Ajuste, represión, causas judiciales armadas, suspensiones, despidos y exoneraciones a 17 docentes, la verdadera cara de la actual gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quien buscará ser reelecta el próximo domingo.
El 16 de diciembre de 2015, en su último día de mandato, la ex gobernadora Fabiana Ríos firmó 17 exoneraciones a docentes de Tierra del Fuego. Una decisión que tenía como principal intención amedrentar a aquellos sectores que quisieran salir a luchar y que incluso iba en contra del propio procedimiento administrativo. Discípula del dirigente Alfredo Bravo, e histórica aliada a sectores del reformismo progresista como Pino Solanas, Alderete del PCR, De Genaro de Unidad Popular y otros que hoy integran el Frente de Todos en apoyo a la fórmula Fernández-Fernández. Ríos no dudó en atacar a quienes consideraba enemigos y dejar allanado el camino al próximo gobierno.
El sumario administrativo a los 17 docentes que utilizó las pruebas ofrecidas por las mismas fuerzas que participaron de la represión en el ingreso a Casa de Gobierno, recomendó sin embargo aplicar solo suspensiones como medida disciplinaria efectiva. El largo recorrido que siguieron las causas judiciales cuenta hasta ahora con cinco despidos efectivos, y once trabajadores y una trabajadora que estamos a la espera de la firma del decreto de exoneración luego de las elecciones.
Docentes exonerados - TDF
El armado del juicio oral en noviembre de 2015, viciado de acusaciones infundadas, sobornos a testigos y pruebas falsas, culminó, como era de esperar, con condenas de prisión en suspenso; pero puso de manifiesto los límites de un Poder Judicial que en el sistema democrático capitalista se presenta como un actor clave para garantizar impunidad a los sectores poderosos y castigo a quienes enfrentan al régimen.
Luego asumió Rosana Bertone como gobernadora por el Frente para la Victoria y profundizó el ajuste. La gobernadora no fue la excepción del “borocotismo” político del que hacen gala todos los políticos de los partidos burgueses: su trayectoria recorre el kirchnerismo, el llamado “peronismo perdonable” (transformándose junto a Schiaretti, en una de las mejores aplicadoras de las políticas económicas y represivas de Cambiemos y en parte de la liga de "los 10 gobernadores aliados a Macri"), para terminar nuevamente junto al kirchnerismo en el nuevo frente conformado junto a Alberto Fernández y todos los otrora traidores, hoy llamados “patriotas”.
Bertone no es un caso aislado, el kirchnerismo nacional viene acostumbrando a sus bases a una dieta a base de “sapos” electorales. A la baja de listas propias en Córdoba a favor del archi macrista Schiaretti, se sumaron los apoyos electorales a los impresentables antiderechos de Manzur y Alerovich en Tucumán.
El primer embate de la gobernadora vino de la mano del paquete de leyes aprobado en la madrugada del 9 de enero de 2016. Con las comunicaciones cortadas y bajo un impresionante operativo policial, los legisladores daban quórum y por mayoría aprobaban un ajuste que es recordado por el impacto que generó sobre los bolsillos y la economía de todas y todos los fueguinos. No solo en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo.
Como un manual que prefigura el proyecto de reforma jubilatoria que tiene en carpeta el FMI, Bertone y los legisladores de la UCR y el PJ votaron las leyes 1062/63/64 que le dan al Ejecutivo la facultad de manejar partidas presupuestarias y contratar obras por fuera de la reglamentación y los circuitos administrativos de contralor vigentes.
La ley 1068 de Emergencia de Seguridad Social y Previsional quita el 82 % móvil y le otorga facultades extraordinarias al presidente de la Caja de Jubilaciones designado por el Ejecutivo. Aumenta el aporte mensual de las y los trabajadores activos y fija un tope a las jubilaciones. La Ley 1069 de modificación impositiva aumenta al doble los ingresos brutos. Las leyes 1070 y 1071 desregula la obra social y separa la Caja de Previsión quitándole poder al directorio donde tienen representación activos y pasivos. La Ley 1072 que modifica condiciones de acceso a pensiones por vejez y la 1076 que aumenta los aportes y edad jubilatoria.
Ese año, cuando los estatales dábamos una lucha histórica para recuperar los derechos arrebatados por el “paquete de leyes”, los edificios públicos y las escuelas fueron militarizados, se removieron directivos y supervisoras, se armaron causas judiciales contra manifestantes, hubo allanamientos y secuestros de compañeros en plena madrugada. La imagen de la policía provincial protegiendo a los punteros que incendiaron el acampe y la zona liberada que permitió a la patota de camioneros desalojar los piquetes en la Planta Orión indica que Tierra del Fuego fue el laboratorio y el termómetro para quebrar la capacidad de resistencia de los y las trabajadoras en el resto del país, y Bertone fue la mano ejecutora de esas políticas.
Con semejante ataque, fue necesario rediseñar una lógica represiva que se adecue a la política nacional desde que la crisis económica se manifestó con más intensidad en todo el país. En ese sentido existe una línea de continuidad entre los desalojos en el Parque Indoamericano en 2010 que terminó con la muerte de dos jóvenes, la represión en la Panamericana dirigida por Sergio Berni en 2014, por el conflicto con los trabajadores de Lear, y los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista y la “doctrina Chocobar” de Bullrich.
La foto con Alberto Fernández en Río Gallegos junto a los candidatos Walter Vuoto y Martín Pérez a pocos días del inicio de la campaña presidencial, es todo un signo de lo que puede venir a partir de diciembre. La imposibilidad de cumplir con los pagos de la deuda y la necesidad de renegociarla, plantean un escenario de más ajuste y, por lo tanto, una política de consenso entre los gobernadores y quien eventualmente asuma la presidencia.
Desde el comienzo de su mandato Bertone se ubicó como la mejor alumna del ajuste. Seguida por Gerardo Morales en Jujuy y Alicia Kirchner en Santa Cruz, es quien más abiertamente a cumplido con las metas propuestas: la adhesión al pacto fiscal, el endeudamiento en más de 200 millones de dólares, la “reconversión” industrial, el cierre de paritarias, el ataque a la educación con la intervención de los profesorados del IPES, el intento de nombrar a Tierra del Fuego como provincia “Pro-vida” y su compromiso con la pastoral que se opone a la ESI, son muestras de sobra para caracterizar el período.
Bertone con la pastoral de "Invasión del amor de Dios"
Sistemáticamente hemos denunciado la complicidad de la UCR, el PJ, la justicia y sindicatos como ATE, UTGHRA, UPCN y un sector de la UOM, que durante estos años han dejado pasar un ataque, que no solo ha sido un golpe a las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, sino que también intenta vaciar el polo productivo de Tierra del Fuego en nombre de una engañosa reconversión industrial.
La apertura y baja de los aranceles de importaciones, combinado con la crisis y disputas de los mercados a nivel internacional, impactó profundamente en la vida de miles de trabajadores que fueron suspendidos y despedidos. Entre Río Grande y Ushuaia ya superan los 14 mil puestos de trabajo afectados.
El modelo de “provincia chica” (un viejo anhelo de los sectores que históricamente han concentrado la mayor parte de la actividad comercial vinculada al turismo extranjero, la pequeña y mediana industria textil y metalúrgica, la actividad portuaria y los recursos hidrocarburíferos), ha promovido el éxodo y la incertidumbre de miles de familias que viven al límite de sus posibilidades económicas.
Como en Jujuy, Tierra del Fuego fue el escenario en pequeña escala de lo que luego ocurriría en el resto del país, superando incluso al ajuste que gradualmente se fue aplicando desde el gobierno nacional de Mauricio Macri. Algo que no hubiera sido posible sin la colaboración de los gobernadores provinciales, tanto oficialistas como peronistas.
Justamente, Rosana Bertone, quien este fin de semana buscará su reelección encabezando la lista del PJ - Unidad Fueguina, ejecutó las exigencias del FMI, aún con el alto costo de despidos, quita de derechos y conquistas laborales, y la judicialización de las y los trabajadores que luchamos en la zona más austral del país.
Hay que frenar el ajuste, las persecuciones y proteger las fuentes laborales en una provincia rica en recursos, y para eso es necesario organizarnos junto al resto de las y los trabajadores, las y los estudiantes y la juventud precarizada. Para enfrentar las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y a quienes las aplican. Y romper con el FMI, antes de que éste rompa todo.
