El 13 de mayo, según un auto al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia Provincial de Huelva estimó el recurso del defensor de las trabajadoras marroquíes contra el archivo del caso que se produjo el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Palma de Condado (Huelva).
De este modo la Audiencia Provincial ordena ahora al instructor que reabra el caso y tome declaración a las temporeras de la fresa, algo que ni tan siquiera pudieron hacer durante el mes de junio del 2018, cuando interpusieron la denuncia. En aquel momento tan solo testificaron en sede policial, sin ser escuchadas por el juez.
El caso quedó archivado a petición del abogado Francisco Baena Bocanegra, que representa al patrón investigado. El alegato racista de éste se sustentó precisamente en señalar que la denuncia de las trabajadoras marroquíes no estaba demostrada y se trataba de una "maniobra" para evitar su expulsión de España una vez finalizados los contratos de trabajo.
Explotación laboral y sexual
El caso de las temporeras de la fresa hizo público en el verano del 2018 lo que es una realidad para miles de mujeres y hombres inmigrantes que trabajan en los campos mediterráneos del Estado español.
Todo empezó el mes de mayo del 2018 a raíz del reportaje realizado por la publicación alemana Corrective.org, donde se muestran los horrores que viven los y las trabajadoras migrantes del campo en distintos puntos del Mediterráneo. Es en ese momento cuando saltó a los medios el escándalo de la empresa Doñana 1998 SL., situada en Huelva, una de las más grandes exportadoras de fresa del mundo.
Desde ese momento empezó un acoso y persecución por parte de la empresa a su personal, que entre otras medidas, expulsó, aún con una situación regularizada bajo esta racista Ley de Extranjería, a cientos de trabajadoras marroquíes.
Las que consiguieron quedarse pudieron entonces denunciar las condiciones de explotación a las que son sometidas.
Las condiciones laborales que denuncian las trabajadoras de la fresa son cercanas a la esclavitud: jornadas bajo 40 grados, sin autorización para beber agua hasta medio día desde 6.30 de la mañana, hacinamiento en barracones, acceso a la ducha limitado -en algunos casos una vez a la semana-, condiciones de comida escasa y, por si no fuera suficiente, repetidos casos de acoso y violación. Todo bajo el silencio por el miedo a ser despedidas, el desamparo de derechos, el desconocimiento del idioma y la falta de recursos económicos entre otras dificultades.
Que la Audiencia haya decidido reabrir el caso a petición de la defensa de las trabajadoras no debe borrar el prontuario de la justicia en materia de garantizar la impunidad patriarcal.
Como el pasado año, las temporeras de la fresa merecen y necesitan con urgencia, un movimiento de mujeres y feminista que no quede atrapado y paralizado en la ilusión de que la institución judicial resuelva estos u otros casos.
Merecen un movimiento de mujeres que luche contra la precariedad y la explotación laboral, por la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre de los CIEs. En última instancia, un movimiento de mujeres anticapitalista. | 
