La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Carlos Urzúa, ordenó el congelamiento de 794 millones 337 mil 423 pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad.
Según un reportaje publicado por Milenio, la orden del “congelamiento obligatorio” del presupuesto ya afecta las operaciones de los centros de Transfusión Sanguínea y de Trasplantes, del Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas y de los Servicios de Atención Psiquiátrica, de nueve hospitales de alta especialidad y de 13 institutos nacionales.
El ramo 12 del presupuesto federal contempla una partida para las instituciones mencionadas arriba de 25 mil 780 millones 755 mil 560 pesos, de los cuales 17 mil 945 millones 941 mil 123 pesos estaban asignados para el pago de servicios personales, 6 mil 383 millones 556 mil 313 pesos a gastos de operatividad y mil 451 millones 258 mil 124 pesos repartidos entre programas de prevención de embarazo, cáncer y control de obesidad, entre otros.
A partir de la puesta en marcha de las medidas de “austeridad para combatir la corrupción”, Hacienda emitió un memorando: el 3 de mayo, con el que paró 339 millones 516 mil 710 pesos, y otro del 15 de mayo, en el que informa otro congelamiento por 454 millones 820 mil 713 pesos. El total suma 794 millones 337 mil 423 pesos.
A su vez, en estos comunicados Hacienda apuntó que “no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades y en la función de representante de todas las instituciones del gobierno federal, para lo cual se apoyará en el personal operativo de base”.
Las diputadas Frida Esparza Márquez (Partido de la Revolución Democrática) y Ana Paola López Birlain (Partido Acción Nacional), y Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sostienen que el sistema de salud está en colapso con el despido, hasta ahora, de 50% de los 47 mil 724 trabajadores de confianza.
Más allá de las reservas que se tengan respecto a estos partidos y la dirección sindical, es innegable que antes de estos recortes ya el sistema de salud pública estaba en crisis. La decisión de López Obrador agravará y puede llevar al colapso los servicios de salud y se da a conocer justo después del escándalo protagonizado por Carlos Lomelí, el superdelegado de Jalisco y empresario farmaceútico beneficiado con contratos millonarios por ventas de medicinas e insumos al gobierno federal y a gobiernos estatales.
A su vez, el recorte de empleados de confianza evidencia que el plan de austeridad es para que lo pague la base trabajadora. Las modalidades de contratación de empleados de confianza o pago por honorarios son las perversas formas que utilizó en años previos el Estado para avanzar en la precarización laboral de sus trabajadores. Y ahora, quienes están más expuestos por su condición laboral son los primeros en ser sujetos del ajuste.
Desabasto y carencias para el funcionamiento del sistema de salud
En el reportaje citado se señala que la centralización de recursos trajo como consecuencia un desabasto de más del 40% de medicamentos del cuadro básico, desde paracetamol, pero sobre todo de antirretrovirales y oncológicos en Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Guanajuato.
Explicaron también que la reducción de 30% en gastos operativos en combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo y servicios administrativos “impactaría en el traslado de vacunas, pacientes y comunicados oficiales”.
A su vez, directivos de los institutos y hospitales con el presupuesto recortado afirman en un diagnóstico que no se podrán imprimir solicitudes para los estudios médicos, recetas, recibos, carnet para los pacientes y el personal no contaría con los indispensable para las actividades asignadas.
“La interrupción del suministro de diésel implicaría la suspensión de vapor y agua caliente mediante la Red General del Hospital a las áreas de atención médica, así como en el comedor central de la entidad. La falta de este servicio ocasionaría, en forma inmediata, un estado de emergencia y repercutiría en estación crítica en la operatividad diaria del hospital debido a que este servicio es de carácter altamente prioritario de los pacientes”, apunta el documento.
Destacan también que la eliminación del presupuesto para investigación redundará en que no se avance en el desarrollo de la de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades emergentes y las de mayor impacto de la población.
Respecto a la reducción en 50% de los servicios personales señalan que repercutirá en las contrataciones de pruebas de gasometría, de laboratorio, en la recolección, traslado y disposición final de residuos biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos, así como en el servicio de farmacia, abasto y dispensación de material de curación, laboratorio y banco de sangre, de hemodiálisis, alimentación y servicios médicos integrales.
El Instituto Nacional de Geriatría es uno de los afectados con los recortes, con 51 millones 292 mil 285 pesos. Sobre el Instituto Nacional de Cancerología -que brinda 212 mil consultas- pesa un recorte de 225 millones 896 mil 724 pesos, lo cual reduce su capacidad de operación aún más, dado que no recibirá los recursos compensatorios del Seguro Popular, que de 2013 a 2017, ascendieron a 2 mil 429 millones 722 mil 430 pesos.
El apartado “Compensaciones por servicios eventuales”, destinado al pago de empleados que cubren “suplencias, sustituciones o relevos” tiene un 85% del recorte en su presupuesto. La consecuencia: el instituto no podrá brindar un diagnóstico oportuno y certero por falta de personal.
Por su parte, los institutos nacionales de Pediatría, de Salud Pública, de Medicina Genómica, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y el Centro Nacional de Trasplantes tiene entre 20 y 50% de recortes presupuestales y un porcentaje aún mayor de recursos frenados.
Es necesario exigir que estas medidas se reviertan, y que se aumente el presupuesto para salud para garantizar la operatividad y condiciones laborales dignas para trabajadores. Que ese presupuesto lo administren los trabajadores de cada institución de salud, organizados desde las bases, en función de las necesidades de la población. Que se revierta el avance en la privatización de los servicios de salud, como la tercerización de los estudios de laboratorio. Que los altos funcionarios de hospitales e institutos de salud ganen lo mismo que un trabajador calificado, que no tengan privilegios. Que todos los trabajadores, contratados por honorarios o de confianza pasen a nómina.
Mientras López Obrador recorta presupuesto para la salud, la Guardia Nacional, cuyas leyes secundarias se están por votar en el congreso, tiene asignada un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Millones para una nueva fuerza represiva que será continuidad de la militarización desplegada desde el gobierno del panista Felipe Calderón, al tiempo que se avanza en recortes a los servicios de salud pública.
Ante este nuevo atropello es necesario que los sindicatos que se reivindican democráticos, y el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares alcen la voz y exijan en las calles ¡Queremos hospitales!, ¡No queremos militares!, ¡Abajo la Guardia Nacional! | 
