Un resumen de la política oficial hacia los bosques nativos evidencia 20 años de gobierno para los dueños de la provincia. La destrucción del monte al servicio de grandes productores agropecuarios, mineras y proyectos inmobiliarios.
Hace menos de un año, el centro de la ciudad de Córdoba era testigo de marchas masivas denunciando Corrupción – Ecocidio – Schiaretti. La lucha contra la instalación de una autovía de montaña en el valle de Punilla fue, quizá, la última demostración del hartazgo de la población cordobesa con un ambiente cada vez más degradado; con decisiones sin participación ciudadana; con proyectos y reglamentaciones que favorecen a los grandes productores agropecuarios, a los empresarios y a los especuladores inmobiliarios. La campaña electoral de Hacemos por Córdoba subraya una larga lista de obras de infraestructura, puentes y edificios. Irónicamente, la vista a vuelo de dron del nuevo puente sobre el lago San Roque (la joya de la campaña), no hace más que resaltar el verde brillante de las aguas contaminadas del lago de donde se abastece de agua potable gran parte de la ciudad de Córdoba. Esta es sólo una de las historias que Córdoba tiene para contar. Aquí trataremos de resumir 20 años de desmontes en la provincia.
Cuando aquí había bosques
Parece extraño, pero hace 100 años diferentes tipos de bosques cubrían la mayor parte del territorio provincial. Incluso las llanuras, donde ahora sólo parece crecer soja, maíz y malezas resistentes a los herbicidas. Pero vamos a la historia reciente. Los dos primeros gobiernos de José Manuel De la Sota mostraron una tasa de deforestación entre dos y tres veces superior a la del país, un récord histórico. Entre 1998 y 2002 la tasa de pérdida de bosques fue de -2,93% por año, mientras que en el período 2002-2006 fue de -2,56%. Comparativamente, fue una una de las más altas del mundo.
Para dimensionar el número, sólo en 2004 se perdieron 22.476 hectáreas. Es decir, cada dos días desaparecía una superficie de bosque del tamaño de la Ciudad Universitaria.
El 25 de marzo de 1996, Felipe Solá, secretario de agricultura del gobierno de Carlos Menem, autorizaba el cultivo de soja resistente al glifosato de la compañía Monsanto, basándose en estudios aportados por la misma compañía (hoy condenada judicialmente en EEUU por ocultar información sobre el potencial cancerígeno de su herbicida estrella). Para el año 1999, el área sembrada con soja en Córdoba ya era de 2.564.600 hectáreas, según datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Para 2007, se había incrementado a 4.477.882 hectáreas. La revolución productiva se había llevado la mayor parte de los relictos del bosque chaqueño de las llanuras del noreste provincial, avanzando también sobre zonas tradicionalmente ganaderas. Los grandes ganaderos, por su parte, iniciarían la “conquista del noroeste”, con consecuencias que se extienden hasta hoy.
El año 2007 fue otro récord: se desmontaron 20.222 hectáreas. Fue además el año de la sanción de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. ¿Fue apuro antes de que desmontar se volviera ilegal?
Ordenar los bosques, con el orden de un cementerio
Ya sancionada la ley nacional de protección de los bosques nativos, una nueva oportunidad se abría para los bosques de la provincia, aunque la amenaza de que el ordenamiento territorial de los bosques sirviera de blanqueo para los desmontes seguía latente. La participación ciudadana y la labor de algunos técnicos logró que se otorgara la máxima categoría de protección (roja) a la mayor parte de los bosques nativos cordobeses en la ley provincial 9.814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Pero la ley 9.814 era “excesivamente roja” para los poderes económicos de la provincia. El oficialismo provincial, conducido en ese momento por Juan Schiaretti, encontró una solución: horas antes de la sesión en la legislatura introdujo cambios en el texto que permitían actividades económicas incompatibles con la conservación y, eventualmente, el cambio del uso del suelo en las zonas de máxima importancia. En definitiva, alteraba la misma definición de “zonas rojas”.
El desacople entre la ley provincial y la nacional perduró hasta 2011, durante el tercer gobierno de José Manuel De la Sota. Las amenazas de una interminable disputa judicial, y la necesidad de acceder a los fondos previstos en la legislación nacional llevaron a una modificación introducida por decreto. Pero los intentos de avanzar, legal o ilegalmente, sobre los bosque nativos continuarían.
El año 2015 marcó un hito en la conciencia de muchos habitantes de la provincia, sobre las consecuencias del desmanejo ambiental. Años de desmonte, de dejar la planificación urbana en manos de la especulación inmobiliaria, de carecer del más mínimo plan de contingencia, acabaron con muertos y viviendas destruidas luego de las inundaciones en Sierras Chicas. A los pocos días, en la sesión de la legislatura, el oficialismo se negaría a debatir una ley de Emergencia Ambiental, propuesta del Frente de Izquierda que, entre otras medidas, suspendía por 24 meses todos los megaemprendimientos inmobiliarios. Frente a quienes presentaban el desastre como un simple fenómeno natural, fue la legisladora Laura Vilches fue quien mejor definió estas inundaciones: “un verdadero crimen social, y no un tsunami como declaró el gobernador De la Sota, eludiendo toda responsabilidad ante la tragedia”.
Izquierda, mapa ordenamiento de los bosques nativos de Córdoba según el Ministerio de Ambiente de la Nación. Derecha, mapa de diciembre de 2016.
El último gobierno de Juan Schiaretti, iniciado en diciembre de 2015, continuaría la saga de destruir el ambiente para beneficio de pocos con un nuevo intento de avance sobre los bosques nativos, que para aquel momento ya ocupaban una porción mínima de la superficie provincial. Según la legislación nacional, los mapas de ordenamiento de los bosques nativos realizados por los estados provinciales deben actualizarse cada cinco años. Vencido ese plazo, en 2016 el lobby de los grandes ganaderos y los especuladores inmobiliarios encontró una nueva manera de avanzar contra el bien común. La reforma propuesta por el oficialismo de Unión por Córdoba implicaba borrar de un plumazo la mitad de las áreas rojas y destruir casi la totalidad de las zonas boscosas de llanura (que son las de mayor interés para extender la frontera agropecuaria). La audiencia pública por esta modificación se convocó, de forma insólita y de apuro, a 170 km de la capital provincial en la localidad de Villa de María del Río Seco. De manera increíble, las patronales del campo como CARTEZ y la Sociedad Rural sostenían (y sostienen hasta ahora) que la ley debía modificarse porque la eliminación de los arbustos y árboles jóvenes, y su reemplazo por pasturas exóticas para el ganado es una mejora que asegura la conservación de los bosques.
La oposición a la reforma de la ley 9.814 movilizó a toda la sociedad cordobesa, a sus artistas y a su comunidad científica. Cuatro marchas masivas y coloridas se realizaron en 2016 y 2017, torciendo el brazo al gobierno. La ley 9.814 nunca fue reformada, pero las parte de las promesas del gobierno a los grandes productores rurales se consumaron con la ley agroforestal, aprobada por todos los bloques de la legislatura cordobesa, algunos esgrimiendo la excusa de que era “una ley perfectible”. La única oposición real a la aprobación de esta ley provino del Frente de Izquierda.
De autovías e ilegalidades
Un proyecto de autovía de montaña en el Valle de Punilla fue el último motivo de masivas movilizaciones populares. El proyecto, realizado sin participación ciudadana, afectaba zonas de bosque nativo en el 76% de su traza, atravesaba un yacimiento de uranio y tenía un costo por kilómetro ocho veces mayor al de obras similares. Fue finalmente “congelado” sin fecha por el ejecutivo provincial. No hubo congelamiento, sin embargo para la especulación inmobiliaria. Múltiples loteos avanzan sobre remanentes de bosque en la zona de las sierras. La Deseada en la Calera, elTerrón de Mendiolaza (localidad que tiene la mitad de su área urbana ocupada por barrios privados), Ticupil en Candonga, el Montecito en Unquillo, el loteo de Yacanto, sólo por nombrar algunas de ellas.
Avance de barrios privados en los alrededores de La Calera
Si en esta cronología nos hemos centrado en los avances “legales” contra los ambientes naturales de la provincia, no podemos olvidar los innumerables casos de ilegalidad, aparados por los el mismo gobierno que mira hacia otro lado y desmantela los organismos de control. Contamos con un ex-secretario de ambiente (y actual legislador, Germán Pratto) denunciado por autorizar desmontes ilegales. Otro legislador, Isaac López, denunciado por realizar estos desmontes. De manera alarmante, cada vez se denuncian más casos de desmonte químico. Nadie conoce además el destino de las multas por desmontar ¿algún empresario las paga?
¿Quién se beneficia?
Cuando los bosques nativos desaparecen, existen aquellos que ven florecer sus negocios: producir ganado o monocultivos, explotar minas a cielo abierto, comprar terrenos baratos con buena vista a las sierras y venderlos caros. Si sus negocios se “apartan” de la legalidad, ¿cuentan con la complicidad de los entes reguladores y la justicia? ¿Qué presupuesto destina la provincia al control de los desmontes ilegales? ¿De qué monto son las multas que impone? La ganancia por destruir los bosques claramente sobrepasa estas posibles contingencias.
Pero los bosques nativos de Córdoba participan y regulan múltiples procesos. Actúan como esponjas reteniendo el agua durante las lluvias, y la liberan gradualmente durante la temporada seca. Albergan la mayor parte de la biodiversidad, incluyendo los insectos que polinizan los cultivos. Sustentan a cientos de pequeños productores rurales y comunidades campesinas. Cuando desaparecen, es la calidad de vida, y en ocasiones la vida misma de la inmensa mayoría de la población la que es amenazada.
Las próximas elecciones se encaminan hacia el triunfo del oficialismo, y todo indica, a la continuación de sus políticas que además del desmanejo ambiental, profundizan la precarización laboral y la pobreza. Limitarse a “incidir en las políticas públicas” es solo la opción de resignarse al mal menor, a pagar los platos rotos de una crisis económica y ambiental que no generamos. Desde esta perspectiva, el Frente de Izquierda se consolida como la única oposición real, que siempre estuvo presente en la luchas ambientales en las calles y acompañando desde sus bancas en la legislatura. Que impulsa candidaturas obreras y de la juventud para terminar con una política para los ricos que destruye nuestro ambiente.
