Este jueves 18 de julio se cumplió la sexta jornada de protesta social en Puerto Rico exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Aunque la misma fue menor, comparada a la masiva movilización que recorrió las calles del Viejo San Juan el miércoles y que culminó en La Fortaleza (residencia oficial del gobierno), la indignación generalizada continuó con diversas concentraciones en diferentes puntos de la Isla y con el anuncio de nuevas acciones de descontento.
Desde el fin de semana pasado, el país quedó atrapado en una grave crisis política institucional que derivó en la renuncia de varios miembros del gobierno y que incluso golpea con fuerza en la estabilidad del propio gobernador, quien se halla fuertemente cuestionado por la mayoría de la población e, incluso, se encuentra sin el apoyo de los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), su fuerza partidaria, y del otro agrupamiento seudo opositor el Partido Popular Democrático (PPD).
Al respecto es interesante detenerse en analizar las causas que hacen que en esta semana la Isla del Encanto se encuentre atravesando por una experiencia histórica, de consecuencias inimaginables. Si bien la furia de la población estalló el sábado cuando se conoció el contenido de un chat privado entre Rosselló y algunos de sus colaboradores más cercanos, la raíz del descontento social es mucho más profunda.
Entre otras cuestiones, habría que remontarse a la situación que viene padeciendo la población desde hace más de un década cuando estalló una fuerte bancarrota financiera quedando Puerto Rico desde entonces con una brutal recesión. Al compás de la crisis económica estadounidense, la Isla se encuentra sumida en una profunda depresión. Desde 1996 ha perdido la mitad de los empleos en la manufactura, con una desocupación que oscila entre un 15 y un 35 % en el marco de una tasa de participación laboral de 40%; o sea que, el 60 % de la población en edad de trabajar se encuentra por fuera del mercado. A eso se suma que más de 50 % de la población vive bajo niveles de pobreza. La deuda pública asciende a 73 mil millones de dólares, cifra que equivale al 96 % del Producto Nacional Bruto. Ante este panorama, la principal respuesta fue el abandono del país. En la última década, más de medio millón de boricuas se fueron a los Estados Unidos: el último censo reveló que viven más puertorriqueños en el continente que en el archipiélago.
Ese escenario, en gran medida, se debe sobre todo al abultado crecimiento de la deuda. Esta se explica por su singular situación política: al ser una jurisdicción fiscal independiente, los intereses de los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico se hallan exentos de impuestos, lo que ha resultado muy atractivo para los inversionistas. A eso se añade una importante reducción impositiva a los sectores más concentrados y a las corporaciones junto con un generalizado rescate con fondos públicos a esos grupos económicos.
La condición colonial implica la subordinación al poder político norteamericano, Puerto Rico no puede solicitar ayuda de otros países, carece de control monetario y no puede declararse en quiebra. En otras palabras, la crisis boricua, es ante todo una crisis política y económica estructural de su situación de sometimiento nacida con la firma del Tratado de París de 1898.
Esta situación en los últimos años se agravó con las consecuencias que dejó el paso del huracán María cuando el 20 de septiembre de 2017 atravesó al conjunto de las islas desde el sureste hasta el noroeste, con vientos de más de ciento cincuenta millas por hora junto con intensas lluvias que destrozaron el hermoso archipiélago caribeño. De este modo el impacto de esta catástrofe natural hay que contextualizarla dentro de la grave crisis económica antes mencionada. Frente a ello, la solución brindada por parte del Congreso de Estados Unidos fue la aprobación de un drástico programa de austeridad con el objetivo de pagar la abultada e ilegítima deuda externa. Así, en junio de 2016, con el aval del expresidente Barack Obama, se aprobó la Ley PROMESA, por la cual se impuso una Junta de Control Fiscal (JCF) que se erigió por encima de la constitución boricua y de cualquier legislación nativa. Desde entonces, con el apoyo del gobierno local, de la Legislatura isleña y de los partidos políticos (PPD y PNP), se produjo un empeoramiento de las condiciones laborales (entre ellas, reducciones en los salarios y despidos) junto con un draconiano recorte presupuestario en áreas de educación, salud, vivienda, etcétera.
Ahora bien, esa situación explosiva se combinó con el desastroso manejo de la crisis que hizo el gobierno tras el huracán. No solo en el momento de la tormenta y los meses posteriores a la misma (donde, entre otras cuestiones, Rosselló se demoró más de un año en reconocer públicamente las miles de personas que habían fallecido como consecuencia de la tempestad) sino también en el lento proceso de recuperación de los destrozos. No solo eso, el mencionado gobernante mostró su desidia ante esos hechos hasta cuando decidió adjudicar un contrato de 300 millones de dólares para restaurar la electricidad a Whitefish Energy, una empresa del estado de Montana sin experiencia en grandes desastres. O bien, cuando se descubrió la existencia de miles de botellas de agua potable que nunca se repartieron en la antigua base naval de Roosevelt Road en Ceiba, con el fin de especular con la venta de las mismas.
Sin embargo, las acusaciones contra Rosselló y su gabinete no finalizaron ahí. Las acusaciones contra el manejo de su gobierno se acrecentaron en el transcurso del presente año. Estas se agudizaron a partir de la renuncia de la secretaria (de origen estadounidense) del Departamento de Educación Julia Keleher a fines del pasado mes de marzo acusada de varios casos de contratos incompatibles con sus labores gubernamentales. Una funcionaria que desde sus inicios de su gestión se encargó sistemáticamente de destruir el sistema de educativo con el modelo de escuelas charter junto con el cierre de cerca de trescientos establecimientos escolares y el despido de más de cuatro mil docentes. Ella junto con Ángela Ávila Marrero, quien hasta hace poco más de un mes estuvo a cargo de la Administración de Seguros de Salud, y cuatro personas más (el exsubcontratista Alberto Velázquez Piñol, el expresidente de la firma BDO, Fernando Scherrer, la contratista Mayra Ponce y la ex asistente de la secretaria de Educación, Glenda Ponce) fueron arrestadas tras ser acusados con un total de 32 cargos, entre los que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero, por una estafa al Estado de cerca de un 15.5 millones de dólares en contratos. Valga aclarar que las detenciones se producen en dos de las áreas (educación y salud) más críticas y golpeadas por el plan de ajuste sobre la población por parte de la JCF.
Sin embargo, las denuncias sobre corrupción que rodea a Rosselló no finalizaron, estas se acrecentaron al conocerse las declaraciones del Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien expresó en forma pública a través de una transmisión radial que el departamento que encabezaba existía una “mafia institucional” y que él mismo había sido víctima de extorsión por parte de un “alto funcionario de la Fortaleza”; en otras palabras, de la sede del gobierno, hecho que derivó en se proceda a destituirlo de sus funciones, agravando el escándalo de su gestión al frente de Puerto Rico. Pocas horas después, la situación se agravó cuando el hijo del funcionario despedido denunció que el gobernador tergiversó la auditoria que había efectuado la administración para conocer el uso de las donaciones recibidas tras el paso del huracán María por parte de la entidad privada Unidos por Puerto Rico, dirigida por la primera dama Beatriz Rosselló.
Es evidente, como bien escribe el historiador Francisco Moscoso (El Nuevo Día, 18/07/2019), que la corrupción gubernamental no es un hecho nuevo en la historia de la Isla, ni tampoco es exclusivo de Puerto Rico. Lo que sí es cierto, que estas prácticas están íntimamente vinculadas al uso de los fondos públicos y las transacciones con distintas empresas privadas; ambos partidos gobernantes (el PNP y el PPD) han desarrollado en forma alternada estas ilícitas prácticas políticas desde su conformación como Estado Libre y Asociado en 1952. Más aún, el padre del actual mandatario, Pedro Rosselló fue acusado de numerosos casos de mal manejo financiero y de contratos poco transparentes bajo su mandato como gobernador entre 1993 y 2001.
Ahora bien, veinte días más tarde de producirse esas acusaciones, se conoce el contenido del chat de Telegram de 889 páginas donde se revelan los diálogos entre el gobernador con once participantes del mismo. La información suministrada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) registró desde el 30 de noviembre de 2018 al 20 de enero del presente año las conversaciones entre Rosselló con el ex secretario de Hacienda, Maldonado; el ex secretario de Estado, Luis Rivera Marín; el entonces asesor legal del gobernador, Alfonso Orona; el principal oficial financiero y representante del gobierno ante la JCF, Christian Sobrino; el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, el ex representante del gobierno ante la junta, Elías Sánchez Sifonte, entre otros individuos.
Si bien el chat contiene diversas expresiones grotescas, misóginas y homofóbicas hacia una amplia diversidad de políticos (aliados y opositores), funcionarios, periodistas, figuras públicas y privadas, una de las cuestiones más impactantes fue el menosprecio que las autoridades tenían por las muertes ocurridas como consecuencia del huracán María. Además, de eso el contenido de las conversaciones pone al descubierto el uso de diferentes instrumentos jurídicos que se emplearon para perseguir a funcionarios, o bien, salen a luz los distintos medios que utilizaron para tergiversar las cotidianas operaciones gubernamentales. En otros términos, de acuerdo con el CPI, el chat corrobora la participación del gobierno en la expoliación de los fondos públicos a través de la venta de influencias, contrataciones y obtención de beneficios por parte de la administración de Rosselló.
Ante esta situación, comenzaron a producirse desde el sábado numerosas protestas y movilizaciones exigiendo la renuncia del gobernador. Al correr de los días, se fue sumando una mayor cantidad de participantes con el expreso mandato de que renuncie a su cargo. Además, distintas entidades como la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios, la Federación y la Asociación de Maestros, la Unión General de Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se adhirieron a este reclamo. Tampoco es menor la queja de algunos sectores del ámbito empresarial (sobre todo, el turístico porque las marchas se producen en el casco histórico) que coinciden en la salida del mandatario.
En ese contexto, la marcha del martes con cerca de 500.000 participantes (sobre una un poco más de tres millones de personas) agudizó la estabilidad institucional del país. De esta manera, Puerto Rico está viviendo una coyuntura histórica, donde no solo se encuentra en juego la permanencia en el cargo de un gobernante (e incluso del conjunto de la casta política) sino también se pone en discusión su situación colonial, ya que también en estas jornadas se debate en diversos sectores el papel de la JCF y los Estados Unidos. En ese sentido, habrá que observar cómo el establishment puertorriqueño y norteamericano salen de este impasse sin alterar su particular sistema de dominación imperial sobre la población, en la que ésta cada día se convierte en una mayor protagonista en estos acontecimientos. |
