El juez Alberto Baños, titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 27 de la Ciudad de Buenos Aires, sobreseyó este jueves a los empresarios Daniel Fischberg y Jaime Geiler, dueños de las marcas de ropa JD, Wol y Loderville para las que trabajaba el taller textil de la calle Luis Viale 1269, del barrio porteño de Caballito, incendiado el 30 de marzo de 2006 y cuyo saldo fue la muerte de seis personas.
Según el fallo del juez Baños, avalado por la fiscal Betina Vota, “no se pudo probar” que Fischberg y Geiler estuvieran en conocimiento de la situación del taller, echando por tierra la acumulación de pruebas y testimonios aportados por varios testigos.
En junio de 2016 el Tribunal Oral Criminal 5 ya había condenado a Luis Sillerico Condorí y Juan Manuel Correa, los encargados del taller, a trece años de prisión por “reducción a la servidumbre”. A su vez se había ordenado que se haga una investigación sobre los dueños de las marcas para las que el taller producía en forma exclusiva.
Como denuncian familiares de las víctimas y organizaciones que llevan trece años reclamando justicia, la vinculación de Fischberg y Geiler con el taller “era tan indiscutible que eran incluso dueños del inmueble incendiado”. Es más, el propio Fischberg era asiduo “visitante” del taller, según varios testimonios.
En la planta alta del edificio de Luis Viale 1269 vivían en condiciones infrahumanas y de esclavitud más de 60 costureras y costureros que trabajaban en un taller de la planta baja (donde 30 máquinas funcionaban en un espacio habilitado para solo cinco). Junto a los mayores vivían más de veinte niños y niñas. En el taller había un solo baño y no tenían agua caliente.
El 30 de marzo de 2006, en la planta alta, se desató un incendio que consumió parte del edificio y provocó la muerte de Juana Vilca (25 años), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).
Tal como lo definieron desde la Campaña por Justicia por las víctimas del incendio de Luis Viale, el reciente fallo del juez Baños no hace otra cosa que legalizar “que las grandes empresas reduzcan a la servidumbre a trabajadores tercerizados”. Y agregan que el magistrado (y la fiscal) terminan culpando “por la explotación a los talleristas bolivianos, tomando a estas prácticas laborales como un problema a resolver en el marco de las colectividades migrantes, y no como un mecanismo de reducción de costos” empresariales. “Se trata de un incentivo monumental a la reproducción de estas prácticas”, afirman.
Los abogados que patrocinan a las familias de las víctimas apelarán el fallo del juez Baños y buscarán por todos los medios que los empresarios textiles dueños de las marcas JD, Wol y Loderville paguen por el crimen del que fueron responsables directos. | 
