Este lunes Sudán amaneció con disparos en el centro de la capital, columnas de humo que alcanzaban el cielo y corridas por las calles. El Consejo Militar de Transición (CMT) había dado la orden de movilizar al ejército para desalojar el campamento frente a la Sede del Ministerio de Defensa en el centro de Jartum símbolo de la lucha contra el régimen de Al Bashir, y que sostiene el derrocamiento de la junta militar que tomó el poder el 11 de abril, para establecer un gobierno civil.
El empantanamiento de las negociaciones entre la Alianza por la Libertad y el Cambio (ALC) y el Consejo Militar, donde cada uno disputaba mayores cuotas de poder, tensaron la situación hasta romper las relaciones. La presión de los manifestantes sobre el régimen y la ALC para conformar un gobierno completamente civil llevaron a esta ruptura. La respuesta del CMT fue el aumento de la represión.
Luego de 35 muertos y 116 heridos en el campamento de Jartum, diversos países salieron a condenar la masacre. Esta presión internacional llevó a que la CMT tuviese que convocar a elecciones generales, pero dentro de 9 meses, para poner “paños fríos”.
El general Al Burhan cínicamente se mostró preocupado por la violencia, que describió como “una operación para limpiar la calle Nilo” y aseguró que se abrirá una investigación para determinar qué sucedió. Al Burhan acusaba tan solo unos días atrás al campamento como una amenaza para la seguridad nacional, incluso acusó a la ALC como responsable por no llegar a un acuerdo para la conformación del “Consejo de Transición”.
Como parte del anuncio, Al Burhan dijo que se conformaría un gobierno que estaría presidido por la propia junta militar. El propósito, supuestamente, sería garantizar los comicios dentro de 9 meses bajo supervisión regional e internacional, pero sobre todo “imponer la paz y permitir las libertades”.
La propia Organización de Naciones Unidas condenó el “uso excesivo” de la fuerza por parte del Ejército contra los manifestantes y pidió una investigación independiente sobre las muertes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en una declaración que estaba "alarmado" por los informes de que las fuerzas de seguridad habían abierto fuego dentro de un hospital en Jartum.
Desde la embajada de EE. UU. dicen que "los ataques de las fuerzas de seguridad sudanesas contra manifestantes y otros civiles están mal y deben detenerse", pero aún están a la espera de ver a quién apoyar en una situación de crisis abierta. El ejército sólo cuenta con el claro apoyo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes que mantienen una colaboración permanente para resolver la situación en defensa de sus intereses geopolíticos.
¿Qué perspectivas se abren?
La represión replanteó la política de la oposición hasta el momento. La Asociación de Profesionales Sudaneses (APS) y la Alianza por la Libertad y el Cambio (ALC), han convocado a la "desobediencia civil" con el objetivo de derrocar a los militares y todos los remanentes del régimen de Omar al Bashir. Esa convocatoria es un salto en su retórica, y práctica, ya que hasta el momento intentaron negociar lugares de poder en el futuro gobierno.
La huelga general de la semana pasada fue otro punto de inflexión que llevó a un mayor enfrentamiento generalizado contra la junta militar que rompió las negociaciones. La oposición también llamó a la “activación de todas las medidas de resistencia pacífica” convocando a salir todos a la calle a protestar.
Frente a la masacre, la Asociación de Pilotos Aéreos Sudaneses decidió apoyar el llamado, por lo que afectaría gravemente los vuelos a Jartum, mientras que también otros organismos profesionales se acoplarían.
El ataque de este lunes fue llevado a cabo por las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, dirigido por el mismo Ejército y conformado por el mismo Al Bashir para llevar adelante todas las masacres durante sus 30 años de gobierno en el Nilo Azul, Darfur y otras provincias. Esta organización está acusada de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por esto es necesaria una respuesta que enfrente los posibles ataques de estos de grupos, que aumentan con el correr de los días.
El intelectual de izquierda de origen libanes, Gilbert Achcar, señala en un reportaje reciente que los partidos políticos del Magreb han sacado la conclusión a partir de la Primavera Árabe que para derrocar a los regímenes dictatoriales la vía pacífica puede ser una solución para evitar las guerras civiles. Sin embargo la realidad actual le plantea a la dirección del proceso sudanés otro tipo de medidas ante la represión del Ejército: reconstruir los campamentos y organizar su autodefensa, junto a la utilización de la huelga general política como se demostró este 28 y 29 de junio, puede ser una clave, que se convierta en el centro de organización contra el Ejército para derrocar al régimen.
Los anuncios del Ejército sólo buscan ganar tiempo luego de golpear el centro de organización de los manifestantes, y como producto de desborde en la relación de fuerzas. La “comunidad internacional” que hasta ahora se mantenía al margen tuvo que intervenir con discursos para presionar al “cese de violencia”.
Sin embargo, los gritos de rebeldía de los estudiantes y jóvenes que viven el desempleo, las mujeres que han conquistado un lugar predominante como líderes en la organización de las manifestaciones y trabajadores que apenas pueden pagar el pan que se pronuncian contra el Consejo Militar muestran que están lejos de abandonar sus ganas de derrumbar ese régimen podrido. | 
