Trabajadoras y trabajadores de los aeropuertos de Viru Viru en Santa Cruz, Jorge Wilsterman en Cochabamba y El Alto de La Paz se movilizaron en una tercera jornada de denuncias y reclamos.
Los días miércoles 12 y viernes 14 a las 13:00 de forma contundente y paulatina los sindicatos de los tres aeropuertos dieron cumplimiento a las decisiones emanadas de las distintas asambleas que determinaron en las tres regionales aplicar un plan de lucha para continuar con la exigencia del pago de incremento salarial, el respeto a sus organizaciones sindicales y la estabilidad laboral que está amenazada por el Estatuto del Funcionario Público. Asimismo se aprobó exigir la renuncia del Gerente General de SABSA (Servicio de Aeropuertos de Bolivia) Milton Claros.
Foto: movilización trabajadores del aeropuerto Wilsterman, Cochabamba.
A través de mitines los trabajadores denuncian que la empresa a la cabeza del Ing. Claros está ejerciendo una violación sistemática a sus derechos laborales, desde el incumplimiento de derechos básicos hasta la vulneración a la estabilidad laboral y el derecho a la organización, pues apuntan que desde la gerencia se ha desatado una fuerte ofensiva para desconocer la organización sindical, propiciando formas de amedrentamiento hacia las directivas, pese a que la Constitución Política del Estado garantiza ampliamente la libre asociación de los trabajadores.
Foto: movilización trabajadores del aeropuerto El Alto de La Paz.
Las y los trabajadores temen que a partir del desconocimiento de sus dirigencias el Gobierno intente iniciar un proceso de debilitamiento que culmine con la imposición del Estatuto del Funcionario Público, por lo que no se descarta la masificación y agudización de las movilizaciones ya que el reclamo de los trabajadores a la fecha no se limita al pago del incremento salarial y su respectivo retroactivo; las demandas han ido creciendo y hoy el objetivo principal es la defensa de la estabilidad laboral.
Como se recordará, la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, fue promulgada bajo el Gobierno del ex dictador Hugo Banzer Suárez en 1999, y fue uno de los últimos productos de la ingeniería normativa e institucional que el neoliberalismo impulsó a partir de la Ley N° 1178, SAFCO (Ley de Control y Administración Gubernamentales) de 1990. Este Estatuto impide y violenta los derechos a la organización sindical establecido como un derecho constitucional, además de vulnerar diversos derechos laborales para los trabajadores de la administración. Aumenta la fragmentación de las y los trabajadores y establece las conocidas “consultorías en línea” que se rigen por el Código Civil y no por leyes laborales, precarizando aún más el empleo dentro de las instituciones estatales. Esta ley anti obrera no sólo que ha sido sostenida por todos y cada uno de los gobiernos neoliberales sino que ha sido sostenida y defendida por el actual gobierno del MAS, intentando aplicarla en esferas productivas como sucedió, un par de años atrás, con los más de 500 trabajadores del litio que se vieron obligados a realizar sendas protestas para lograr ser reconocidos por la Ley General del Trabajo.
