Al igual que en Buenos Aires y otras ciudades del país, en Córdoba también se escuchó el repudio y la exigencia de justicia por el cuádruple crimen en San Miguel del Monte. Organizaciones sociales como Correpi, La Poderosa, el Colectivo de Jóvenes y familiares de víctimas del gatillo fácil realizaron una radio abierta en la Plazoleta del Fundador, junto al PTS en el Frente de Izquierda y otros partidos. Estuvo presente la legisladora del PTS, Laura Vilches. Allí se leyeron algunas notas de medios alternativos publicadas en estos días sobre este terrible crimen que sacudió al país y se abrió el micrófono a las distintas organizaciones.
Sergio, de la Correpi, señaló que “es en las plazas y en las calles es donde tenemos que reclamar por todas las personas que han sido asesinadas por la represión del Estado, que son más de 6.500 desde diciembre de 1983 hasta diciembre de 2019, lo cual demuestra que no son casos aislados. Es una política de Estado acompañada y avalada por Patricia Bullrich, que dice que la versión de la fuerza es la versión de la verdad, como dijo cuando asesinaron a Rafael Nahuel”. Agregó que “no es casualidad que la mitad de las personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado sean menores de 25 años. En el caso de San Miguel del Monte estamos hablando de pibes y pibas de 13, 14 y 22 años. Para Bullrich, que los policías trabajen tranquilos significa que puedan matar pibes sin costo y bajar la edad de punibilidad para meter en la cárcel a los pibes de barrios populares”.
Luego habló Gabriela Sanso, mamá de Rodrigo Sánchez, asesinado por un policía el 19 de septiembre de 2015. “Espero que las familias de estos chicos me escuchen decirles que ahora empieza un caminito de hormiga porque se te cierran muchas puertas cuando querés saber la verdad”, dijo. Gabriela explicó brevemente que después de cuatro años de lucha pronto empezará el juicio contra el policía que mató a Rodrigo y que se demostró que en la causa “hubo falsos testimonios, desaparición de pruebas y le intentaron plantar un arma a mi hijo. Yo no voy a bajar los brazos hasta que este policía sea condenado”.
Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre también sintetizó el recorrido de siete años desde que su hijo desapareció aquel 19 de febrero de 2012. “A Facundo no lo buscaron, se hizo un juicio donde condenaron a una persona que cortaba el pasto en el cementerio, que se comprobó que no lo cremó. Se comprobó que los crematorios funcionaban a medias y la llave del crematorio la tenía la Policía. En abril de este año, el Tribunal Superior de Córdoba confirmó la sentencia a quien condenaron por el asesinato de Facundo, justo antes de las elecciones. Lo mismo pasó en el juicio, que terminó justo antes de que se fuera De la Sota -el responsable político de la desaparición de Facu- del gobierno en el 2015”.
Viviana se refirió también a la situación nacional. “Hoy mucha gente pide ‘más seguridad’, pero en las redes de trata, en las redes de narcotráfico, siempre hay políticos, jueces y policías. Tener ‘mayor seguridad’ no es tener más policías, es tener más oportunidades, en una época en la que mucha gente queda sin trabajo. Este gobierno está vendiendo espejitos de colores por el choreo del anterior y del anterior y así siempre. Y este está choreando mucho más, porque no me van a decir que la corrida del dólar no es un choreo. Hay que cambiar la cabeza, esto es un problema de clase, hay que cambiar porque así el pueblo y los trabajadores estamos sin derechos. Y los pibes van a seguir desapareciendo”.
Para cerrar su intervención, Viviana dejó algo muy en claro: “Miedo no tenemos, ya nos hicieron pelota con lo que nos sacaron, nosotros igual vamos a seguir apoyando todas estas luchas, por los chicos, por los compañeros que quedan sin laburo, por los maestros, por las mujeres que nos matan día a día”.
En representación del PTS, Mauro Jorge repudió el crimen y habló también de la situación de la juventud en general. “Como a muchos jóvenes en todo el país, esta masacre nos tiene consternados. Quienes venimos de barrios populares sabemos que la política del Estado, no solo en este gobierno sino en los anteriores también, es impunidad y represión para la juventud de manera permanente. Esto se expresa no solamente con el gatillo fácil, cuando te agarran por portación de rostro para llenar planillas o cuando te meten en la comisaría y te cagan a palos. Viene de mucho antes, porque la juventud de los barrios populares va a escuelas donde no hay derecho a la educación sexual y donde los docentes no tienen condiciones de trabajo dignas. Cuando tienen que salir a buscar su primera changa no encuentran otra cosa más que precarización laboral. La ‘economía de plataformas’ como le llaman no es otra cosa que volver al siglo 19, con trabajo a destajo, sin aportes ni derechos laborales”. Esa es la realidad que viven muchos jóvenes, el compañero de Correpi decía que la mitad de los asesinados por el Estado tenía menos de 25 años y hoy la mitad de los menores de 14 años son pobres”.
“Por otro lado”, agregó, “endeudan al país y favorecen la timba financiera. Ningún proyecto político que no pelee por romper esos lazos de dependencia y esa expoliación de la clase trabajadora va a poder detener esta violencia sistémica. Necesitamos mayor organización en los barrios, fábricas, colegios para tirar abajo este Estado completamente podrido y levantar uno nuevo desde abajo, con la participación de los laburantes y los jóvenes de todo el país”.
