El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, modificó este miércoles el cuestionado decreto sobre la portación de armas en el país y aclaró que los ciudadanos solamente tendrán acceso a pistolas o revólveres y que la mayoría quedará excluido todo tipo de fusil, carabina y escopeta.
Sin embargo, la modificación aún permite que los propietarios rurales puedan adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus casas, según informó el gobierno al admitir los cambios introducidos.
El decreto original, dictado el pasado 8 de mayo, generó una ola de críticas incluida la de 14 de los 27 gobernadores del país, así como organismos de derechos humanos nacionales y globales, como Amnistía Internacional, y entidades del Poder Judicial.
El texto original complementaba un decreto de enero pasado, que flexibilizó las normas para la adquisición de armas, y establecía nuevas reglas para que las personas que las posean puedan circular con ellas por las calles, incluso cuando se tratase de fusiles.
La polémica se expandió esta semana, cuando la empresa fabricante de armas Taurus anunció que tenía 2.000 encomiendas de fusiles T4, una arma semiautomática calibre 5,56.
El asunto ahora queda en manos de la Corte Suprema que evalúa la anulación del decreto. De acuerdo al texto publicado este miércoles, el porte estará limitado a pistolas y revólveres "de dimensiones y peso reducidos, que puedan ser disparadas con apenas una mano".
El decreto buscaba mostrar una medida del gobierno dirigida a la base que apoya a Bolsonaro, en un intento por paliar la creciente desaprobación que superó por primera vez la aprobación, llegando al 36,2% los que consideran a Bolsonaro pésimo o malo, contra un actual 28,6% de los que consideran óptimo o bueno de acuerdo con la encuesta realizada por la consultora Atlas Político. La liberación de la venta y el porte de armas fue un compromiso de Bolsonaro durante la campaña electoral.
La modificación aún permite la adquisición de fusiles y armas largas a los propietarios de inmuebles que se dedican “a la explotación agrícola, ganadera, extractiva vegetal, forestal o agroindustrial”. De esa forma el gobierno autoriza a los patrones rurales a armarse cuando los datos de asesinatos en las zonas rurales crecen.
De acuerdo con Global Witness, en 2017 se registraron 57 asesinatos de campesinos, activistas comunitarios, indígenas y ecologistas a nivel mundial. Las cifras de este periodo mostraron que el sector del agronegocio se colocaba como principal causante de los asesinatos, superando a los conflictos del sector de la minería, justamente el sector al que Bolsonaro favorece con la modificación del decreto. | 
