En una entrevista radial con Luis Novaresio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, adelantó que las autoridades diseñan un "nuevo protocolo para minimizar los perjuicios" que estas acciones ocasionan a la población.
A su vez aseguró que "estamos haciendo un nuevo protocolo para que no se produzcan estas acciones que perjudican a la gente y habrá una persecución penal a los que realicen estas llamadas, ya que son un delito que trae perjuicio al país y a la gente". Y agregó que: "no existe un patrón de alguien en particular en contra del Gobierno, lo que hay es un efecto repetición, no un hilo conductor".
Además dijo que estas acciones generan "un clima de incertidumbre", por lo que van a "estudiar nuevas medidas para tener mayor rapidez para actuar. No sé si las vamos a dar a conocer, pero están vinculadas sobre todo a los casos de amenazas de bomba", dijo respecto a las acciones que tomarán para actuar con "mayor rapidez".
Estas declaraciones se dan un día después de que un militante del PRO de General Pinto intentó ingresar a la Casa Rosada armado y fue detenido. A este hecho se sumaron amenazas de bomba en las estaciones de Retiro y Constitución.
Bullrich, experta en PROtocolos
“La ventaja la tienen que tener siempre las fuerzas de seguridad”, decía sin empacho la ministra a fines de 2018 cuando intentaba defender su protocolo sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales que no era otra cosa que la legalización del gatillo fácil.
“El protocolo establece que es lícito usar el arma de fuego cuando alguien está atacando, agrediendo a un policía y a la vez intentando evadirse. A su vez en ese momento afirmó estar en contra de que “los policías terminen presos por el uso de armas”, decía. Intentando, en vano por supuesto, endulzar el protocolo.
El nuevo protocolo anunciado para las "amenazas de bomba" será una herramienta más para fortalecer el poder represivo del Estado.
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