Ayer por la tarde, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos que habilita el aporte privado de empresas. La norma, aprobada con 148 votos a favor y 69 en contra, en realidad blanquea algo que ya sucede. La iniciativa fue impulsada por Cambiemos pero contó el aval de distintas alas del peronismo, entre ellas la de los diputados tucumanos que responden a Juan Manzur.
Pablo Yedlin, José Orellana y Gladys Medina son parte de la campaña electoral de Manzur, en donde se muestran opositores al macrismo. Pero otra vez han coincidido en la votación con los macristas José Cano y Facundo Garretón. Nuevamente, como pasó con leyes claves del ajuste como la reforma jubilatoria, sin el voto del peronismo esta ley no se aprobaba.
Seguramente esta coincidencia esté motivada porque en Tucumán, tanto como macristas como peronistas asientan sus partidos en una estrecha vinculación entre la política y los empresarios. Hay sobrados ejemplos de políticos que con los años se volvieron empresarios o de empresarios que dieron el salto a la política. El resultado es que los gobiernos y la Legislatura elaboran medidas y leyes para favorecer a ese sector.
La otra coincidencia entre Cambiemos y el PJ en esta ley es la reducción a la mitad del tiempo total de programación audiovisual con fines electorales otorgada por el Estado. Este cambio va contra las fuerzas políticas de menores recursos como el Frente de Izquierda.
En Tucumán, peronistas y macristas hacen uso y abuso del sistema de los acoples, en el marco de un régimen electoral que no contemplan los espacios publicitarios a cargo del Estado. Por eso en los medios de comunicación se repiten una y otra vez los candidatos que logran reunir millones para su campaña. Aquí son los macristas los que se pintan de opositores pero en los hechos también recurren al fraude de los acoples, buscando que el Frente de Izquierda no ingrese a la Legislatura. | 
