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30 de noviembre de 2024 Twitter Faceboock

Poder Judicial
Caso “Operación Huracán”: Nuevamente declara en calidad de imputado el Fiscal Moya
Esteban Valdebenito

Este 12 de julio en el juzgado de garantía de Temuco Sergio Mora tuvo que declarar nuevamente en calidad de imputado por su participación en el montaje contra el pueblo mapuche: la escandalosa "operación huracán”.

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Moya en el Ojo del Huracán

El Fiscal Moya, que intentaba mostrarse como el paladín de la justicia sacando a la luz uno de los mayores escándalos que azotaron al poder judicial, denunciando a su propio superior de zona el fiscal Arias bajo 4 puntos: obstrucción a la justicia, tráfico de influencias en el caso Caval, ocultar información sobre malversación de fondos por mas de $3.500 millones en el municipio de Rancagua y la sustracción de una base de datos de la propia fiscalía de Rancagua a manos particulares, terminó siendo acusado devuelta por el propio Arias, el cual evidenció la asociación ilícita entre Moya y el ex oficial de Carabineros, Patricio Marín, donde se entregaban instrucciones para que se elaborara un informe de inteligencia que sería entregado finalmente al Ministerio Público.

Recordemos que la llamada "Operación Huracán" se transformó en un escándalo al interior del gobierno y de las policías, después que la fiscalía señalase que las supuestas pruebas de las que fueron acusados los once comuneros Mapuche, realmente fueron puestas en los celulares de los acusados en medio de un montaje policial. Antes de que esto se hiciese público, los abogados de los comuneros y los propios acusados, ya habían denunciado que todo se trataría de un montaje y una operación de inteligencia de parte del Ministerio del Interior, que los acusaba directamente de Asociación Ilícita.

Este montaje que ya fue descubierto y no olvidamos, viene a demostrar directamente la reaccionaria unidad entre el Estado chileno y sus propias instituciones, en pos de seguir, una vez más, criminalizando y deslegitimando las reivindicaciones del Pueblo Mapuche.

El Chile de la democracia para ricos que diseñó la Dictadura hoy se encuentra en un profundo cuestionamiento. Y la crisis de legitimidad también golpea al poder judicial.

Si el fiscal Moya y Abbott intentaron hacer de Arias un chivo expiatorio, haciendo público lo que se denominó el desastre de Rancagua, con el intereses de mostrar a los medios una especie de “limpieza” e intolerancia frente a la corrupción, la crisis que abrió la participación del Moya en “Operación Huracán”, vino a tirar por tierra esta posibilidad.

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También Carabineros

A días de conocerse los resultados del informe de la comisión investigadora que fue levantada desde el mismo Ministerio del Interior, que da por “responsable político” al propio Andrés Chadwick en el asesinato de Camilo Catrillanca, sigue haciendo noticia las operaciones y montajes que fabrican las instituciones del Estado tanto contra el pueblo mapuche como a distintos sectores sociales movilizados, como a los trabajadores de Chuquicamata que estuvieron en huelga, a los profesores movilizados y a la juventud que siguen siendo el blanco preferido de la represión del Estado.

Pero Piñera busca entregar más facultades a la policía, y crea leyes como Aula Segura, además del toque de queda juvenil que impulsan los municipios de la Derecha y la concertación. Es parte de una verdadera cruzada contra la juventud, el sector social que a lo largo de una década de luchas ha logrado abrir un verdadero cuestionamiento a la herencia de la Dictadura.

La foto que forma la Operación Huracán, la colusión de los fiscales, y la mano directa del Ministerio Público para promover la represión, el espionaje y los montajes contra los sectores movilizados, pone de manifiesto el rol social que cumplen estas instituciones del Estado, que es defender los intereses de la clase dominante, los empresarios, utilizando “caretas democráticas” para validar la represión.

Terminemos con la justicia para ricos

El sistema judicial actual es parte integra de la herencia del pinochetismo, una casta selecta de jueces y fiscales con sueldos millonarios que defienden los intereses de los ricos, para los que reina la impunidad, tanto como para los propios empresarios, como se vio en el caso Penta-Soquimich, como para los genocidas de la dictadura que viven en “cárceles de lujo”.

Es necesario terminar con la justicia para ricos, y la casta de jueces millonarios. Necesitamos terminar con la herencia de la dictadura, que todo juez cobre lo que gana un trabajador calificado, pelear para que todo juez sea revocable y electo por votación popular.

 
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