Producto de la precarización laboral en el Municipio de Antofagasta, gran parte de sus trabajadores son tercerizados y trabajan bajo la modalidad a honorarios, es decir por boleta, sin contrato. Es precisamente el Sindicato de Trabajadores a Honorarios quien se encuentra denunciando públicamente la situación que aqueja a las cuatro trabajadoras. Para ello, llevan adelante la campaña #NoALaMaternidadCastigada, que ya cuenta con apoyo de diferentes sectores y personalidades a nivel nacional.
En este sentido podemos ver como la precarización laboral se triplica en el caso de las trabajadoras afectadas: sin contrato, en pésimas condiciones laborales y sin una mínima cobertura de salud. Es por ello que la lucha que llevan adelante Claudia, Ainara, Mariana y Damaris es un ejemplo tanto para las 90 trabajadoras que están a la espera de una respuesta por esta situación en IMA, como para el conjunto de las madres trabajadoras a nivel nacional, que cada día vemos como, a pesar de tener ciertos derechos maternales mínimos, éstos son mermados por la incesante avaricia empresarial. Esta línea se vive desde el mismo gobierno, que hace unos días arrebató el derecho a transporte para las horas de amamantamiento por considerarlo “enriquecimiento ilícito”. Todo un acto de hipocresía por parte de quienes se llenan los bolsillos a costillas nuestras y gracias a la corrupción de los empresarios que financian sus partidos.
Tal es el caso que implica el uso febido de dineros de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), mayor sostenedor educacional de Chile, dependiente del municipio, que somete a sus trabajadoras (profesoras, codocentes, asistentes de aula, etc) a un sinfín de cuestionamientos a la hora de ser madres. Desde el pago de las licencias médicas, amenazas de descuento, el tiempo del fuero maternal, el poder acomodar las horas de amamantamiento, y los miles de obstáculos que nos ponen para darnos el beneficio de una sala cuna que al menos sea cercana al lugar de trabajo, todas estas son situaciones que se han convertido en un dolor de cabeza para todas aquellas que hemos sido madres como trabajadoras de la educación pública en el municipio. Es por ello que es de suma importancia la solidaridad con estas cuatro jóvenes madres trabajadoras, que se encuentran en situaciones laborales aún más precarias que nosotras.
Es desde allí que cuestionamos entonces el falso “feminismo” de las mujeres que representan a la clase empresarial, como Karen Rojo, Isabel Plá o Cecilia Morel. Cada una de ellas, alineadas con el gobierno y sus empresarios, se opusieron públicamente a la huelga del #8M, llamando a boicotear el paro, y luego, tras la histórica movilización a nivel internacional, salieron a saludar al movimiento de mujeres por redes sociales, como Karen Rojo que lo hizo vía Twitter. Pese a ello, CMDS persiste en sus intentos por descontar el paro del 8 de marzo a los docentes.
Quienes militamos en Pan y Rosas denunciamos inmediatamente este doble discurso de la derecha, porque no se puede confiar en el “feminismo” Karen Rojo, ya que a pesar de ser mujer, o hacer guiños a la diversidad sexual (como el paso de cebra de colores afuera del municipio), sigue sustentando los intereses empresariales y la corrupción con fondos públicos al interior de su administración, situación que repercute en la precarizar aún más las condiciones de trabajo de miles, y en incluso arrebatar derechos a las madres trabajadoras.
Finalmente, podemos decir que la magnitud de esta situación –que en definitiva vivimos miles de mujeres- hace necesario que la lucha que están dando las cuatro trabajadoras del IMA sea no sólo conocida por todos –a través de videos y materiales de difusión-, sino que sea una lucha que se dé en coordinación viva con distintos sectores y organizaciones sindicales, hermanando las luchas de las mujeres trabajadoras; como la pelea que dieron a CMDS las asistentes de aula en su negociación el año pasado, o la lucha por la reincorporación a su lugar de trabajo de la profesora Daniela Avilés, trabajadora a plazo fijo, despedida por práctica antisindical por parte de la administración de Karen Rojo.
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