el caso es que no sabemos cómo fue el final de mi mamá.
A través de testimonios y pruebas alcanzadas en las distintas causas judiciales, se ha conocido la existencia del “Museo de la Subversión” en Campo de Mayo donde fueron exhibidos elementos pertenecientes a tu padre y hasta se llegó a afirmar que el General Bussi exhibió su cuerpo luego de su muerte. ¿Te entregaron algo de lo que se encontraba en ese museo?
Lo que tenemos es el título de contador de mi padre que cayó en manos de los militares. Después hay versiones un poco locas, como que exhibieron el cuerpo embalsamado en Campo de Mayo, algo muy difícil de creer. Lo que sí se dice es que exponían la ropa de mi papá o algún arma. Son versiones, nada confirmado.
En relación a los archivos de tus padres y sus compañeros, el genocida Antonio Bussi declaró que “no existieron procedimientos ilegales, todo se escribía y se hacían tres copias, una quedaba en la unidad militar que intervenía en el operativo, otra iba al Cuerpo Militar del que dependía ésta y la tercera se remitió al Estado Mayor General”. Después de esta afirmación las autoridades judiciales intervinientes, ¿tomaron alguna resolución?
Nosotros iniciamos a fines de los 90, un pedido de lo que técnicamente se denomina “información sumaria”, que es un procedimiento civil donde se solicita información. Ese proceso se llevó adelante en el juzgado federal de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns que tuvo una actuación muy intensa en esta causa, muy comprometida. Ahí citaron a declarar a todos los jefes militares involucrados en Campo de Mayo. Declararon Videla, Rivero, Verplaetsen, Bussi. Y por supuesto no ofrecieron ningún dato relevante.
Solo este sargento que te comentaba, Ibáñez, aportó pistas, algunas muy imprecisas, que motivaron excavaciones sin resultados. Hay una larga entrevista a Ibáñez que fue publicada en forma de libro, que se titula Campo Santo, del periodista Fernando Almirón. La jueza Forns también libró oficios a todas las fuerzas de seguridad y a todas las instancias estatales, solicitando la información que hubiera sobre mi papá. Solo arribaron datos muy elementales y superficiales, nada relevante.
Por el crimen de tus padres ¿fueron juzgados los responsables?
La megacausa de Campo de Mayo tiene muchos tramos. Los jefes militares que estuvieron involucrados recibieron condenas por otros compañeros. Lo que se avanzó menos es en saber la verdad sobre qué pasó.
En relación a esto último que decís sobre la verdad que continúan ocultando. ¿Qué expectativas tenés en que entreguen los archivos?
Expectativas es difícil tener, porque una y otra vez hemos chocado con el pacto de silencio, que hasta el momento ha sido muy sólido. Históricamente hubo dos carriles paralelos, una es la justicia y otra es la verdad. Incluso existieron dos jurisprudencias ejemplares: por un lado la Argentina, que puso el énfasis en juzgar, relegando a un segundo plano la verdad. El caso opuesto es el sudafricano, que en base a una amnistía planteó como prioridad la verdad, a costa de renunciar a la justicia.
Ética y políticamente estoy de acuerdo con el proceso argentino, porque obviamente la justicia no se negocia. Pero el hecho de estar logrando justicia no implica que debamos renunciar a conocer la verdad. Nuestro planteo es que no se trata de una o la otra, tenemos que conseguir las dos; con el énfasis en la justicia, pero sin renunciar a la verdad. Por eso, más que una expectativa individual, hay un proceso de lucha que permanece abierto, vivo, y que aún tiene cuentas pendientes. El hecho que haya un blindaje sobre estos archivos históricos mantiene abierta las heridas que la imagen del desaparecido expresa cabalmente.
El Departamento de Inteligencia 601, dependiente del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, estuvo involucrado en la persecución de los militantes y dirigentes del PRT ¿qué opinas que algunos integrantes de esta organización, como Gerardo Martínez, dirigente de la Uocra, siga estando libre, más allá de que hay nuevas pruebas contra él, como la carta escrita por Roberto Gordillo que demuestra sus vínculos de la época del Batallón 601?
Hay muchos personajes que prestaron sus servicios, indirecta o lateralmente, en el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. No fue una iniciativa únicamente de los militares, sino que muchos ejecutantes pertenecieron a la sociedad civil: empresarios, funcionarios, jueces y fiscales, dirigentes sindicales, curas.
La condena social que hemos conseguido, incluso las condenas judiciales, no revierten la derrota histórica que sufrimos; por eso aún están vigente personajes como Gerardo Martínez.
También contaste en tu escrito, donde solicitan que te entreguen los archivos, que en la Dippba (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) existe un legajo donde hay colectada información de inteligencia sobre tu padre y su militancia ¿pudiste conocer el contenido de esta información?
Me lo entregaron. Contiene información personal, sobre todo informes de antes del 73, cuando formaba parte del movimiento estudiantil en Tucumán, porque él estudia en la Facultad de Economía y se recibe de contador público. Desde ese lugar colabora activamente en el movimiento obrero azucarero, que era muy combativo.
Los informes también refieren a la época en que fundan el FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano Popular), que recuperaba la tradición indigenista en diálogo con el marxismo más en boga durante ese tiempo. Y llega hasta los primeros años del PRT, época en que mi papá cae preso cuatro o cinco veces. Los legajos incluyen reportes de esas detenciones. También de las fugas que protagoniza. Pero luego de su pase a la clandestinidad ya casi no hay información.
En la información que poseía la policía, no hay nada del Batallón 601 o de lo que nos ocupa ahora, que es lo sucedido durante la última dictadura militar.
En el momento de la desaparición de tus padres, cuando aún eras un bebé, familiares tuyos te sacaron del país. ¿Por qué solicitas que te hagan entrega de los archivos que existan desde tu nacimiento al día de hoy?
Se trata de algo más bien lateral, en este caso. Pero la intención es dejar claro que no nos interesa solo el pasado, porque estas prácticas son costumbres arraigadas en el Estado Argentino, que hace espionaje sobre los ciudadanos hasta el día de hoy.
Así como hacemos un pedido por los archivos de inteligencia de aquella época, vale la pena exigir que entreguen toda la información que tiene el Estado sobre mí o cualquier otra persona. Más allá de la condición de hijo de desaparecido, y sin caer en el lugar de víctima, creo que cualquier ciudadano tiene el derecho y la posibilidad de exigirle al Estado que no lo espíe. O de saber cuál es la información que posee sobre cada uno de nosotros. Son prerrogativas democráticas mínimas, que hoy no se garantizan.
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