Se cumplen 46 años de un golpe de Estado que no fue como “un rayo que cayese de un cielo sereno” sino que fue una acción premeditada desde intereses de poder de la clase dominante y el imperialismo, así como de buena parte de la elite política y militar de la época para cerrar un proceso de luchas sociales y políticas que la clase trabajadora y la juventud que se había iniciado años atrás no solo en Uruguay sino que en la región y a nivel mundial, principalmente desde el año 68.
El golpe fue también para terminar de imponer una mayor sujeción al capital internacional, bajo un régimen de liberalización económica, exportación de materias primas y endeudamiento externo. Al igual que en los países hermanos de la región que en su conjunto con Uruguay sufrieron el luego bautizado Plan Cóndor a partir de la implantación de una serie de golpes de Estado bajo la coordinación de EEUU, para desarrollar la represión y asesinato sistemático y genocida de miles de militantes sociales.
El golpe no fue contra la “democracia” como gustan presentar políticos de la centro izquierda frenteamplista y de la derecha hoy día. Una “democracia” asesina de estudiantes y militantes sociales, la “democracia” del pachecato, las medidas prontas de seguridad y el estado de guerra interno para reprimir trabajadores y estudiantes.
Las libertades reclamadas por los parlamentarios de turno aquella noche del golpe habían sido entregadas desde hace mucho y definitivamente desde que les entregaron a los militares en bandeja el pedido de salir a reprimir a las calles en 1972 cuando votaron el estado de guerra interno. Hoy día algunos políticos derechistas vuelven al redil cuartelero impulsando la vuelta a la represión militar con la campaña “Vivir sin Miedo”.
Como respuesta al golpe los trabajadores enfrentaron heroicamente a la naciente dictadura con una huelga general por casi 15 días. Su derrota, en la que también tienen responsabilidad las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero, abrió las puertas a más de 10 años de gobierno autoritario.
El régimen de la impunidad
En la salida de la dictadura se impuso la “democracia” de los pactos de impunidad en los que participaron los blancos, los colorados y el Frente Amplio, donde no solo significó la aceptación de la impunidad para los represores de la dictadura sino también las condiciones económicas impuestas por la dictadura y profundizadas por los subsiguientes gobiernos de la “democracia”. La precarización laboral, el culto a las inversiones extrajeras y el endeudamiento externo serán la base de los distintos “modelos” impulsados por los gobiernos de la derecha tradicional y también el Frente Amplio.
La impunidad de la mayoría de los represores, al día de hoy siguen siendo un puñado los represores condenados y encima con privilegios como las cárceles vip y la prisión domiciliaria, continua hasta el día de hoy. Hace pocos meses con la publicidad de las declaraciones del genocida de la dictadura José Gavazzo ante el “Tribunal de Honor Militar” se destapó una trama de complicidad con la impunidad y el ocultamiento de información no solo desde la casta militar encabezada por el ex comandante en jefe de Ejército y hoy candidato presidencial Guido Manini Ríos, sino también por el presidente Vázquez y sus funcionarios de gobierno como Miguel Ángel Toma.
La represión de ayer y hoy
No solo desde la campaña “Vivir sin Miedo” del derechista Larrañaga es que se impulsa la represión, el propio gobierno del Frente Amplio a intentado re prestigiar a las FFAA con su política de reconciliación impulsada por el presidente Tabaré Vázquez y continuada por José Mujica. También fortaleciendo a las fuerzas represivas con el decreto anti piquetes de Vázquez, con la creación de una Guardia Republicana Nacional, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) o el rol de las Fuerzas Armadas en la represión interna en la frontera, es innegable también el aumento de los efectivos, así como su mayor equipamiento y acceso a moderna tecnología que se usa para reprimir. En la reciente Marcha en Defensa del Agua pudimos ver algo de esto cuando oficiales de inteligencia policial infiltraron y reprimieron a manifestantes, acción luego justificada por el Ministro del Interior Bonomi.
La impunidad y el fortalecimiento de las fuerzas represivas del Estado no es una casualidad, es parte de una política de Estado impulsada por todos los partidos del régimen del Club Naval, para preparar la defensa de los intereses de los capitalistas locales y extranjeros a través de estos medios si les es necesario frente a cualquier cuestionamiento a su poder que se genere desde la clase trabajadora y la juventud.
Marchar contra la impunidad en este año electoral donde los partidos mayoritarios ocultan su acuerdo sordo de ajuste en contra de los trabajadores y el pueblo oprimido, es marchar no solo por la memoria y la justicia por los crímenes del pasado, sino que también en contra de la preservación de las fuerzas represivas que se preparan para reprimir a toda movilización popular que se atreva a resistir los ataques que están por venir. | 
