La normativa del Enargas reglamentada por la resolución 336/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que los clientes residenciales tendrán la posibilidad de prorratear un 22% del total de las facturas emitidas a partir de julio, agosto, septiembre y octubre.
"Los montos objeto del diferimiento se recuperarán a partir de las facturas regulares emitidas desde diciembre y por cinco períodos mensuales, iguales y consecutivos. Los usuarios pueden optar por no acogerse a este beneficio, manifestando esa circunstancias ante la prestadora del servicio".
Es tal el impacto de los tarifazos en las familias trabajadoras que el gobierno emitió esta resolución, con la que intenta "aliviar" el golpe que en los meses de invierno se acrecienta debido al mayor y necesario consumo.
En marzo el gobierno impuso un aumento progresivo del 29% en las tarifas de gas. En abril fue de del 10% en abril, en mayo 9,1 y 7,5% en junio, mes en el que además las boletas pasaron de ser bimestrales a mensuales.
Aumentos para los trabajadores, beneficios para las privatizadas
La medida más allá de ser pura demagogia electoral, les garantiza a las empresas privatizadas de gas que el Estado se hará cargo de los intereses que abonará en forma mensual con la tasa para plazos fijos por montos de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) o superiores a plazos de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, denominada TM20, publicada por el Banco de la Nación Argentina.
Tal como dice la resolución, el costo financiero de este diferimiento, computado entre las fechas de vencimiento de pago original de las facturas y las de vencimiento de las facturas en las que se incluya cada cuota de recupero, será asumido por el Estado Nacional en carácter de subsidio. El costo fiscal de esta medida para el Gobierno serán $4500 millones, según cálculos oficiales.
Cabe preguntarse ¿cuántos puestos de trabajo podrían generarse con semejante suma que irá a parar a las privatizadas que desde hace años tienen ganancias millonarias y reciben subsidios del Estado?
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