Para nadie resultó indiferente el brutal asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca (24) a manos de Fuerzas Especiales de Carabineros a finales del año pasado. No podía ser de otra manera, ya que tanto la derecha como los gobiernos progresistas que han administrado la herencia de la dictadura han dejado claro cuál es su política hacia los pueblos oprimidos: represión, persecución política y saqueo de tierras.
Este caso que resultó ser el punto de inflexión en torno al apoyo popular hacia un gobierno débil como es el de Sebastián Piñera, por fin tiene responsables políticos concretos: el ministro del Interior y primo del presidente, Andrés Chadwick y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, por "no velar la sujeción de Carabineros al control del Ministerio".
Sin embargo, este aspecto del informe resulta confuso, porque fue precisamente la política del Ministerio del Interior -con su Comando Jungla- el de dar rienda suelta al actuar criminal de Carabineros. Además, la comisión se abstuvo de catalogar el asesinato como uno "extrajudicial", es decir, de considerar que el crimen de Camilo no constituye una ejecución deliberada por parte del Estado, lo cual resulta extraño porque entonces la comisión estaría asumiendo que hubo una justificación legal del crimen. Pero entonces cabe hacerse la pregunta ¿qué proceso estaba llevando adelante Carabineros? ¿Por qué un equipo especializado en combate contra guerrillas entró en los terrenos de una comunidad disparando armas automáticas?
De esta manera, es cómo a la vez que la oposición correctamente aclara las responsabilidades políticas del crimen, se cuida de declararlo como lo que es: parte de una larga cadena de violaciones a los derechos humanos del pueblo nación mapuche por parte del Estado chileno que se mantiene desde hace siglos. | 
