Durante las últimas semanas, a partir de la renuncia de Germán Martínez a su cargo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que argumentó su desacuerdo con las prácticas “neoliberales” aplicadas por la Secretaría de Hacienda, las contradicciones debidas a la aplicación de los recortes justificados por la política de “austeridad republicana” se han instalado en el debate nacional.
Crisis en el sector salud con falta de medicamentos e insumos, despidos, disminuciones salariales, congelamiento de recursos y recortes a los médicos pasantes.
Crisis en los centros de investigación y la educación pública con el anuncio del despido del 40 % del personal de honorarios en el instituto Mora, afectaciones a los becarios de la UAM.
Amenazas de despidos masivos hacia académicos y administrativos interinos en la UPN, recortes en la investigación científica y hasta prohibiciones para el uso de la luz para la carga de celulares o el uso del aire acondicionado en centros del CONACYT.
Recortes en los programas de prevención de incendios en medio de la contingencia ambiental.
¿De dónde vienen estas medidas?
Como crónicas de contradicciones anunciadas, en la publicación del Plan anticorrupción y de austeridad en julio del 2018 y en la Ley de Austeridad Republicana presentada a la Cámara de Diputados por Morena en septiembre del 2018, se anunciaba el recorte al 70 % del "personal de confianza".
Con esta denominación se considera a cientos de miles de trabajadores que por la naturaleza de sus funciones no corresponden a ese rubro, sino al de personal de base y fueron así marcados como próximos despedidos de las instituciones de gobierno
Además, se prohibió la creación de nuevas plazas y se disminuyó el presupuesto para viáticos, insumos e instalaciones, a la par de que aumenta el horario laboral a 8 horas por 6 días, superando el establecido legalmente.
El porcentaje de trabajadores anunciado para ser despedido en el sexenio representa a más de 250 mil personas, gran alarma que hasta ahora han tratado de minimizar.
El 3 de mayo fue un día clave para entender los golpes actuales pues, enmarcado en un discurso del gobierno acerca de la necesidad de redoblar la austeridad para pasar a la “pobreza franciscana”, desde la presidencia se envió un memorándum a todas las dependencias públicas estatales y federales donde se ordena la aplicación de importantes recortes respecto al presupuesto público ya aprobado para 2019.
Como se puede revisar en el documento, en él se plantea la eliminación del personal "de confianza" en las delegaciones federales de dependencias y entidades; un 30 % de recorte a materiales, viáticos y estudios e investigación y, un 50 % de recorte a exposiciones y subcontratación de servicios con terceros, un tipo de contratación violatoria a los derechos laborales bajo el que están decenas de miles de empleados estatales.
Acá el documento: 
“Pobreza franciscana”: realidad de los trabajadores estatales
Desde diciembre los despidos injustificados se hicieron presentes, a ello siguieron los recortes salariales a trabajadores con salarios de hasta 5 mil pesos, la ampliación de la jornada laboral y la carga de trabajo. Continuó el desabasto de insumos, que en áreas tan sensibles como el de la salud implica elementos esenciales para la supervivencia de cientos de miles de pacientes. Entre ellos los retrovirales, la insulina y el material quirúrgico.
La disminución del presupuesto ha incluido la suspensión de programas sociales o su reducción, como en el caso de las estancias infantiles que ha afectado a miles de familias y sobre todo madres solteras.
A la par de que pequeños sectores alzaron la voz para visibilizar que las medidas de “austeridad” no golpeaban centralmente a los altos funcionarios públicos sino a miles de trabajadores que con su sudor mueven la ciudad, un ofensivo discurso se desplegó desde el gobierno para justificar las medidas exponiendo que los despedidos eran aviadores, puestos artificialmente creados, no esenciales. Así, fortalecen la idea de que los servidores públicos son flojos y un sector privilegiado.
Sin embargo, la realidad de los trabajadores estatales es totalmente distinta. La austeridad llegó para la mayoría del sector hace décadas. Empezando por la falta de reconocimiento de la relación laboral, la ausencia de derechos elementales como el no contar con un seguro de salud o vacaciones, a la par de los constantes retrasos en pagos que en sectores como el INAH, obliga a las familias a vivir cuatro meses en la nada metafórica “pobreza franciscana”.
¿Sin dinero? ¿Qué salida hay?
El gobierno del Morena, además del argumento moral, ha planteado los recortes alrededor de la necesidad de financiar los distintos programas sociales a los que se ha comprometido. Una gran apuesta para consolidar la base social de un gobierno fuerte, que abarcaría más de 22 millones de beneficiarios.
Frente a ello, el gobierno se enfrenta a la contradicción de un bajo crecimiento económico, las presiones económicas del imperialismo estadounidense con un Trump que aprovecha cada oportunidad para redoblar sus ofensiva.
Además de los bajos niveles de recaudación fiscal y los millonarios de recursos que se destinan al pago de la deuda externa o el rescate bancario, que en ambos casos ha pagado su cifra original varias veces.
Estos elementos demuestran que la austeridad está golpeando centralmente a salud, educación y cultura pero mantiene intactos los intereses de los grandes capitalistas (como los banqueros), que se enriquecen basados en la explotación de trabajadores y recursos naturales, o los del imperialismo, con sus maquiladoras, zonas económicas especiales y megaproyectos.
Para financiar las necesidades sociales es necesario dejar de pagar la deuda externa y poner impuestos progresivos a las altas fortunas. A su vez, dejar de financiar elementos centrales que hoy desfondan el presupuesto público, como la Guardia Nacional -cuerpo que hoy se está usando para la represión y persecusión de migrantes y profundiza la militarización del país-, la cual tiene aprobados 70 mil mdp para su funcionamiento durante este año.
Como dice la histórica consigna: “Queremos escuelas, trabajo y hospitales, no queremos militares”.
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