La semana pasada, Sebastián Dávalos (hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, imputado caso Caval) anunció que entregará “todos los antecedentes que tiene” contra Emiliano Arias Fiscal Regional de O’Higgins, quien está acusado de tráfico de influencias por Sergio Moya, Fiscal Jefe de Rancagua, ex amigos y hoy en conflicto ambos fiscales.
No olvidemos que Dávalos también es un imputado en el caso Caval, luego de que el Banco de Chile le hizo un préstamo de US$10 millones, el cual ocupó para comprar un terreno en Machalí, cuyo suelo era de uso agrícola y en el cual el hijo de Bachelet habría ejercido tráfico de influencias para hacer un cambio en el uso del suelo de agrícola a urbano, lo que elevaría su plusvalía, beneficiando así a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, de propiedad de su esposa, Natalia Compagnon. De todos modos, el cambio de uso de suelo, que se daba por hecho en la Municipalidad, no se produjo antes de la venta de los terrenos en abril del 2015.
Con estos antecedentes en mano del hijo de la expresidenta, no cabe duda que lo que intenta hacer es desmarcarse de sus acusaciones, tratando de hundir a demás fiscales de la región de O’higgins, divulgando información, la cual dice es fundamental para dar cuenta que Arias le daba un trato preferencial a Luis Hermosilla (abogado). Sebastián Dávalos dice que este conflicto entre Moya y Arias es una “pelea de fiscales que les gusta la cámara”, pero ¿qué hay detrás de este conflicto entre políticos y fiscales corruptos?.
Lo que encontramos, es que siendo uno de los muchos casos de corrupción de los últimos años, que están avaluados en millones de pesos en Chile, solo se castiga a una clase social, la más precarizada. Por el contrario, el sector de políticos y empresarios, dueños del mar y de empresas millonarias, como Andronico Luksic, controlan y precarizan la vida de miles de trabajadoras/trabajadores, jóvenes y niños, mientras ellos gozan sus lujos e impunidad, haciéndose cada vez más ricos y empobreciendo a la mayoría de las personas.
Basta de impunidad y leyes y reformas para los empresarios, a organizarse y movilizarse para acabar con este modelo de vida explotador e injusto. |
