En la mañana del 6 de agosto de 2013 Rosario se sacudió. Al principio nadie entendía nada. Un estallido, un temblor y luego la desesperación. Lo que comenzó como una fuga masiva de gas terminó en una explosión en el edificio de Salta 2141, pleno centro de la ciudad.
Las víctimas fatales fueron 22. Hugo Montefusco, María Esther Cuesta, Juan Natalio Pennice, Ana Rizzo, Carlos López, Débora Gianángelo, Adriana Mattaloni, María Emilia Elías, Estefanía Magaz, Domingo Oliva, Florencia Caterina, Soledad Ulián Medina, Federico Balseiro, Maximiliano Vesco, Roberto Daniel Perucchi, Teresita Babini, Maximiliano Fornarese, Eraselli Clides Ceresole, Lydia D’Avolio, Santiago Laguia, Luisina Contribunale y Beatriz López.
Sus familiares se organizaron para evitar la impunidad. Durante muchos años denunciaron la corrupción de la empresa y su relación con los distintos gobiernos. Cada 6 de agosto marcharon o se concentraron para pedir justicia.
Este martes el Poder Judicial les dio una respuesta. La que no querían. Decidió condenar a Carlos García, el gasista que manipuló el regulador minutos antes de la explosión, a 4 años de prisión. Así se taparon todas las responsabilidades de la empresa Litoral Gas y su gerencia.
Los abogados de la familia de Débora Gianangelo, que continuaron el juicio hasta el final, habían planteado que “esta tragedia no es la causa de dos gasistas que estuvieron el 6 de agosto. Es una cadena de negligencias, de imprudencias, de infracciones al deber de cuidado y a las normativas”.
Al conocerse la sentencia el hermano de Débora fue uno de los que mostró toda su bronca. "Esto es la corrupción. Hay jueces corruptos y la sociedad no está acá. Acá solo están las familias de las víctimas".
“Es el maquinista de la tragedia de Once; es el hilo que se cortó por lo más delgado", dijo a los medios otra de las familiares, Marcela Nissoria.
Privatizaciones, tarifazos e impunidad
Las principales propietarias de Litoral Gas son Techint y Suez-Tractebel, la filial local del grupo francés Suez. Es la concesionaria provincial tras la privatización de Gas del Estado en 1992, impulsada por Carlos Menem y Carlos Alberto Reutemann. Aquella privatización quedó en el recuerdo porque fue aprobada sin el quórum necesario. El PJ utilizó los famosos "diputruchos".
Más allá de las responsabilidades últimas del gasista, aquella masacre fue una de las consecuencias más brutales de la privatización de los servicios públicos. La empresa incumplió por más de 20 años los requerimientos de inversión, así como los estándares de atención y mantenimiento. Los vecinos de Salta 2141 denunciaron las respuestas de la empresa a sus reclamos los días previos a la explosión.
Una tragedia que se expresa en la falta de derechos de la población para acceder a los servicios básicos. Aún hoy, el 77 % de los distritos santafesinos no tiene tendido de gas natural. No lo han resuelto las privatizadas ni tampoco la empresa estatal Enerfe.
Sin embargo, en los últimos años Litoral Gas ha sido una de las ganadoras del tarifazo. Según informó Marcos Peña a la Cámara de Diputados Litoral Gas se alzó en 2017 con una ganancia de 377 millones de pesos, una mejora del 58% respecto del ejercicio anterior. Esos números siguieron creciendo.
Ganancias que contrastan con la situación de cientos de miles de santafesinos en este duro comienzo del invierno. Y también con el interminable dolor por las víctimas de aquella explosión. | 
