Desde hace dos años, la violencia generalizada en el país alcanzó a la Universidad Nacional Autónoma de México, primero con el feminicidio de Lesvy Osorio Berlín, después con los extraños asesinatos de dos estudiantes en el área central del Campus universitario y siguió con el feminicidio de dos estudiantes de CCH Oriente en los últimos 7 meses.
La seguridad de los y las estudiantes, trabajadoras y académicas no está garantizada ni fuera ni dentro de los planteles. Tras 12 años de “guerra contra el narco”, con la continuidad garantizada de la militarización del país luego de la aprobación de la Guardia Nacional y su entrada en acción desde hace un par de semanas, el panorama no pinta mucho mejor.
Dentro de la UNAM, en nombre de “mayor seguridad”, se han enrejado las que antes eran áreas verdes abiertas, se ha reforzado el control con un nuevo aparato de seguridad que se encarga de hostigar y perseguir estudiantes por su apariencia, y que fue cómplice por inacción el 3 de septiembre de 2018 cuando cientos de estudiantes de bachillerato sufrieron un ataque porril frente a la Rectoría.
Dentro de los bachilleratos es peor: un férreo control por credencialización, acoso y hostigamiento a activistas, cargas académicas excesivas en los planteles que han tenido paros y un claro reactivamiento de los grupos porriles y de choque.
Es claro que a las autoridades universitarias no les interesa en nada la seguridad y que lo único que han fortalecido es su aparato de represión y espionaje, pues sus medidas no sólo no han servido, sino que como su fin nunca fue nuestra seguridad, lo único que han hecho es arrebatarnos el libre tránsito al interior de nuestros planteles.
Esto nos ha llevado a desconfiar de las autoridades universitarias, a dejar de creer en sus comunicados “enérgicos” y sobre todo a cuestionar el papel que juegan entorpeciendo y manipulando pruebas que podrían ayudar a resolver los casos de asesinatos y feminicidios dentro de la Universidad.
Lo anterior hay que trasladarlo a las instituciones estatales y sus representantes que supuestamente se encargan de impartir justicia, pues frente a nuestro llamado a combatir la violencia han decidido colocar mayor presencia policial afuera de nuestros planteles, la misma que ha levantado jóvenes, los ha golpeado, los ha detenido de manera injustificada y que se sabe está ligada a los cárteles de la droga de la CDMX.
Junto a eso, en la periferia de la ciudad han anunciado que se desplegarán cientos de elementos de la Guardia Nacional, exactamente la misma estrategia que en los peores años de la “Guerra contra el Narco”, y que es también donde se encuentran los planteles con más problemas de seguridad.
Sin embargo, como ya se demostró, con la presencia policiaca y militar (ahora disfrazada de Guardia Nacional) los feminicidios crecen exponencialmente, los asesinatos de igual manera, mientras somos los jóvenes, mujeres y trabajadores quienes sufrimos las consecuencias.
Por eso dentro de nuestros planteles tenemos que poder crear un clima distinto, construyendo espacios sociales, políticos y culturales, que permitan que la comunidad nos reapropiemos de nuestros espacios, siendo quienes garanticemos la seguridad de todos y todas.
Tenemos que exigir un transporte seguro, gratuito y que esté a cargo de la comunidad, con conductores calificados y contratados con todas las prestaciones laborales dentro de la universidad, que nos traslade de los planteles a las estaciones de metro más cercanas y que cubra las rutas más concurridas.
Es desde este análisis que se muestra la necesidad de que la comunidad universitaria dejemos de tener esperanzas de cambio tanto en las autoridades universitarias como en las instituciones estatales, que permiten y perpetúan la violencia estructural que sufrimos día a día.
Es casi una necesidad imperiosa que las y los estudiantes vuelquen sus fuerzas a exigir que una comisión independiente del Estado y la universidad, conformada por expertas, psicólogas, familiares de víctimas y organismo independientes de derechos humanos, busquen esclarecer la verdad sobre las decenas de casos de feminicidio y asesinato al interior de la UNAM. Que tanto la Procuraduría y la UNAM pongan a su disposición todas las pruebas fílmicas, de audio y recursos para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible.
Sin embargo, ese esfuerzo tiene que ir ligado a que los y las estudiantes, de la mano de nuestros profesores y los trabajadores de la UNAM, pongamos en pie un potente movimiento que luche por acabar con la militarización del país y nuestras escuelas, así como un potente movimiento de mujeres, que no deposite sus esfuerzos por conseguir justicia en los ministerios públicos ni en las procuradurías especiales que hasta el día de hoy se han demostrado impotentes contra los feminicidios, que llegan a 9 al día en este país.
Tenemos que ser miles contra los feminicidios y la militarización, que en las calles y llamando a otros sectores le pongamos fin a la inseguridad, no sólo de nuestros planteles, sino del país, pues si la universidad es la caja de resonancia de las contradicciones sociales, nosotros tenemos que ser los altavoces que encabecen una lucha que garantice nuestro mínimo y elemental derecho a vivir. | 
