En menos de 24 horas Manuel Marchena ha devuelto la patata caliente de la suspensión de los diputados y senador electos presos al Congreso y Senado respectivamente.
Recordemos que ayer Meritxell Batet, la recientemente elegida presidenta de la Cámara Baja, estrenaba su cargo haciéndole llegar una petición mediante carta al Tribunal Supremo para decidir sobre la suspensión de los cinco presos políticos electos.
Batet, en este sentido, anunciaba ayer que "la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial y es el que ha determinado hasta ahora", asegurando de este modo que “el Tribunal Supremo es el competente para determinar las consecuencias de las conductas de quién está juzgando".
Sin embargo, el juez Marchena, el mismo que preside durante estos meses el juicio a los líderes soberanistas por el 1-O y acusados de rebelión, ha rechazado la petición de la presidenta del Congreso remitiéndose al auto dictado el 14 de mayo en el que se daba permiso a los presos para recoger el acta de diputados, y que sentencia así, "el Congreso de los Diputados y el Senado son quienes deben decidir sobre la suspensión".
Además, esta misma mañana Marcehna ha tachado de inviable a causa de "la configuración constitucional del Tribunal Supremo" la elaboración de un informe de la situación y sobre el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para efectuar la suspensión "automática" de los parlamentarios presos. ¡Plis Plas!
Y así es como tras una supuesta no injerencia en el órgano legislativo el Supremo se lava las manos con la suspensión de los presos, retornando así el marrón al Congreso y al Senado respectivamente en una resolución exprés para infortunio de Batet.
Pero no le falta razón a Meritxell Batet cuando dice que es el Poder Judicial el que ha venido tomando estas medidas de suspensión hasta no hace mucho. Recordemos como el juez Llarena estuvo ingiriendo permanentemente en la labor del Parlament de Catalunya para vetar, primero a Carles Puigdemont y posteriormente a Jordi Turull, el cual aun sigue en prisión provisional más de un año después.
Sin embargo, aunque durante estos días haya fuego cruzado entre el Congreso y el Supremo y también la Fiscalía, hay que destacar que se trata de fuego amigo, pues la medida de suspensión está fuera de toda duda para ambas instituciones, la discusión radica en quien y cuando ejecuta un nuevo salto represivo contra el pueblo de Catalunya.
Un avance más en el devenir reaccionario del Régimen del 78 y que, además, con la aritmética que da la suspensión de los diputados electos presos posibilitará que el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Compromís, CC y PRC pueda formar un gobierno estable mediante una mayoría fraudulenta. | 
