La disputa por Barcelona será una de las más reñidas el próximo domingo. Todas las encuestas dan un empate técnico entre la actual alcaldesa, Ada Colau, y el republicano Ernest Maragall. Tan reñido está el resultado que finalmente Colau ha accedido a realizar un cara a cara en 8TV con el candidato de ERC este viernes antes de que empiece la jornada de reflexión.
No es una disputa baladí. En Barcelona se la juegan no solo los partidos en liza, sino que el resultado tendrá una lectura y consecuencias más allá. Quien presida el antiguo salón del Consell de Cent en las próximas semanas beneficiará a agendas diferentes. O ganará la de un neorreformismo que quiere ofrecer ese bastón de mando como activo para lograr un acuerdo con Pedro Sánchez de cogobierno. O lo hará la de una ERC que aspira a hegemonizar un procesisme sin más proyecto que el simbolismo y un retorno al autonomismo para el que no encuentran la senda. Ambos son dos proyectos de desvío -en la versión más licuada y descafeinada posible- de dos grandes movimientos que han tenido en la capital catalana epicentros claves, el 15M y su ciclo de movilizaciones sociales posterior y el movimiento democrático catalán.
El de Colau es la enésima rebaja y aspiración a la integración en el régimen -redefinido en un nuevo bipartidismo de bloques- de quienes llegaron a la alcaldía hace 4 años presentándose como los representantes en las instituciones del 15M, la PAH o luchas contra la precariedad, como la de Movistar. Salen con el legado de haber sido incapaces de frenar la subida de los alquileres, los desahucios y la especulación -fruto de su negativa a adoptar la más mínima medida que cuestione la propiedad de los grandes tenedores-, haber renunciado explícitamente a la inmensa mayoría de las municipalizaciones y haberse distinguido por una dura guerra contra el “top manta”, la plantilla del metro o muchos colectivos de la vivienda, entre otros. Hoy aspiran a un gobierno continuista, no solo de estos cuatro años, sino de los gobiernos “tipo” de la ciudad, los del PSC de los últimos 40 años de los que muchos de los cargos de BeC fueron parte desde las filas de ICV.
El de Maragall es el proyecto de la ERC post155. Ganar Barcelona para la lucha por el derecho a decidir es la bandera del republicano. Sin embargo, oculta que esa lucha es la que explícitamente su partido ha decidido posponer sine die. Si este retorno al autonomismo no se ha consumado hasta el final es más bien porque no hay camino de vuelta por el momento. El Régimen del 78 y su búnker, del que el PSOE en este tema es “invitado recurrente", sigue pidiendo una derrota sin paliativos. El balcón de Sant Jaume podrá lucir lazo amarillo unos días más si llega a la alcaldía con Colau, que acató antes del límite las prohibiciones de la JEC. Pero es ilusorio esperar que un Ayuntamiento de ERC, como un Govern de ERC y JxCat, es la vía para reactivar la lucha por el derecho a decidir. Y aún más lo es que el exconseller de educación del Tripartit -aquel gobierno del “progresismo neoliberal” catalán que avanzó en privatizaciones y recortes- y de acción exterior del segundo gobierno de coalición con los convergentes -los campeones de los ajustes- tenga una política a favor de las clases populares.
Por lo tanto, y según las encuestas, después del 26M en Barcelona no habrá un gobierno de izquierdas. Los grandes tenedores de vivienda, la patronal hotelera, las multinacionales que se enriquecen con la gestión de servicios como el agua, la atención domiciliaria o la recogida de residuos, los directivos de TMB con sueldos de 100.000 euros ... podrán seguir tranquilos. De la misma manera que las familias desahuciadas, quienes no pueden pagar el alquiler, quienes son carne de cañón de la patronal turística ultraexplotadora, las plantillas externalizadas y precarizadas, las y los trabajadores de Metro en lucha contra el amianto, los vendedores ambulantes y menores extranjeros acosados diariamente por la Guardia Urbana... seguirán “a la espera”. Dentro de cuatro años, seguro que tanto Colau como Maragall vuelven a hablar de sus problemas y prometer que “esta vez sí”, los van a atender.
Voto crítico a la CUP-Capgirem Barcelona
A la izquierda de las dos candidaturas con opciones a la alcaldía aparece la de la CUP-Capgirem Barcelona, a la que desde la CRT hemos pedido un voto crítico. Su lista plantea algunas demandas que compartimos como la expropiación de las viviendas en manos de los grandes tenedores o la total remunicipalización de todos los servicios externalizados. Después de cuatro años de “ayuntamientos del cambio” en los que la clave ha sido justo lo contrario -decir que ninguna medida contra los grandes capitalistas metropolitanos era posible- es de saludar volver a poner encima de la mesa medidas de este tipo.
Además de este programa, la lista de la CUP en Barcelona ha incorporado a algunos activistas referentes de luchas obreras, vecinales, de mujeres y vecinales. Por ello entendemos que muchos de quienes han venido enfrentando desde la movilizaciones al "ayuntamiento del cambio" o han hecho una experiencia por izquierda con éste, optaran por un voto a la CUP que queremos acompañar.
Llamamos a votar a la lista que impulsa la CUP en la capital catalana y no de forma general, porque creemos que esto no se da en todos los municipios donde han presentado lista. Por ejemplo, las propuestas de vivienda mencionadas son propuestas barceloninas, donde la CUP levanta un programa más a la izquierda y con medidas parcialmente – no aclaran si las expropiaciones serían sin indemnización, o “compras forzadas”- anticapitalistas. No aparecen medidas así en el programa marco de la CUP para las municipales del resto de Catalunya -que habla de dar prioridad para la compra al consistorio o de marcar un porcentaje a los promotores para que reserven al alquiler social, casi las mismas medidas que los Comunes-. De hecho, si atenemos a los “ayuntamientos del cambio” de los que ha sido parte -nada menos que en Badalona y Sabadell, la tercera y quinta ciudad más pobladas de Catalunya- no hay gran diferencia con la obra de gestión amable del capitalismo municipal de la hecha por Colau, Carmena, Santiesteve o Kichi en las grandes urbes del Estado.
Además, el voto no puede dejar de ser crítico. En primer lugar por las diferencias que hemos venido sosteniendo con la política general de la izquierda independentista frente al procés, la de la “mano extendida” a la dirección convergente y de ERC. Una política que ahora está comenzando a ser objeto de discusión y autocrítica, pero con la que no se termina de romper, como demuestra la reciente apuesta por sostener la doble vía de desobediencia en las calles y en las instituciones -en manos del viejo procesisme- para reemprender la lucha por el derecho a decidir.
En nuestra opinión, esta concepción etapista y de conciliación de clases incapacitó a la izquierda independentista y bloqueó el necesario surgimiento de una dirección alternativa a la de los partidos de la burguesía y pequeña burguesía independentistas, que peleara por dar una salida revolucionaria a las grandes jornadas del otoño de 2017. Solamente desde un balance estratégico profundo se podrán sentar las bases para una hoja de ruta anclada en una política de independencia de clase, ligando el programa democrático con las demandas anticapitalistas y buscando la confluencia con la clase trabajadora y sectores populares de todo el Estado.
Pero también es un voto crítico en un aspecto que se ha puesto de relieve durante la campaña. Entendemos que la posible presencia de regidores ligados a las luchas vecinales, obreras, de mujeres, inmigrantes y la juventud, y con un programa que se propone enfrentar a los grandes capitalistas metropolitanos y el Régimen, debería ponerse al servicio de fortalecer estas luchas, la única vía para poder imponer conquistas duraderas.
Sin embargo el discurso de los candidatos de la CUP oscila entre una reivindicación de la calle y un discurso “responsable” en el que se viene presentando el voto a la CUP como la garantía de que BeC y ERC adoptarán medidas progresistas, dejando la puerta abierta a un voto favorable a la investidura de un candidato progresista e incluso el apoyo al nuevo consistorio. En el terreno democrático han llegado a proponer un nuevo acuerdo con todas las fuerzas soberanistas, algo que reproduce sin ambages justamente la misma política de “mano extendida” que fracasó abiertamente en el otoño del 2017.
De fondo, esta ubicación “responsable” es parte de una la lógica de municipalismo de gestión progresista que no compartimos, y que, como ha quedado demostrado en 40 años desde las primeras elecciones municipales del Régimen del 78, ha sido la principal vía de cooptación y desactivación de la izquierda social y anticapitalista.
Una lógica que esta muy arraigada en buena parte de la izquierda del Estado, y también en la CUP, en especial en aquellas localidades en que ha gobernado, y que rebajaría en los hechos el papel de los regidores anticapitalistas a la presión sobre la socialdemocracia, sea del “cambio” o “republicana”, a la manera que Podemos se propone ser la presión sobre la “socialdemocracia” del PSOE.
Quedan por delante cuatro años más de gobierno municipal de la “marca Barcelona”. Que este lo encabece Colau o Maragall no cambiará el contenido de sus políticas de "guante de seda" y respeto para los grandes capitalistas y “prórrogas”, “esperas interminables” y “palos” -como los que reciben los manteros o las plantillas externalizadas continuamente- para los sectores obreros y populares.
Las y los regidores de la CUP tendrán la oportunidad de poner sus cargos a disposición de desarrollar la movilización social necesaria para enfrentar el enésimo gobierno “progre” de la ciudad o al primero “republicano”. Como en la cuestión democrática catalana, esto pasará por romper con toda lógica de alianza con los gestores amables del capitalismo municipal y mantenerse en una firme oposición anclada en la independencia política, la defensa de un programa anticapitalistas y de la lucha de clases. | 
