El informe elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sigue trayendo réplicas y declaraciones tanto en el mismo país en crisis, Venezuela, como en Chile, en donde distintos sectores políticos y sus referentes han salido a dar cuenta de su opinión al respecto.
Sin duda, el documento hace explícita la vulneración de derechos en el país tanto a nivel económico como político y social, con casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, entre otras denuncias. Ante esto, Maduro respondió rechazando las conclusiones del informe, señalando que este "no es objetivo ni imparcial" y que tiene una visión "selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en el país. Este tipo de respuesta por parte del presidente de Venezuela son recurrentes, a no ser que se trate de informes favorables o que no lo responsabilicen de la catastrófica situación en el país en todos los ámbitos.
Es necesario señalar, y tal como manifestamos en La Izquierda Diario Venezuela este informe llega en un momento particular tras "la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, luego de haber sido brutalmente torturado en la DGCIM, mientras permanecía detenido por dichos servicios de inteligencia, acusado de participar en un complot golpista contra el presidente Nicolás Maduro. También se produce poco después de que agentes de policía del Estado Táchira dejaran sin ojos por perdigonazos al joven de 16 años, Rufo Chacón, que protestaba pacíficamente por la falta de gas en su comunidad. Dos situaciones que caldearon el ambiente político".
Hablando de las repercusiones en Chile, el presidente de la derecha empresarial, Sebastián Piñera, fue enfático en señalar lo útil y necesario del informe para los intereses de la derecha continental, agrupada en el Grupo de Lima, quienes le han solicitado a Bachelet entregar este informe como evidencia a la Corte Penal Internacional.
En esa misma línea, es que la ex candidata presidencial y una de las principales referentes del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se pronunció al respecto sobre el mismo informe, con una salida a esta crisis que no dista los mismos planes de la derecha latinoamericana bajo la injerencia estadounidense de Donald Trump.
Vía Twitter, Sánchez manifestó que el informe de la ONU “Es demoledor”, y que “Por el bien del pueblo Venezolano, Maduro debe dar un paso al costado, asumir su responsabilidad en violaciones a los DDHH y permitir elecciones libres a la brevedad.”
Hablar de cómo las declaraciones de Sánchez se cuadran y colindan con la postura de la derecha, no es antojadizo. La petición de “elecciones libres" está encuadrada en el mismo discurso de Juan Guaidó cuando se autodesignó presidente, y es a quien menos le interesa cuestiones de “democracia”. Ya los vimos cómo al mismo tiempo que hacía esas afirmaciones, intentó golpes de estado que resultaron en un fracaso, todo con el amparo y apoyo del gobierno estadounidense y sus aliados internacionales, y peor aún hizo alusión a la intervención militar extranjera. ¿Qué tiene que ver esto con democracia? Absolutamente nada. Y actualmente se encuentran discutiendo posibles negociaciones, a espaldas del pueblo, con el mismo gobierno de Maduro que tiene sumido en una crisis profunda al pueblo trabajador venezolano, pactos de lo que no saldrá nada favorable a los trabajadores.
Un aspecto no menor es que Sánchez no denuncia la hipocresía y la doble moral de la derecha latinoamericana, así como la de Trump y y el imperialismo, y termina haciendo "frente único" con estos violadores de derechos humanos con sus respectivos pueblos, y en el caso de Estados Unidos en el mundo. Así, los dichos de la referente del Frente Amplio sirven a los objetivos reaccionarios de esta derecha continental y del imperialismo que lo menos que les interesa es la defensa de los derechos humanos.
Hay que defender los derechos humanos en Venezuela, pero de una manera independiente. Los trabajadores son los más grandes interesados en denunciar y en exigir el esclarecimiento de toda esta situación, una situación que cae aún con más peso sobre la clase trabajadora. Pero, llamamos a no caer en la demagogia de la derecha, que hará uso igual, como ya lo ha hecho, y ya muestra su rostro, de estos mismos métodos, y de hacer creer que "están por la defensa de los derechos humanos".
Tanto un posible gobierno de Guaidó como el mismo gobierno de Maduro finalmente llegan a un punto en común, precarización al pueblo trabajador, ya que mientras el primero pretende implementar el mismo modelo neoliberal que ha traído hambre para el resto de América Latina y solo beneficios a los grandes empresarios; el segundo ha priorizado a los mismos funcionarios de gobierno y a los militares, así como sectores empresariales que le son afín, convirtiéndolos en un sector privilegiado a costa del trabajo de las y los venezolanos, e incluso pagando una fraudulenta deuda externa a los buitres internacionales.
Y es que finalmente, la salida a la crisis sólo puede ir de la mano de la organización del pueblo pobre y trabajador venezolano, a través de un programa obrero de emergencia, que se proponga el no pago de la deuda externa venezolana y la nacionalización al 100% de la industria petrolera venezolana, bajo control y gestión de las y los trabajadores, especialistas y comunidades, y que las ganancias producidas sean para quienes mantienen a flote a esta industria. Son estas y otras medidas las que el pueblo trabajador debe levantar, con su propia fuerza y movilización.
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