Las claves del conflicto
El conflicto se encuentra entre el gobierno “progresista” del PS- apoyado por el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista y Los Verdes- y los profesores que llevan más de tres años reivindicando la recuperando completa de todo lo perdido durante la crisis. Unas protestas que desde hace más de un año se incrementaron y que han culminado en una gran manifestación el pasado 23 de marzo que reunió a decenas de miles de profesores en Lisboa.
La crisis planteada por el gobierno estalló cuando António Costa anunció que dimitiría del Gobierno si el próximo día 15 el Parlamento aprobaba devolver a los profesores los retrasos acumulados durante casi diez años de salarios congelados. Este acuerdo fue aprobado el pasado jueves en la comisión de Educación del parlamento por todos los votado por mayoría en una Comisión del Parlamento —incluidos los socios del Gobierno—, excepto el PS. Los salarios de los profesores portugueses han estado congelados durante un total de 9 años, 4 meses y 2 días.
Para Costa la posición de recuperar los 10 años de salarios perdidos es “intransigencia sindical”. Según el gobierno esta ley desestabilizaría al país luso, ya que costaría 635 millones.
Para Arménio Carlos, secretario general de la CGTP y principal sindicato del país, “ya no es justificación que no haya dinero. El mismo Gobierno que dice no tener dinero acaba de dar mil millones a un banco privado, el Novo Banco”, ha dicho, en referencia al rescate de 1.150 millones de euros este año, ampliables en mil más en los dos próximos, de la citada entidad bancaria. Los sindicatos UGT y de la Magistratura también han reivindicado la aplicación de lo aprobado en el Parlamento al resto de empleados de la Administración.
Los salarios no se recuperan, la deuda si
Hasta ahora el objetivo del gobierno “progresista” del PS, sostenido por la izquierda reformista, ha sido el cumplimiento con intransigencia de los planes de pago de la deuda (124,6 % del PIB nacional), así como el salvataje destacado a los amigos de la banca y la gran patronal. El FMI prestó en 2011 unos 26.300 millones a Portugal como parte de su rescate, en el que la Unión Europea (UE) aportó otros 52.000 millones.
Mientras para el gobierno 650 millones para pagar salarios recortados es “desestabilizar” el país, no lo es si hay que pagar 1000 millones a rescatar a Novo Banco (antiguo Banco Espírito Santo) que vendió al fondo estadounidense Lone Star. No lo es tampoco la intervención a Banif y su posterior venta al banco español Santander, y la recapitalización de la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), que rondó los 5.000 millones de euros.
El gobierno “progresista”, muy reivindicado por fuerzas políticas como Unidas Podemos como “ejemplo” de gobierno de cambio, es una muestra de la adaptación de la izquierda reformista. El aumento de las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras “para recuperar lo perdido” son el verdadero ejemplo a seguir.
| 
