La Prefectura Naval Argentina celebró sus 209 años de vida, la fuerza que dirige el Prefecto General Eduardo Scarzello. Este lunes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich participó del acto y utilizó todos los medios presentes para volver a darle un espaldarazo a una de las fuerzas que está bajo su órbita.
Bullrich felicitó a la institución por su aniversario y destacó los importantes logros de la fuerza en materia de prevención del delito. Además, destacó los esfuerzos del gobierno para brindarles equipamiento, como material flotante de última generación, destinado al control de fronteras y lucha contra el narcotráfico.
También destacó el compromiso del Gobierno de Mauricio Macri para otorgar mejoras salariales al personal retirado, que ahora perciben hasta el 85 % de los haberes del personal activo. Tras esta declaración, Bullrich consiguió un encendido aplauso. Algo que no podría lograr en un auditorio compuesto por jubilados, que perciben un 60 % del salario promedio de un trabajador registrado, y que vienen exigiendo percibir un 82 % móvil del salario en actividad.
La ministra continuó su discurso con afirmaciones temerarias. "El Gobierno no ha de abandonar al personal de la Prefectura, vamos a hacer mucho más que comprarles equipo y mejorarles el salario, también vamos a modificar leyes y reglamentos para que los uniformados dejen de padecer por el solo hecho de llevar un uniforme".
¿Cuáles serían las leyes que modificarían para que los uniformados dejen de “padecer”? Tal vez se refiera a ir más allá de legalizar el gatillo fácil, como hizo el pasado 3 de diciembre cuando el Ministerio de Seguridad oficializó el reglamento que habilita a las fuerzas represivas a usar armas de fuego y disparar por la espalda.
A Bullrich no le alcanza con esta reglamentación. ¿Querrá nuevas leyes para dejar impune al prefecto que asesinó a Rafael Nahuel? Recordemos que a mediados de junio detuvieron a Francisco Pintos, agente del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, responsable de matar al joven mapuche el 25 de noviembre de 2017. Nahuel fue asesinado por la espalda en territorio recuperado de Villa Mascardi.
Esta detención se produce después de un fallo de la Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro, que ordenaba la detención del prefecto Pintos, bajo la acusación de matar con su fusil a Rafael Nahuel y dispusieron que se lo juzgue por “homicidio agravado” y no por “exceso en la legítima defensa”, que es el cargo que le había aplicado en enero pasado el juez Leónidas Moldes. El fallo desmentía el relato de la ministra Bullrich, del “enfrentamiento” armado luego de un “ataque” de jóvenes mapuches.
Durante el acto, la ministra añadió otras declaraciones para dar más confianza de impunidad a los prefectos. "Hemos visto muchas situaciones injustas de prefectos que son señalados por el solo hecho de ser prefectos. Nosotros queremos que nunca más se discrimine a un argentino por llevar un uniforme...".
¿Situaciones injustas que atraviesan los uniformados? El de Nahuel no es el único caso de prefectos asesinos que defiende la ministra Bullrich. En septiembre del año pasado, seis uniformados de esta fuerza fueron condenados con penas de hasta 10 años de prisión por torturar a dos jóvenes integrantes del colectivo La Garganta Poderosa, el 24 de septiembre de 2016. Un fallo inédito. Por primera vez se condenaba por torturas a los uniformados.
La ministra realizó una conferencia de prensa para respaldar a los condenados. Afirmó que pretendía “desenmascarar la mentira de La Garganta Poderosa sobre la acusación a la Prefectura por los hechos en la Villa 21-24”, donde aseguró que la organización social sostiene una “mentira”. “La mentira y el relato tienen que frenar”, agregó, y acusó a La Poderosas de querer que “se meta el narcotráfico y la venta de estupefaciente esté liberada”. Esto ocurría en la misma semana en la que se logró identificar al prefecto del Grupo Albatros que disparó contra Rafael Nahuel.
Los casos de prefectos que “ejercen” el gatillo fácil, no termina acá. En agosto de 2018, Cristopher Rego, un joven de 26 años, fue asesinado en el barrio porteño de Parque Patricios. Por el crimen hay ocho prefectos detenidos.
Un mes después de este crimen, otro cabo de la prefectura asesinaba a sangre fría. Fue por una discusión de tránsito en la Autopista Illia, mano a la provincia de Buenos Aires. Damián Cutrera, fue asesinada de un tiro en el tórax delante de su mujer y dos amigos que viajaban con él, por el prefecto Daniel de Jesús Acosta.
La lucha contra el narcotráfico, otro relato
En el acto por el aniversario de la Prefectura Naval Argentina, también tomó la palabra el jefe de los prefectos. El General Eduardo Scarzello, quien conduce la institución que conforman más de 21.000 hombres y mujeres, realizó un balance general de la actividad de la fuerza destacando los "logros" institucionales en la lucha contra el narcotráfico. Ensayó el discurso de campaña que propone Mauricio Macri.
Fue con este objetivo que el Presidente se reunió el pasado 2 de mayo con el equipo del Ministerio de Seguridad, a quienes impulsó a que salgan a exponer algún “éxito” (ante tantos fracasos económicos y políticos). Los temas elegidos para mostrar estos éxitos serían: la lucha contra el narcotráfico y las mafias.
Fue así que Scarzello, sostuvo que los "logros significativos de la fuerza" se encuentran en las detención de 760 delincuentes; 61.000 kilogramos de estupefacientes decomisados y 460 narcotraficantes y mulas apresados, entre otras cifras que ofreció.
Estos datos son de dudosa confiabilidad. Parafraseando a Lilita Carrió podríamos decir: “A Bullrich le ponen droga para que aparezca, pero el negocio sigue”. La diputada de Cambiemos por una vez dijo una verdad. Es Vox populi que las incautaciones que hacen las fuerzas de seguridad, sea bajo el mando de Patricia Bullrich u otros gobiernos, son una puesta escenográfica para la tribuna.
El negocio del narcotráfico no podría existir sin la complicidad y la participación de las fuerzas de seguridad. Este negocio capitalista necesita de una logística para transportar las sustancias ilegales. ¿Cómo logran pasar las fronteras, los aeropuertos, los puertos marítimos, sino es con la participación de los uniformados?
La Prefectura Naval, la institución policial más antigua del país, tiene un amplio despliegue territorial. A esto hay que sumar la cantidad de gendarmes, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y militares.
Sin embargo las fronteras son un colador, como suelen decir los gobernantes, y esto se debe a que funcionarios, uniformados, jueces, fiscales son parte de estas organizaciones mafiosas. Argentina no es una excepcionalidad. Este es un negocio sangriento que beneficia a un puñado de capitalistas que recaudan anualmente más de 500 billones de dólares a nivel mundial. Semejante cantidad de mercancías y dinero no puede ser traficada al margen de funcionarios de instituciones estatales.
En Argentina no existen los grandes carteles, como ocurre en otros países, no obstante las bandas dedicadas a la venta de sustancias ilegales -que recluta a jóvenes para hacer el “trabajo sucio” como los llamados “soldaditos” en Rosario- mantienen parecidas características organizativas. Estas bandas están asociados a empresarios, a los que administran los puertos, a los banqueros que blanquean sus ganancias, políticos, jueces y las “malditas policías”. Estos en escasas oportunidades son apresados.
Mienten Mauricio Macri y Patricia Bullrich cuando hablan de "éxitos" en la lucha contra el narcotráfico. Algo que sí sería una excepcionalidad argentina, porque en el mundo este negocio ilegal no para de crecer.
Informes como los producidos por el fiscal Federico Delgado, dan cuenta que el 73 % de las causas por violación a la “ley de estupefacientes" que llegaron a su fiscalía, fueron por tenencia para consumo personal. El resto de los apresados son las "mulas" o los que se dedican al "narcomenudeo"; mientras los jefes de las bandas criminales gozan de buena salud.
De hecho la venta y circulación de sustancias prohibidas está regulada, ilegalmente, por parte de las fuerzas policiales locales. Algo que quedó demostrado en provincias como Córdoba y Santa Fe, donde toda la cúpula policial estaba involucrada en redes narco.
La defensa cerrada de Patricia Bullrich a los uniformados, implica el fortalecimiento del crimen organizado, en tanto continúan con la "quema de drogas" para la campaña electoral.
Legalizar todas las drogas, es una medida inicial para desbaratar a las bandas criminales.
La legalización de todas las drogas y una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo, y la reducción de daños, son derechos y una libertad que habrá que arrancar con la más amplia movilización.
En tanto las drogas sigan prohibida, el Estado capitalista tendrá una herramienta más para criminalizar a la juventud (sobre todo de los sectores populares). | 
