Al menos 29 personas murieron este viernes y 20 más resultaron heridas en un nuevo motín carcelario en el estado Portuguesa del que todavía no se conocen detalles. El motín y posterior masacre ocurrió durante toda la noche entre el 23 y 24 de mayo, y se registró en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, que forma parte del municipio Páez.
Hasta ahora ninguna autoridad ha ofrecido públicamente más detalles sobre el caso. Según el reporte del Hospital Universitario Jesús María Casal Ramos, 29 reclusos llegaron al centro de salud sin signos vitales y 20 efectivos de seguridad resultaron heridos, tras las fuertes detonaciones de artefactos explosivos.
De acuerdo a Efectococuyo.com, Mariangela Moro, periodista local, informaba que ya desde el día de las Madres en las instalaciones se vivía una situación tensa entre los detenidos y los funcionarios policiales. La razón: el deseo de los presos de ingresar a sus parientes durante todo un fin de semana.
Al parecer, los uniformados se negaron a cumplir con esta petición, por lo que comenzaron los enfrentamientos. “Les suspendían la visita o no les aceptaban el paso de comida”, detalla la periodista de Portuguesa. El jueves 23 de mayo, en horas de la noche, se conoció que un nuevo encontronazo se originó en el centro policial. Teniendo como resultado una nueva masacre en las cárceles venezolanas.
Organismos de derechos humanos como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha responsabilizado de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en 2011 por el Gobierno para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Valera. Los mismos aseguran que todos los fallecidos eran prisioneros.
El 29 de marzo de 2018 se registró uno de los motines más graves de Venezuela en el último cuarto de siglo. Se trató de un enfrentamiento en el centro de reclusión de la Policía estadal de Carabobo, donde 68 personas perdieron la vida en el incendio desatado tras una supuesta reyerta.
Otro antecedente similar fue el 16 de agosto 2017, donde hubo 38 muertos al entrar fuerzas especiales en un centro de detención judicial en el estado de Amazonas. Cerca de una decena de disputas carcelarias han dejado decenas de fallecidos en el país en la última década, cuando se inició la peor crisis económica.
El hacinamiento de los centros de reclusión es lo que prima en Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas. Los datos de la OVP aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo nacional tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738. Pero de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio Penitenciario aseguran que en el país existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.
Se hace imprescindible exigir una inmediata investigación de lo acontecido. Una investigación que no puede quedar bajo ningún motivo en manos del Estado, pues ante todo evento el Estado es responsable por la integridad física de los detenidos ’bajo su custodia’, en su gran mayoría provenientes de los sectores pobres y sin juicio firme, cuando los verdaderos ladrones de este país viven, por ser ricos, en su plena libertad impune bajo la vista gorda del Estado y bajo encubrimiento de todos los sectores dominantes.
Hay que exigir una Comisión independiente, compuesta por familiares, organismos de derechos humanos, profesionales especializados, y de las organizaciones de trabajadores y las comunidades populares, para que lleve hasta el final esta investigación. Hasta el momento todas las masacres en las cárceles venezolanas han quedado impunes. ¡Basta!
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