La decisión de la Mesa del Congreso es un paso más en el “golpe institucional” contra el independentismo catalán. Las instituciones del Régimen del 78 actúan al unísono para impedir que los presos políticos catalanes, que han sido electos por la voluntad popular, puedan cumplir su mandato.
El Supremo había devuelto la patata caliente de la suspensión de los diputados electos presos al Congreso y al Senado. Con el informe de los letrados sobre la mesa, la suspensión podía efectuarse de un momento a otro.
La suspensión de los presos políticos que habían sido legalmente electos como diputados, significa un avance en el devenir antidemocrático del Régimen del 78. La Nueva Legislatura nace de forma fraudulenta, en el medio de las maniobras del régimen para restringir las libertades democráticas elementales, como parte del ataque al derecho del pueblo catalán a decidir.
La decisión llega a pocos días de las elecciones autonómicas y municipales del 26M, por lo que el tema está ocupando toda la atención de los partidos en campaña electoral. Desde el PP y Ciudadanos denunciaban una supuesta “complicidad” del gobierno con los partidos independentistas, mientras el PSOE trataba de postergar la resolución hasta después de la jornada electoral. Pero siempre había dejado bien claro que su decisión era suspender a los diputados presos, en concordancia con su defensa del régimen y acorde a su participación en el bloque del 155 contra el procés.
Unidas Podemos, por su parte, se ha manifestado en contra de la suspensión en el día de hoy, pero con argumentos funcionales al bloque reaccionario anticatalán, diciendo que necesitaban “más tiempo” para estudiar el informe de los letrados, sin manifestar oposición al hecho mismo de suspender a presos políticos que han sido electos por voluntad popular, ni solicitar su libertad, ni denunciar toda la farsa del juicio que se está desarrollando.
Lo más grave, es que posiblemente la nueva aritmética parlamentaria (con menos diputados) posibilitará que Pedro Sánchez pueda ser investido con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Compromís, CC y PRC, evitando tener que pedir el apoyo a los partidos independentistas. La nueva Legislatura "progresista", por lo tanto, nace con la marca del ataque a los derechos elementales del pueblo catalán, ya no solo a decidir su autodeterminación, sino incluso a elegir a sus propios representantes dentro de este mismo régimen político.
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