Llevamos más de cuatro meses de juicio precedido por una fase de instrucción con una gran serie de “irregularidades”. La instrucción del juez Llarena se basó íntegramente en los atestados que la Guardia Civil “cocinó” para la ocasión. Incluso la designación del juez instructor fue tan extraña que hasta una asociación de jueces la impugnó. “Irregularidades” que han continuado durante el juicio y seguramente se expresarán en la sentencia.
Como decía la “acusación particular” (léase los ultraderechistas de Vox) este juicio es para acabar con el deseo de hacer referéndums. Este juicio es para aleccionar al pueblo catalán (y de todo el Estado) y para que nadie se atreva a desafiar las reglas del Régimen del 78 (incluso aunque vaya de farol). La democracia blindada del Estado español prepara una sentencia que buscará poner puertas cerradas al “campo”, como si eso sirviese para acabar con el movimiento democrático catalán.
Muy probablemente la sentencia abrirá otro momento del movimiento democrático e independentista en Catalunya. En primer lugar es posible que provoque elecciones anticipadas en la Generalitat. De ser cierto, habrá una pelea por el relato entre JxCat y ERC. Pero esa pelea no servirá para impulsar la movilización en las calles, sino que será el engaño (al menos, el intento) para tratar de desviar la movilización del pueblo catalán. No es descartable que comience otro ciclo de movilizaciones contra la decisión del Supremo.
Un juicio “ejemplar”
Los días previos al juicio la opinión publicada en los grandes medios aseguraba que el Tribunal Supremo (TS) se encargaría de hacer un juicio respetando todos los derechos, un juicio homologable a los estándares de las burguesías europeas. En síntesis, la Sala 2 del TS con el juez Marchena a la cabeza estarían preparando un juicio “ejemplar”. Más allá de cómo es la justicia de los otros países de la región (a las que no se puede ni mucho menos embellecer), este juicio es un ejemplo de cómo perseguir la disidencia política de todo un pueblo.
Con el paso de los días hemos visto que este juicio se iba convirtiendo en una forma de aleccionar a los dirigentes catalanes. Que las pruebas y testigos propuestos por las partes acusadoras tenían la venia del Tribunal Supremo. Sin embargo, los que eran propuestos por la defensa tenían muchas más dificultades para poder ser aceptados. Que los testigos de la acusación sí podían dar opiniones sobre la situación sobre la que declaraban, a diferencia de aquellos citados por la defensa.
La “investigación” había comenzado dos años antes como aseveró el Teniente Coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, la investigación por el delito de rebelión comenzó en noviembre de 2015 por orden de la Audiencia Nacional. Esto es así porque el Fiscal Javier Zaragoza reinterpretó el Código Penal actual a partir del que estaba en vigencia en 1973 (durante el franquismo). Código con el cual se perseguía, no los actos, sino los objetivos.
La rebelión y sedición que se habrían realizado entre el 20S y el 1O, se estaban investigando desde hacía dos años. Lo único que se necesitaba era aplicar un “calzador” enorme a la realidad para que se ajustase a la reinterpretación del código civil realizada por Zaragoza. Es así que cuando Puigdemont convocó el 1O comenzó la “operación calzador”. Si hay diferencias entre este régimen y la dictadura, será necesario usar un microscopio atómico para dilucidarlas.
Otro aspecto fue la prisión preventiva. Esta se aplicó de manera desmesurada. Como si los acusados fueran terroristas o hubieron tenido intenciones de huir. Precisamente lo contrario del caso de la Manada, que cuando un integrante fue a actualizar su pasaporte, no pasó absolutamente nada. Para la justicia patriarcal está claro que se puede agredir y violar a una persona y seguir libres.
El hecho de mantener la prisión preventiva a los acusados ha interferido en la preparación de las defensas. Los acusados solo podían hablar con sus abogados en determinados momentos debido al régimen de visita carcelario. Y mantener dicha prisión durante el juicio ha sido más de lo mismo. Jornadas agotadoras para los acusados que llegaban tarde a las prisiones, teniendo que cenar en frío y que debían levantarse a primera hora para que el traslado se haga a tiempo de acuerdo al horario de comienzo de las sesiones.
La violencia de las caras con rabia
La Fiscalía y la abogacía del Estado solicitaron la declaración de más de 100 integrantes de los cuerpos represivos con el objetivo de demostrar la violencia que había presidido las jornadas del 20S y el 1O. El teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación policial del 1O, Daniel Baena, ha calificado como "periodo de insurrección" el comprendido entre el 20 de septiembre y el día en que se aplicó el artículo 155.
Los más de 100 testigos solo hicieron referencia a la “acción” de las decenas y centenas de miles de manifestantes que durante el 20S repudiaron la acción judicial y el 1O se encargaron de organizar la votación del referéndum. Ninguno de ellos hizo la más mínima referencia a la represión ejecutada por los “Piolines”.
Los relatos de la violencia han tenido afirmaciones inverosímiles como: varios de ellos hablaron de “caras de rabia”, de lanzamiento de armas arrojadizas como “aviones de papel”, “claveles”, un “yogurt” que ensució el capó de un coche, “murallas humanas”, o la temible “trampa del Fairy” que denunció “valientemente” Enric Millo, delegado del Gobierno central en Barcelona por aquellas fechas.
La Fiscalía y la abogacía del Estado, junto con el juez instructor Llarena han abonado el terreno de una violencia digna de un relato de ciencia ficción. Una rebelión que se sustenta en la violencia de “aviones de papel” y que culpa a la resistencia pasiva de los manifestantes de la violenta represión policial ejercida por el Gobierno de Rajoy apoyado por el PSOE y Cs.
Con relatos de éste tipo la “justicia” española se prepara para criminalizar todas aquellas manifestaciones en las calles que se le antojen. La protesta social deberá hacerse con traje de etiqueta, por las veredas con un servicio de limpieza, sonriendo y con cánticos de ópera para que pueds evadir la acción del juez de turno. Y, si hay represión policial, habrá que ayudar a los pobres policías que hacen una ardua tarea.
Mega persecución judicial contra el independentismo
Este juicio es parte de una megacausa contra el independentismo catalán. La primera causa fue contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9N y por una serie de supuestos gastos generados a las arcas públicas. Luego siguió la del juzgado 13, la iniciativa de la Fiscalía ya mencionada por Baena y por supuesto muchas más contra integrantes de los CDRs y/o militantes de la CUP.
Hay que recordar la causa contra Tamara Carrasco que fue confinada en Viladecans por “ser terrorista” sin prueba alguna y que luego le fue retirada la acusación y no el confinamiento hasta varios meses después. La causa incluye también a Adrià Carrasco de Esplugues que logró huir y aún está en el exilio puesto que toda la acusacion sigue vigente.
La persecución a los alcaldes que han impulsado el referéndum del 1O, el caso contra los maestros que supuestamente abusaron de autoridad contra hijos de la Guardia Civil, o aquellos que en Madrid fueron solidarios con el pueblo catalán y miles y miles de multados o con causas pendientes.
El Régimen del 78 lleva en los últimos años una feroz ofensiva contra el pueblo catalán y contra los sectores disidentes. La ley Mordaza votada por el Congreso, junto a las múltiples causas judiciales y la nueva forma de interpreta el “delito de odio”, son las herramientas que el sistema usa para defenderse y atacar la crítica social.
Para los dirigentes catalanes que formaban parte del Govern de Puigdemont se está preparando una sentencia ejemplarizante para tratar de castigar el despecho del pueblo catalán que tuvo la osadía de desafiar al reaccionario Régimen del 78 y al Ibex 35. No es posible saber si serán las condenas máximas o unas “intermedias” pero el mensaje es el mismo: “El Régimen no acepta desafío alguno” ya sea con gobiernos de PP o del PSOE. | 
