Durante la campaña electoral, varios referentes del kirchnerismo cordobés llamaron a votar a Juan Schiaretti “para derrotar a Macri”. Como ya se ha expresado en otra nota, el enorme caudal de votos que consiguió el gobernador colaboró “para el fortalecimiento del peronismo provincial y para la estrategia de la moderación del kirchnerismo a nivel nacional”, moderación que se profundizó con el anuncio de la fórmula “Fernández-Fernández”, a la cual Schiaretti no ha apoyado.
Tal vez algunos se sorprendieron por el abrazo y las sonrisas de hoy, después de las críticas que el “Gringo” ha lanzado contra Cambiemos en los últimos dos años. Pero queda más que demostrado que, en lo esencial, no hay tantas diferencias como parecía.
Estos son algunos de los acuerdos que hubo entre ambos mandatarios durante los casi tres años y medio de la gestión de Macri en la Casa Rosada.
1- Endeudamiento
En 2016, el peronismo cordobés acompañó en el Congreso la votación de la “Ley de la normalización de la deuda pública y recuperación del crédito”, como se llamó al acuerdo con los Fondos Buitre que no habían aceptado los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Para “honrar los compromisos”, el Estado se endeudó por 16.500 millones de dólares a una tasa de 7,2 % anual. Ese monto equivalía a 18,5 veces el monto presupuestado para todas las remuneraciones en Educación y Cultura del 2016. Para los buitres, el acuerdo significó rendimientos de entre 800 % y 3.000 %.
Schiaretti celebró el acuerdo obtenido. “Con la cantidad de ofrecimientos se demostró el interés del mundo en invertir y para Córdoba significa que vamos a poder hacer las obras en marcha”, dijo. De hecho, gran parte de las obras públicas de las que se vanagloria el gobernador se financiaron con deuda pública, que creció astronómicamente el último año porque el 95 % está en dólares. Entre 2020 y 2023, vencen 711 millones de dólares por intereses y 1.530 millones en capital.
2- Pacto Fiscal y contrarreforma jubilatoria
En 2017, los mandatarios de todas las provincias, excepto San Luis, firmaron el llamado Pacto Fiscal en la Casa Rosada. Schiaretti fue clave en las negociaciones con la liga de gobernadores peronistas. En el acuerdo, el Gobierno nacional aceptaba pagar los reclamos por coparticipación de las provincias, una importante fuente de financiación de las mismas.
A cambio pidió un par de minucias. Además de renunciar a las acciones legales por la coparticipación, los gobernadores se comprometieron a congelar el gasto público en términos reales por los próximos años y a aprobar en el Congreso la Reforma Previsional. Esta reforma significaría un “ahorro” para el gobierno de $ 150.000 millones en jubilaciones, AUH y el resto de los beneficios, todo a costa de menores ingresos para 17 millones de personas.
Los diputados y diputadas del bloque Córdoba Federal aprobaron la ley, mientras el Gobierno nacional mandaba reprimir la multitudinaria manifestación contra este verdadero robo a los jubilados y sectores más vulnerables de la sociedad. Uno de esos diputados era Martín Llaryora, intendente electo de la Ciudad de Córdoba. En la campaña electoral de ese año, Llaryora había prometido que “nosotros no vamos a acompañar el ajuste a nuestros ancianos”.
Pero Schiaretti no es un neófito en materia de ajuste previsional. En 2015, una de sus promesas de campaña fue derogar una ley de De la Sota que difería en 6 meses el pago de los aumentos a los pasivos estatales. En la última sesión legislativa de ese año se aprobó efectivamente el proyecto del Ejecutivo, con un pequeño detalle: los haberes jubilatorios se reducían un 10 %.
3- Contra los trabajadores
Si bien el peronismo cordobés se abstuvo en la votación de las modificaciones de la Ley de ART, que dificulta enormemente la posibilidad de iniciar un juicio por una enfermedad laboral, la Legislatura de Córdoba adhirió a la nueva ley, con algunas modificaciones. Esta adhesión solo fue rechazada por las bancas de la izquierda y del bloque kirchnerista.
En el 2017 y después del largo conflicto de los trabajadores y trabajadoras de la UTA, se aprobó en Córdoba una nefasta “Ley antihuelgas” que estipula que quienes realicen paros de “servicios esenciales” deberán anticipar la medida de fuerza 5 días antes. También plantea la creación de una comisión técnica que decidirá qué servicios deberán garantizarse ante huelgas. La ausencia de un llamado claro de las centrales sindicales a parar y movilizar contra la ley fue un elemento central para este atropello a los derechos de los trabajadores.
4- A favor de los empresarios
Durante el gobierno de Macri, los empresarios han logrado innumerables beneficios. De hecho, una de las primeras medidas de Cambiemos fue eliminar el cepo cambiario y las retenciones a las mineras y al campo. Luego llegarían el blanqueo de capitales (un favor para los evasores), la reforma tributaria (que implicó una transferencia de aproximadamente $ 150.000 millones hacia el año 2022 a las patronales), los tarifazos, entre muchas otras medidas que fueron acompañadas por el bloque del peronismo federal de conjunto.
Los gobiernos de Unión por Córdoba no se quedan atrás. Casi desde el inicio del primer gobierno de José Manuel De la Sota, las empresas automotrices y los call center, entre otras, están exentas del pago de impuestos inmobiliario, ingresos brutos y sellos. Además, se les subsidia parte de los servicios de luz y gas y, en algunos casos, parte de los salarios. La excusa siempre fue aumentar o mantener las fuentes de trabajo, pero lo real es que nunca se cortaron los beneficios a empresas que han suspendido o despedido trabajadores.
El schiarettismo aprobó además todos los presupuestos del gobierno macrista. El correspondiente al año 2018 fue particularmente ficticio: preveía una inflación de 15,7 % y un dólar a $ 19,30. A finales de ese año, el dólar llegaba casi a $ 40 y la inflación al 45 %. El presupuesto del año en curso, ya bajo el comando del FMI, contempla un 20 % de los recursos para el pago de la deuda externa. Además, se redujeron en términos reales los fondos para educación y cultura (10 %), salud (4 %), Asignación Universal por Hijo (11 %), subsidios a los servicios públicos (31 %), salarios estatales (18 %), entre otros.
5- Seguridad
Además del propio Macri, Patricia Bullrich es la ministra que más ha visitado Córdoba. Centenares de gendarmes han sido enviados a distintos puntos de la provincia, entre ellos Córdoba capital, con la excusa de la “guerra contra el narcotráfico”. Las imágenes de los hombres de verde oliva exigiendo documentos en los colectivos urbanos, frenando autos en las calles de la ciudad o acosando a estudiantes secundarios https://www.laizquierdadiario.com/Cordoba-Gendarmeria-hostiga-a-jovenes-secundarios dejaron en claro que el principal objetivo de los acuerdos en materia de seguridad es aumentar el control social frente a las distintas movilizaciones que se han producido en estos años.
En el gobierno de Schiaretti, el número de policías superó el de docentes de primaria y se crearon cuerpos especiales como la División de Inteligencia Terrorista. El gobierno provincial también copió el discurso del “enemigo interno” de la Ministra. Hablaron del “terrorismo mapuche”, de “células anarquistas” y hasta allanaron locales políticos, sociales y partidarios. El ridículo de las acusaciones llegó al máximo con la detención de dos artistas chilenos por dejar un “artefacto explosivo” en un hotel luego del Congreso de la Lengua Española. El “peligroso maletín” resultó ser una caja de sonido utilizada para una instalación artística. | 
