El Programa Incluir Salud (nacional, pero administrado por cada provincia) está destinado a personas con pensiones no contributivas (discapacidad, madres con más de siete hijos, ancianos no jubilados, veteranos de guerra). Ahora el Gobierno pretende recortarlo.
Los reclamos son por el aumento de aranceles de emergencia, el rechazo a la provincialización del transporte para los beneficiarios del Programa Nacional Incluir Salud (con el que tienen una deuda desde el 2017 hasta la fecha) y en protesta al recorte en pensiones por discapacidad.
Nuevamente el gobierno ataca al sector más vulnerable de la sociedad en su afán de cumplir con sus compromisos con el F.M.I. Hoy miles de personas sufren este descarado atropello a la ley 24.901 vigente desde el año 1997 que ampara un sistema de prestaciones básicas integral a favor de las personas con discapacidad.
Como ya anunciábamos en LID el mes pasado, “el objetivo de la política gubernamental es recortar un 10% de las pensiones no contributivas, que en total son $1.056.504 y que equivalen al 80% de la jubilación mínima de apenas $10.000. Es decir, que el gobierno quiere ahorrarse el pago de mas de $845 millones para cumplir con sus compromisos con el FMI (acuerdo que el peronismo no cuestiona y que sólo rechaza la izquierda). Entre 2019 y 2026 se pagarán U$S 226 mil millones en deuda pública, lo que equivale a mas de la mitad de lo q produjo la economía en promedio los últimos años. Y por supuesto, este compromiso es a costa del deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, que además son los que vienen sufriendo el ajuste y padecen sus fatales consecuencias” | 
