El proyecto de "toque de queda" juvenil fue presentado en abril por parlamentarios que integran el movimiento Acción Republicana- ahora en proceso de legalizarse como Partido Republicano-, liderado por José Antonio Kast, junto a los diputados de Chile Vamos Ignacio Urrutia (ex-UDI), los RN Miguel Mellado, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen, y el independiente Pablo Prieto.
La reaccionaria medida, llamada "Horario Protegido", pretende restringir la circulación de menores de edad entre las 00:00 y 06:00 horas, con el argumento de "reglamentar el tránsito nocturno de menores de edad en espacios públicos a fin de proteger su integridad, por medio de la prohibición de circulación en el rango horario señalado".
Si la medida llegase a aprobarse, en ese tramo horario "solo podrán circular por la vía pública los menores de edad que se encuentren debidamente acompañados de un adulto responsable, con la finalidad de proteger al menor. Con todo, si así lo estiman necesario, cada comuna podrá establecer horarios protegidos distintos a los señalados precedentemente". ¿Y si no se cumple con la autoritaria medida? Se multará a padres o tutores con cifras que alcanzarían las 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, $193.412.
Los parlamentarios del que sería el nuevo Partido Republicano y de Chile Vamos dicen que la medida es para "combatir la delincuencia" en la juventud; o sea, su manera de enfrentar un problema social y estructural de esta sociedad capitalista es reprimiendo y coartando libertades mínimas y básicas de las personas, como es la libre circulación. ¿Qué hay detrás de iniciativas como esta? ¿Se deben admitir proyectos como este?
Medida populista que une a la extrema derecha, Gobierno y ex Concertación, y gran abstención ciudadana
Bajo la "cruzada contra la delincuencia juvenil", y de manera populista, la extrema derecha, el gobierno de Piñera y sectores de la vieja Concertación- como el cuestionado Partido Socialista- buscan "dar respuesta" a un problema estructural mediante medidas coercitivas y represivas. Nuevamente, y para sus fines electorales, usan de "chivo expiatorio" a la juventud. Esta vez lo hacen con una iniciativa "democrática" como es el plebiscito consultivo, con el objetivo de "legitimar" una propuesta autoritaria que restringe las libertades y derechos democráticos básicos, incluso garantizados por la Constitución como es el derecho a la libre circulación, a reunión y asociación.
La medida fue impulsada en las comunas de Las Condes (alcalde UDI), Lo Barnechea (RN), Colina (UDI), La Florida (independiente ligado a la UDI), La Reina (UDI), Peñalolén (DC), Antofagasta (independiente ligada a la derecha) y Quilpué (PS).
Además, la propuesta otorga facultades a la policía represiva, asesina y corrupta, para detener y retener a jóvenes, pero, acaso, ¿hay confianza en una institución como Carabineros, deslegitimada y acusada, constantemente, de violar derechos humanos básicos, de golpear a jóvenes en las calles, de reprimir a estudiantes incluso en sus salas de clases, de abusar sexualmente de niñas en las comisarías, y de asesinar a jóvenes como Camilo Catrillanca? ¿Quién confía en que no los golpearán o torturarán como ha sido con cientos de casos?
Incluso, organismos internacionales como la ONU han manifestado preocupación por el aumento de la violencia policial y diversos casos de abuso en Chile. En el informe periódico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, año 2017, el Estado chileno dio cuenta de 802 casos de "uso excesivo de la fuerza por parte de policías", entre 2010 y 2017. La entidad internacional, en ese entonces, planteó resquemores por "los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes", refiriéndose a casos de manifestaciones sociales, y "abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos", ante la situación de represión cotidiana que se vive en la Araucanía. Esta situación se acentúa cuando se trata de jóvenes y estudiantes.
La derecha y el Gobierno, apoyándose en sus medios de comunicación, han realizado toda una campaña ofensiva para criminalizar a la juventud, con otras medidas como Aula Segura y el cuestionado Control de Identidad a menores de 14 años. Ahora, impulsaron la iniciativa del plebiscito ciudadano y este lunes difundieron los resultados de la consulta, enfatizando en el "amplio apoyo" que habría en la población. Sin embargo, la cifras muestran que la gran mayoría de las personas, de las comunas en cuestión, no participaron de la propuesta.
En el caso de Quilpué- donde su alcalde es Mauricio Viñambres del Partido Socialista- se realizó la consulta este domingo y hubo 19.089 votos a favor del proyecto, no obstante, el padrón electoral de la comuna es de 129.100 personas, es decir, solo el 15% aprobó la iniciativa, y un 83% de la población habilitada para sufragar no participó.
De acuerdo al alcalde de Quilipué con los resultados ahora se pasaría a confeccionar la ordenanza, un escrito que sería enviado a distintas organizaciones relacionadas a temas de niñez. Posteriomente, la medida se votaría en el Concejo Municipal.
En el caso de la comuna de Antofagasta- liderada por Karen Rojo, independiente ligada a la derecha- votaron 13.851 personas, correspondiente al 5,2% del padrón electoral. Fueron 11.755 personas las que estuvieron a favor de aplicar un horario límite y 2.096 quienes rechazaron el proyecto.
En el resto de las comunas donde se hizo la consulta el panorama fue similar, con la abstención por lejos como primera mayoría. El promedio de participación fue del 8,8%: 14,5% en Las Condes, 12,4% en Lo Barnechea, 9,0% en La Reina, 8,2% en Colina, 6,1% en Peñalolén, 4,7% en La Florida, sumado a las otras comunas ya mencionadas.
Rechacemos esta medida represiva y las políticas criminalizadoras contra la juventud
Esta medida es un claro ataque contra libertades democráticas mínimas, y es parte del discurso criminalizador del Gobierno y la derecha contra la juventud, donde apelan al "combate a la delincuencia" en base a políticas represivas y autoritarias, ignorando el tema de fondo y la estructura desigual de esta sociedad que genera pobreza, segregación, discriminación, violencia y delincuencia; donde existe más de un 15% de desempleo en la juventud (entre los 15 y los 24 años), un 21,1% de las y los jóvenes empleados- según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadística en 2016-, lo hace sin protección contractual y otro 26,2% no cuenta con protección previsional; sumado a que los sueldos más precarios son para mujeres y jóvenes, que en Chile no existe derecho garantizado para todas y todos en la educación, entre muchos otros factores.
Hay que hacer un amplio y fuerte llamado a rechazar el proyecto de "toque de queda" juvenil y los plebiscitos que impulsa la derecha y el Gobierno- con la venia de sectores de la mal llamada "oposición"-, en base a la criminalización de la juventud, pues esta medida atenta con derechos y libertades democráticas básicas de la juventud.
El problema de la delincuencia no puede ser respondido mediante políticas represivas, autoritarias y populistas, pues hay un problema estructural de esta sociedad de clases, desigualdad y precariedad. Las y los jóvenes son quienes reciben sueldos más bajos, quienes están expuestos a trabajos precarios como podemos verlo en aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya, entre otras, a tasa de desempleo más elevadas, y trabajos donde muchas veces no cuentan con medidas básicas de seguridad y derechos laborales.
Planteamos el rechazo a este proyecto reaccionario, al contrato laboral juvenil, al contrato de aprendizaje y todas las formas de precarización que afectan a las y los jóvenes del país; y, por el contrario, apelamos a salarios acorde a la canasta básica familiar de $450.000, a la reducción de la jornada laboral a 3 horas diarias en caso de jóvenes que además estudian, repartiendo entre ocupados y desocupados, para terminar con el flagelo del desempleo y la precariedad, y dejando tiempo para descansar, estudiar, para el ocio, y pasar tiempo con las familias; al derecho irrestricto y universal a la educación gratuita, laica y no sexista, con gobierno y control comunitario; y al derecho al voto a todos los jóvenes desde los 14 años.
Hacemos un llamado a luchar contra las causas reales del flagelo social de la delincuencia que empresarios, gobiernos y sus partidos buscan descargar sobre la juventud. Ellos son responsables por mantener salarios y pensiones de hambre, educación y salud precaria para pobres y de lujo para ricos, escasas oportunidades para el deporte y falta de lugares para el esparcimiento de la juventud, entre otros factores. Para terminar con estas miserias, debemos luchar por cambiar esta sociedad de desigualdad, partiendo por utilizar recursos que tiene el país en pos de necesidades sociales, de nuestros derechos, y no al servicio de las ganancias de una minoría que permite la existencia de una sociedad que genera miseria y precariedad para cientos de miles de niños, niñas y jóvenes. |
