De acuerdo con el informe presentado a principios de 2019 por el Gobierno nacional, elaborado por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2015 y diciembre de 2018, las fuerzas de seguridad detuvieron a 64 mil personas en 59 mil procedimientos vinculados con el narcotráfico. Las incautaciones y detenciones ¿son indicadores de una avance en el combate al narcotráfico? ¿Cómo se evalúa si hay resultados positivos del combate a estas bandas sangrientas?
Luego de este informe el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, lanzó el Programa de Intervención Contra la Comercialización de Drogas. Se trata, según el subsecretario Martín Verrier, a cargo del área de Lucha contra el Narcotráfico, de "un programa contra el narcomenudeo que involucra a las fuerzas federales”. Una nueva oficina para el marketing publicitario.
En el país, como en el resto del mundo, las fuerzas de seguridad intervienen en las redes complejas de tráfico. Son estas fuerzas policiales y militares que regulan la venta y circulación de sustancias prohibidas. El programa que acaba de implementar Bullrich, para “perseguir” con las fuerzas federales el narcomenudeo, es darle más poder a los que regentan este negocio. Más uniformados en las calles terminará por incrementar el gran delito.
Este negocio millonario, según informes de la ONU mueve aproximadamente 500 billones de dólares en el mundo. Semejante cantidad de mercancías y dinero no puede ser traficada al margen de funcionarios de instituciones estatales y empresarias. Estas mafias están asociadas a fuerzas de seguridad y militares, jueces, fiscales, políticos, a los que administran los puertos, a los banqueros que blanquean sus ganancias.
Veamos el caso argentino. La Ciudad de Rosario lamentablemente es noticia por la cantidad de "soldaditos", jóvenes vulnerables que son cooptados por las bandas narcos. Los barrios pobres de esta ciudad sufren las consecuencias de este negocio ilegal, que creció amparado por los poderosos.
La privatización del Banco de la Provincia de Santa Fe y los puertos de Rosario, son esencialmente parte del problema. Salió a la luz que este banco lavaba dinero, y que en los puertos de Rosario se "exportaban" sustancias ilegales que se conoció en el operativo arroz. Cuando estos operativos salen a la luz es porque se cortó la cadena de mando. Esto ocurrió cuando la cúpula de la Policía de la Provincia de Santa Fe quedó bajo sospecha luego de la detención de su exjefe Hugo Tognoli. A partir de allí se conocieron parte de los entramados criminales.
Estos ejemplos son una pequeña muestra que este negocio capitalista necesita de una logística para transportar las sustancias ilegales. ¿Cómo logran pasar las fronteras, los aeropuertos, los puertos marítimos, sino es con la participación de los uniformados y funcionarios estatales? ¿Qué harían con las recaudaciones millonarias, sino pudieran blanquearlo en el circuito legal?.
El Ministerio de Seguridad publicó el informe elaborado por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de mostrar que el gobierno avanzó en la lucha contra el narcotráfico. Luciana Pol, investigadora y miembro del Equipo de Política Internacional del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), habló con La Izquierda Diario sobre estos temas. Consultada sobre si los grandes decomisos demuestran que el Gobierno implementa una política efectiva para combatir el narcotráfico, Luciana Pol respondió “que haya aumentado los decomisos, no nos dice nada de este mercado. Solo si se ha bajado la oferta, se aumenta el precio, estaríamos hablando del mercado de drogas”.
Un informe del fiscal Federico Delgado aporta otro ángulo al tema. El 73 % de las causas por violación a la “ley de estupefacientes" que llegaron a su fiscalía, fueron por tenencia para consumo personal. El resto de los apresados son las "mulas" o los que se dedican al "narcomenudeo"; mientras los jefes de las bandas gozan de buena salud.
A esto hay que añadir un informe reciente de la Cicad-OEA, que determinó que Argentina tiene una demanda de sustancias ilegales proporcionalmente similar a la registrada en los Estados Unidos.
Otro dato que habla de la falsa estrategia del gobierno para combatir el narcotráfico lo ofreció el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según el informe global sobre producción y venta de drogas publicado recientemente, Argentina "no tiene una estrategia para prevenir el lavado de activos".
El documento, subraya que el país es atravesado diariamente por un flujo multimillonario de dinero procedente "de falsificaciones, tráfico de drogas, transacciones que intentan legitimar capital y otros delitos de contrabando".
Este dato es revelador, porque si el gobierno se propusiera enfrentar a estas mafias que se cobran miles de vidas, deberían atacar sus cuentas bancarias. Sin embargo el gobierno hizo todo lo contrario. El Plan de Sinceramiento Fiscal, permitió no solo que el hermano del Presidente, Giancarlo Macri, blanqueara $ 622 millones, sino que otros capitales ilegales ingresarán al circuito bancario.
¿Cuál sería la salida para poner en jaque este negocio?
Para combatir el narcotráfico hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.
La conformación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores, acompañada por la nacionalización del comercio exterior y de todos los puertos aduaneros privatizados, limitaría el crimen organizado.
Mientras que la legalización de todas las drogas, pondría en jaque a las mafias que las comercializan y evitaría los miles de asesinatos cometidos por los carteles y bandas narcos.
La política de guerra contra las drogas que promueve el gobierno de Cambiemos, es un fracaso estrepitoso que llevó, en las últimas cuatro décadas, al avance de cárteles narcotraficantes a nivel mundial. Sin embargo estas políticas son muy redituables para los gobernantes que incrementan, sin control, los presupuestos que administran. Según un informe de la oficina de drogas y delitos de Naciones Unidas, se gasta en el mundo unos 100 mil millones de dólares por año en lucha contra las drogas. El 95 % de este dinero es destinado a seguridad y solo el 5 % a la salud pública.
Legalizar las drogas implica invertir las prioridades. El presupuesto millonario tiene que estar dirigido a políticas sanitarias para la atención de los consumidores en riesgo, junto a dispositivos de reducción de daño. En tanto la prohibición es una herramienta más que tiene el Estado capitalista para criminalizar a los sectores más vulnerables de la juventud.
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