En la etapa final del juicio que se tramita en La Plata, Fiscalía y casi todas las querellas acusaron por más y diversos delitos, demostrados durante el debate oral. Piden incorporar el caso de Victoria Moyano.
Este miércoles, en los Tribunales Federales de La Plata de calle 8 y 51, se llevó adelante una nueva audiencia del juicio contra una veintena de genocidas por su actuación en la Brigada de Investigaciones de San Justo durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
En esta instancia tanto la Fiscalía, a cargo de Alejandro Alagia, como gran parte de las querellas (integradas por sobrevivientes, organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación) realizaron diversas ampliaciones de las acusaciones.
Se pidió que se sumen al juicio casos que no habían sido incorporados en la instrucción y se agreguen delitos a la acusación penal que son parte de una continuidad delictiva y de una conexidad objetiva y subjetiva con los que están siendo juzgados en el juicio, por lo que deben ser incorporados en este proceso. Esos hechos interconectados, durante el juicio, quedaron probados.
Los genocidas imputados fueron obligados a presenciar esta instancia especial del juicio. En este caso, Leopoldo Luis Baume, actualmente con prisión domiciliaria, estuvo presente en la sala mientras el resto lo hizo por videoconferencia. El hecho es de destacar, toda vez que el Tribunal viene permitiendo sistemáticamente que los acusados estén ausentes en el proceso oral y público.
En un momento de la audiencia dos de los abogados defensores pidieron al Tribunal que ordenara bajar un cartel que desde el público se mostraba con la frase "los genocidas son también violadores". El argumento era que el cartel interfería el desarrollo de la audiencia. Las querellas defendieron la libertad de expresión y señalando que no era cierta la interferencia. El Tribunal no hizo lugar al pedido y el cartel en alto acompañó toda la audiencia.
Homicidios
Primero el fiscal federal Alejandro Alagia planteó una ampliación de acusación por privación ilegal de la libertad seguida de muerte. Lo hizo en el caso de los jóvenes de la UES, fusilados el 28 de diciembre de 1977. Se trata de Enrique Ricardo Rodríguez Ramírez, Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Alejandro Aibar, Luis Ángel “Polenta” García y los hermanos Jorge y Juan Fernández González.
También en el caso de José Rizzo, cuya muerte fue fraguada por los genocidas como “enfrentamiento”y su cuerpo fue reconocido por el Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes brindaron testimonio en el juicio. Y por el homicidio de Hermann Von Schmeling, muerto en las sesiones de tortura en la Brigada. Tambien por el caso Corrales.
A su vez la Fiscalía incorporó los casos de personas que habían sido trasladadas a otros centros clandestinos y no fueron vistas nunca más. Haciendo un paralelismo con los vuelos de la muerte, ya que la Fiscalía entiende que eso alcanza para considerar “homicidio” esos casos. Esa postura no es acompañada por las querellas de Justicia Ya! y la APDH, para quienes esas compañeras y compañeros siguen estando desaparecidos y es el Estado el responsable de decir que fue lo que sucedió y en ese sentido sostienen la exigencia de la apertura de los archivos.
Desde Justicia Ya! La Plata agregarían dos casos más a la lista de homicidios incorporada por la fiscalía. Se trata de Juan Ventura Rodríguez y Epifania Ramírez, padres del joven de la UES Enrique Rodríguez, quienes fueron asesinados por la patota de la Brigada de San Justo cuando secuestraron al hijo.
Delitos sexuales
La Fiscalía y la mayoría de las querellas ampliaron por delitos sexuales cometidos por los genocidas de San Justo contra Adriana Chamorro, Olga Araujo, Norberto Liwsky, Abel de León y José Eduardo Moreno. Justicia Ya! agregaría luego los casos de María Dolores Serbia, Jorge Heuman y Ana María Espósito, a lo que adhirió la APDH.
El fiscal hizo las imputaciones por delitos cometidos en el marco del artículo 127 del viejo Código Penal (relacionado al “abuso deshonesto”). A esto adhirió Justicia Ya! aunque desde esa querella aclararon que entienden que deben referirse a la integridad sexual de las víctimas.
La abogada María Luz Santos Morón, de Justicia Ya!, dijo a este diario que “no son delitos de instancia privada, sino que se dan en el marco de una serie de delitos de lesa humanidad, es decir de instancia pública donde el Estado debe llevar adelante su juzgamiento. Esos delitos no son aislados sino que eran parte de una práctica sistemática y generalizada en los centros clandestinos de detención llevada adelante por los represores y avalada por los jerarcas”.
Justicia Ya! La Plata planteó en su ampliación que, en el marco de este juicio, hubo casos de ex detenidos desaparecidos que declararon haber sido víctimas de abusos sexuales estando en condición de presos políticos y sociales, algo no menor en una sociedad que en los últimos años ha avanzado en la denuncia de “ni una menos”, contra los femicidios, la trata de personas, el reclamo por el derecho al aborto y las múltiples denuncias por abuso sexual infantil y eclesiástico. En tal sentido, los delitos sexuales no son un delito más dentro de los tormentos y las torturas, sino que son delitos específicos contra la integridad sexual y así debe ser reconocido y juzgado por el Estado.
Ante eso, la querella interpeló a los jueces planteándoles que son ellos los responsables de juzgar de esta manera y ahora. No es algo que pueda esperar diez años más o a la impunidad biologica por la fragmentación y la justicia a cuentagotas.
Nuevos casos
La querella de Justicia Ya! también incorporó la ampliación respecto a otros casos, por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos que no habían sido tenidos en cuenta en la instrucción pero quedó demostrado que fueron secuestrados por el mismo grupo de represores de la Brigada de San Justo.
Entre esos casos está el padre de Alfredo Moyano, padre de María Victoria Moyano Artigas, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y cuya madre, María Asunción Artigas, sí fue incorporada como caso al iniciar el juicio. La querella de Justicia Ya! plantea que es inadmisible que Artigas haya sido tenida en cuenta como víctima en el proceso y no así su compañero Moyano, cuando ambos habían sido secuestrados en 1975 y llevados a la Brigada de San Justo, además de recorrer otros centros de detención del llamado Circuito Camps en su segundo secuestro en el año 77.
Teniendo en cuenta que la pareja era uruguaya y la persecusión y represión se llevó acabo en los dos paises, la ampliación plantea que su caso se encuadra dentro de la mecánica delictiva del Plan Cóndor, del que participaron y coordinaron fuerzas armadas conjuntas e inteligencia de países del Cono Sur.
Otro planteo solo realizado por Justicia Ya! se refiere al delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores (conocido comúnmente como apropiación) en perjuicio de la misma Victoria Moyano, entendiendo que hay una clara conexidad de su caso con el resto de los tratados en el juicio, ya que los represores que cumplieron funciones en la Brigada de San Justo son también partícipes necesarios de su apropiación.
No solo porque ella nació en el Pozo de Banfield (parte del Circuito Camps) sino porque su apropiador Oscar Penna (quien le daría la niña a su hermano) y el médico de la Policía Bonaerense Héctor Vidal (que intervino en el parto) fueron protagonistas directos de la Brigada de San Justo y están siendo imputados en este juicio.
Justicia Ya! La Plata sumó al caso de Alfredo Moyano otros que tampoco habían sido tomados inicialmente por la instrucción de la causa. Ellos son Alejandro Kohn, Dora Beatriz Pobo, Harallampo Gribo, Catalina Cotula Ávalos, Jorge Gribo, Oscar Garra, Ramón Iramain, Sara Ucha, María del Carmen Sosa y Rosa Agüero.
Las otras querellas
Un dato a destacar es que la querella representada por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo no realizó ningún tipo de ampliación, ni en el sentido de los homicidios, ni en el de los delitos sexuales ni en los casos de apropiación de bebés.
En el caso de la querella de la APDH, en su ampliación, adhirió al planteo general de la Fiscalía respecto a los homicidios (exceptuando los casos en los que no se comprobaron fehacientemente las muertes). Y desarrolló en extenso el punto de los delitos sexuales relacionándolos al plan genocida.
La querella representada por el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) adhirió a todos los planteos de la Fiscalía.
Y en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (a cargo del macrista Claudio Avruj) acompañó las ampliaciones de la Fiscalía, con la misma salvedad que otras querellas en los casos en que no se haya comprobado fehacientemente que se haya asesinado a las víctimas.
En este caso, siendo el propio Estado el querellante (a través de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Buenos Aires), queda comprobada la voluntad del Gobierno de limitar su actuación en los juicios de lesa humanidad al mínimo, recostándose solo sobre lo que hagan los fiscales. Es decir, que los juicios no avancen más allá de lo que quieran los jueces y el Ministerio Público.
Luz Santos Morón, quien además de encabezar la querella de Justicia Ya! La Plata junto a Pía Garralda (APEL) y Nicolás Tassara (Fundación Anahí). Ella es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y analizó ante La Izquierda Diario la jornada.
Para la letrada, la ampliación realizada desde ese espacio tuvo el objetivo de “que se reconozcan aquellos delitos y aquellos casos de compañeras y compañeros que pasaron por el centro clandestino de detención Brigada de San Justo que no estaban siendo incorporados en el proceso. Y además por los casos de delitos sexuales que salieron a la luz en el marco de este juicio, en un contexto social y político donde este tipo de delitos no están más invisibilizados y se vuelve una necesidad que se llevaron adelante como parte del plan genocida”.
“A su vez el planteo de incorporación de la apropiación de Victoria Moyano Artigas como caso en este juicio nos parece importante porque hay una conexidad directa entre esa apropiación y el accionar de estos genocidas”, afirmó Santos Morón.
Justicia Ya! también sumó la acusación de que todo el plan llevado adelante en ese centro clandestino fue parte de un plan más amplio. “Fue parte de un plan a escala internacional e incluso aplicado desde antes del 24 de marzo de 1976 en Argentina. Hablamos del Plan Cóndor, donde actuaron fuerzas conjuntas y coordinadas del Cono Sur, que usaron la Brigada de San Justo como una de sus bases de operaciones. Por eso le exigimos al Estado que reconozca lo que fue el plan genocida en toda su magnitud”.
El 14 de agosto será la próxima audiencia, donde las defensas deberán responder a los planteos realizados este miércoles por la Fiscalía y las querellas. Luego el Tribunal resolverá si cita nuevamente a indagatorias a los acusados para evaluar la incorporación de estas nuevas acusaciones al proceso. | 
