Este año estallo una bomba en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y que la prensa ha llamado el “desastre de Rancagua”, debido a la investigación por tráfico de influencias y faltas a la probidad que pende sobre 3 jueces de la Corte de Apelaciones.
Producto de lo anterior es que la Corte Suprema mandató a la ministra Rosa María Maggi para realizar un informe de investigación, el cual ordenó la apertura de un cuaderno de remoción de los 3 magistrados implicados por su eventual responsabilidad en los delitos señalados.
El informe debía someterse a alegatos el pasado 7 de junio, sin embargo la defensa de uno de los magistrados de Rancagua reclamó las implicancias de 5 magistrados de la Corte Suprema, apelando a la imparcialidad para revisar el asunto.
Finalmente la Corte Suprema resolvió este sábado rechazar las implicancias reclamadas con 11 votos a favor y 3 en contra (de los ministros (Haroldo Brito, Carlos Jünsmemüller y Gloria Ana Chevesich) por lo que los alegatos para determinar la remoción de los jueces Rancagüinos serán oídos este próximo 21 de junio
Debido al escándalo que involucra a estos 3 jueces de la Corte de Rancagua es que se abrió un duro cuestionamiento sobre el poder judicial, el cual es un nuevo flanco para el gobierno de Piñera el cual está rodeado de problemas. La crisis de legitimidad en las instituciones golpeó ahora al poder judicial, para lo cual el gobierno propone una serie de reformas cosméticas.
El gobierno pretende cambiar algunos aspectos de la selección de los jueces, sin embargo no toca los aspectos más odiosos del sistema de selección de jueces o sus privilegios. Una verdadera reforma implicaría involucrar a la población mediante la elección popular de jueces para establecer un control sobre los administradores de justicia, además de ponerle fin a sus privilegios como los sueldos de casi 9 millones de pesos que reciben los ministros de la Corte Suprema. | 
