La sentencia del Tribunal Supremo, dada a conocer este viernes, condena a los cinco acusados como “autores de un delito continuado de violación” según los artículos 178 y 179 del Código Penal, con agravantes, y establece una pena de 15 años de prisión, inhabilitación durante el tiempo total de la condena, prohibición de acercamiento a la víctima durante 20 años y 8 años de libertad bajo vigilancia. En el caso de Antonio Manuel Guerrero Escudero, se lo considera también “autor de un delito de robo con intimidación”, por haber robado el móvil de la joven (para que esta no se pudiera comunicar con nadie después de la agresión).
Lo más importante del fallo, que sienta precedente, es la consideración de que hubo “un auténtico escenario intimidatorio” en el que la víctima “en ningún momento consiente”. Se trató de una “situación intimidante que hizo que la misma adoptara una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera, ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza, y las circunstancias personales de la víctima y de los acusados, lo que fue aprovechado por ellos para realizar los actos contra la libertad de aquella, al menos, diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales” asegura en el fallo, que ha sido adoptado por unanimidad.
Esta definición es importante, porque hasta ahora el Juzgado de Navarra y la Audiencia provincial habían calificado los hechos como “abuso” y no como “violación”, sosteniendo que no había habido “violencia”, aun cuando reconocían como hechos probados que no se trató de relaciones sexuales consentidas. El hecho de que la joven hubiera sido acorralada en un espacio pequeño por cinco hombres de gran contextura física (uno de ellos Guardia Civil y otro militar), no contaba para los magistrados como señal de intimidación. No solo eso, sino que uno de los magistrados de primera instancia llegó a calificar los hechos como “un jolgorio”, desestimando por completo el relato de la mujer. Una vez conocida la sentencia, los cinco acusados han sido detenidos.
El movimiento de mujeres y el caso de la Manada
“Esta justicia es una mierda”, “Basta ya de justicia patriarcal”, “No fue un abuso, fue una violación”, y “Uno de ellos es Guardia Civil”, fueron algunas de las consignas más escuchadas en las manifestaciones que desbordaron las principales ciudades españolas durante el juicio a los miembros de la Manada. El movimiento de mujeres se movilizó masivamente por este caso y se denunció el carácter patriarcal de la justicia.
Lo que se puso en cuestión era la manifestación de un sistema judicial que culpabiliza a las víctimas y naturaliza las agresiones sexuales, la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Un sistema donde jueces conservadores y machistas tiene la potestad de interpretar a su gusto los hechos y dictaminar sobre las vidas de las mujeres.
Por eso miles de personas salieron a las calles para manifestar su repudio, retomando las movilizaciones del 8M y la huelga de mujeres. El cuestionamiento a la justicia patriarcal tuvo un elemento muy progresivo, mostrando los límites de una institución reaccionaria que se encuentra a la ofensiva contra las libertades democráticas, encarcelando a los jóvenes de Alsasua por una pelea de bar o manteniendo la prisión preventiva a los presos políticos catalanes.
Diferentes sectores del movimiento de mujeres han celebrado este viernes la sentencia del caso la Manada como un hecho que permitirá avanzar en nuevas tipificaciones de los crímenes sexuales y en el reconocimiento de la violencia de género.
No es un caso aislado, se llama patriarcado
Cada vez que un caso como el de la Manada u otro de violencia hacia las mujeres toman relevancia mediática, desde los sectores más conservadores se intenta instrumentalizar el dolor las víctimas o sus familiares para exigir penas más duras en el Código Penal. Por eso, a la vez que acompañamos a las mujeres agredidas en su exigencia de justicia, es necesario abrir una reflexión y rechazar el populismo punitivista que nos ofrecen como alternativa.
En el Estado español ocurre una violación cada ocho horas -según datos oficiales-, aunque las organizaciones de mujeres denuncian que la cifra es mucho mayor, porque de cada 6 violaciones, solo se denuncia una. Una vez que las mujeres se deciden a hacerlo, deben pasar por el martirio de los interrogatorios policiales y la estigmatización en los medios de comunicación.
La antropóloga Rita Segato, después de haber trabajado durante años investigando el sistema carcelario, dice que la cárcel es “una verdadera escuela de violadores” y aporta información de cómo en países con una legislación más dura contra las agresiones de este tipo, los crímenes no han descendido. Por eso sostiene que no se puede detener estos crímenes ni con la ley ni con la cárcel, lo que hay que cambiar es la sociedad.
Si la fuerza del movimiento de mujeres en las calles se canaliza hacia una estrategia que pone el eje en exigirle al Estado y al aparato judicial (el mismo Estado que es cómplice del patriarcado, que expulsa a los inmigrantes y persigue activistas) penas más duras para los agresores, puede terminar legitimando a este aparato represivo, mientras se crea la ilusión de que con castigos individuales se puede terminar con la opresión hacia las mujeres.
Después de dos años de movilizaciones exigiendo justicia y repudiando el accionar de la justicia patriarcal, la reflexión más importante que hoy podemos hacer pasa por poner el valor la movilización y la autoorganización del movimiento de mujeres, de forma independiente del Estado capitalista y patriarcal. Ese es el camino que tenemos que seguir, para que ninguna de nuestras reivindicaciones sea instrumentalizada con fines opuestos a los que buscamos, ya que no se trata de fortalecer las instituciones represivas de esta sociedad capitalista y patriarcal, sino de hacerlas volar por los aires. |