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La constitución política de la República de Nicaragua, elaborada por el poder sandinista, entró en vigor el 1 de enero de 1987. Si bien contenía referencias apoyadas en la revolución, sus valores y objetivos (incluida la "economía mixta" y el "no alineamiento"), institucionalizaba principalmente formas políticas democrático-burguesas, junto con un hiperpresidencialismo inspirado en lo que existe en diversos grados en el continente americano. Es en el marco de esta Constitución que se celebraron las elecciones generales (presidenciales y legislativas) del 25 de febrero de 1990, después de que se hubieran anticipado algunos meses de acuerdo con los compromisos del FSLN.
La oposición, muy dividida, finalmente pudo presentar un frente común gracias a los esfuerzos del sector burgués "moderado" liderado por el empresario Antonio Lacayo, yerno de Violeta Chamorro, logrando imponer, gracias al apoyo de los Estados Unidos, la candidatura a la elección presidencial. Simultáneamente, se formaba la Unión Nacional de la Oposición (UNO), una coalición heterogénea de catorce partidos, incluyendo somozistas y anti-somozistas, que van desde diferentes variantes de conservadores o liberales –las dos corrientes tradicionales de la burguesía nicaragüense–, hasta los pequeños partidos "comunistas" PSN y PCN. (...)
El enfoque de su campaña fue bastante simple: la única forma segura de evitar el regreso a la guerra, de instalar una democracia y de poner fin a las privaciones era el voto a favor de la oposición. Frente a los militantes y al Estado movilizado por el FSLN, la UNO se benefició de fondos sustanciales proporcionados por los capitalistas nicaragüenses, pero también por la CIA y otras agencias imperialistas de los Estados Unidos (George HW Bush, un republicano convencional y pragmático, había sucedido en la presidencia de los Estados Unidos al mucho más virulento Ronald Reagan, quien había denunciado, por ejemplo, los acuerdos de Esquipulas y Sapoa como capitulaciones ante los sandinistas).
Los resultados anunciados el 26 de febrero por el Consejo Supremo Electoral tuvieron el efecto de una bomba. En el contexto de una participación muy fuerte (más del 86% de los registrados), Chamorro ganó las elecciones presidenciales con el 54.7% de los votos, contra el 40.8% del presidente saliente Daniel Ortega (el resto se divide entre otros siete candidatos). La UNO también ganó la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional: 51 de 92, contra 39 de los sandinistas y 2 de otras formaciones. (...)
El cansancio provocado por la guerra y sus terribles consecuencias, con sus más de 30,000 muertos y otros tantos mutilados o heridos con secuelas, así como su procesión de destrucciones; el embargo, las sanciones económicas, el apoyo decisivo para la Contra y la agresión directa (voladuras de los puertos nicaragüenses) de los Estados Unidos; la grave crisis económica que había resultado de ello; la impopularidad de la conscripción obligatoria para todos los hombres jóvenes entre las edades de 17 y 26 años, obligados a servir bajo las armas durante dos años; el autoritarismo de la dirección sandinista y los privilegios que se había otorgado; las políticas de austeridad que aplicó desde febrero de 1988, que solo afectaron a las clases populares, viendo que al mismo tiempo los capitalistas eran beneficiados con fuertes recortes de impuestos y otros regalos de "incentivo", así como una reafirmación de sus derechos de propiedad ... La convergencia de todos estos factores derrotó al gobierno de los "comandantes".
El acuerdo Ortega-Chamorro
Al día siguiente de la votación, el problema central se convirtió en la "transición" entre el gobierno del FSLN y el gobierno de la oposición, que debía instalarse dos meses después. Con una economía devastada y todas las palancas del estado, especialmente sus fuerzas represivas (ejército, policía, servicios de seguridad), estaban en manos de los sandinistas, ¿cómo podrían gobernar las nuevas autoridades? Tres días después de la encuesta, el organismo oficial del FSLN, Barricada, declaró públicamente su principal límite rojo: "El Frente Sandinista defenderá, dentro del marco constitucional, la integridad y la profesionalidad del Ejército Popular Sandinista y el Ministerio del Interior."
El 13 de marzo, la Asamblea Nacional Sandinista adoptó una "Ley General de Amnistía y Reconciliación Nacional", promulgada de inmediato, cubriendo todos los eventos ocurridos desde el 19 de julio de 1979, comenzando por las masacres, delitos y abusos cometidos por la Contra contra la población. El 27 de marzo, los representantes de los dos gobiernos, salientes y entrantes, firmaron el "Protocolo para la Transferencia del Mandato Presidencial del Gobierno de la República de Nicaragua". Este documento estipulaba en particular el reconocimiento de las elecciones democrático-burguesas en el marco del orden constitucional como base para la construcción de la democracia y la paz; la aceptación y la garantía legal de donaciones de propiedades urbanas y rurales realizadas por el Estado antes del 25 de febrero de 1980; medidas de indemnización para las personas que hayan sufrido expropiaciones; [2] la desideologización y despolitización del ejército, así como la reducción de sus efectivos (entre 1990 y 1996 de 87.000 a 14.000), cuyo alto mando, sin embargo, sería preservado.
Humberto Ortega el 9 de julio de 1990, envió el EPS para limpiar y destruir las barricadas erigidas en Managua, como parte de una huelga general, por otros sandinistas, sindicalistas y activistas de base, a quienes calificó de "radicales". "ultraizquierdistas", "dogmáticos", "tradicionalistas congelados en el pasado"; por otro lado, aseguró en esta ocasión que "las fuerzas armadas nunca atentarán contra la Constitución, nunca darán un golpe de Estado contra ningún gobierno, ni mucho menos al de Violeta Chamorro, que conquistó el poder legítimamente". (Barricada, 10 al 12 de julio de 1990).
Del mismo modo, el EPS no dudó en reprimir con la mayor violencia al movimiento de las Recompas, los "compa”ñeros que, después de su desmovilización, habían "re”tomado las armas para protestar contra la miseria y hacer oír sus reclamos. Uno de estos destacamentos, que tomó el nombre de FROC (Frente Revolucionario Obrero y Campesino), ocupó la ciudad de Esteli en julio de 1993 por "una serie de exigencias, incluyendo la financiación para pequeños y medianos campesinos, el acceso a la salud, la creación de empleos, la no privatización de la educación, la legalización de las propiedades otorgadas por el gobierno anterior, dando prioridad en todos los casos a aquellos que han sido despedidos del ejército", así como "demandas específicas para los exmilitares". [3] Interviniendo inmediatamente, el ejército restableció el orden después de los combates en los que utilizó artillería, tanques y helicópteros, según sus fuentes con cuarenta y cinco muertos.
Los jefes sandinistas y la “piñata”
Durante el período de febrero a abril de 1990, la Asamblea Nacional aprobó una serie de leyes cuyo propósito declarado era proteger los derechos adquiridos de los trabajadores urbanos y rurales. Esto puede haber sido el caso en parte, pero a corto plazo, dado que los empleados estatales tuvieron que soportar los planes de reducción de personal impuestos por el FMI, los empleados privados fueron economizados por los despidos y cierres de empresas, mientras que los salarios unos y otros fueron seriamente atacados y cortados por la inflación. De acuerdo con las leyes 87 y 88 del 2 de abril de 1990, los pequeños agricultores que, a mediados de la década de 1980, habían sido asignados individualmente a tierras confiscadas de la familia Somoza, recibieron títulos de propiedad en principio permanentes. Pero muchos de ellos, privados de ayuda y acceso al crédito, no tuvieron otra alternativa que ceder o abandonar su explotación para ir a engrosar la masa de los pobres urbanos. Al mismo tiempo, el proceso de concentración agrícola comenzó nuevamente y los latifundios prosperaron.
Las leyes 85 y 86, de 29 de marzo de 1990, sobre la reforma urbana permitieron que unas 200.000 familias obtuvieran la propiedad de su vivienda (gratis por debajo de los 100 m² y con un costo proporcional a la superficie adicional si superaban esos metros). Pero también cubrieron la apropiación de muchos dirigentes y cuadros sandinistas (ministros y sus colaboradores, funcionarios, oficiales militares ...) de propiedades lujosas que habían sido confiscadas por el estado después de la toma del poder. El argumento utilizado para convencer a la base militante sandinista fue que la confusión que, por la fuerza de las circunstancias, se había establecido entre el FSLN y el Estado, llevó al hecho de que el primero nombrado no poseyera ninguna propiedad; frente a una derecha financiada por los capitalistas como por los Estados Unidos, él no tendría entonces los medios para actuar eficazmente en la oposición si no recuperaba los activos del Estado que le volverían "legítimamente".
Para eso, había que utilizar los testaferros, aquellos dirigentes y cuadros del partido... que se quedaran con lo esencial, en lo que pasó a la historia con el nombre irónico de "piñata". Por ejemplo, Daniel Ortega luego se convirtió en propietario (especial pero no solamente) de doce edificios en Las Colinas, el exclusivo barrio del sur de Managua. Su hermano Humberto Ortega se asignó no menos de cuarenta propiedades inmobiliarias.
Antes de 1990, los dirigentes sandinistas eran solo burócratas privilegiados, que se beneficiaban del uso de departamentos, casas y automóviles que, debido a sus funciones al frente del Estado, habían "heredado" el poder somozista (sin contar los muebles, joyas y otros objetos de valor abandonados en su huida por los antiguos poseedores del poder). De un día para otro, se convirtieron en propietarios y burgueses: pequeños, medianos o grandes, según su rango en la jerarquía del partido, sus talentos y habilidad para aprovecharse de la situación.
Pero el proceso de apropiación por parte de la jerarquía sandinista también tomó otras formas. Antes de partir a fines de abril de 1990, los funcionarios gubernamentales saquearon sus ministerios, gastaron todo el presupuesto del año y se llevaron hasta los muebles. Después de la votación, en marzo de 1990, de la ley que puso fin al monopolio estatal sobre los medios de comunicación, un número sustancial de ellos, especialmente en el sector audiovisual, pasó a manos de organizaciones vinculadas al FSLN o a líderes sandinistas como individuos.
Usando fondos estatales y confiando en sus contactos en el país e internacionalmente, otros "comandantes" han organizado su conversión creando ONG cuyos recursos –provenientes especialmente de ayudas internacionales–, les han permitido llevar una vida cómoda, como mínimo, así como beneficiar a sus allegados trabajos bien pagados. El miembro de la Dirección Nacional y exministro de Agricultura, Jaime Wheelock, lanzó el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE). Mónica Baltodano, exministra de Desarrollo Rural y viceministra de la Presidencia encargada de los municipios, estableció la Fundación Popol Na "para la Promoción y el Desarrollo Municipal".
El gobierno de Violeta Chamorro y Antonio Lacayo no solo no se opuso a estas prácticas, sino que las aceptó después de la firma, el 27 de marzo de 1990, de los acuerdos de transición. Fue, ante todo, el precio a pagar para que esta transición se realice de manera ordenada en el marco de las instituciones vigentes. En segundo lugar, también era una manera de integrar a los dirigentes sandinistas al capitalismo dependiente, su corrupción y nepotismo que caracterizaron históricamente al país, generando o incrementando los intereses comunes entre la vieja burguesía y la nueva burguesía sandinista. Esto fue confirmado por otras "piñatas", esta vez como parte del proceso de privatización de la primera mitad de la década de 1990, lo que llevó a una verdadera división del botín entre la derecha gobernante y los líderes sandinistas. Estos últimos se encontraron al frente de docenas de empresas de importancia no menor, asistiendo luego a huelgas de trabajadores y empleados sandinistas dirigidas contra los jefes sandinistas, que condujeron a la dirección del FSLN a intervenir varias veces para proponer o imponer conciliaciones.
Austeridad y privatizaciones neoliberales, reacciones de los trabajadores, transformación del FSLN
Las contradicciones se manifestaron en los primeros meses del gobierno de Chamorro. "En muchas ocasiones, los líderes sandinistas firmaron acuerdos y participaron en diálogos a espaldas de la base, causando el descontento de los trabajadores. Es en este contexto que la Federación Nacional de Trabajadores (FNT) declaró su independencia con respecto a la dirección nacional e hizo estallar dos huelgas en mayo y junio de 1990. La primera, que comenzó el 14 de mayo, tenía a su cabeza a la Unión Nacional de Empleados (UNE), trabajadores al servicio del Estado cuyas demandas eran aumentos de salarios y estabilidad laboral, la huelga para presionar al nuevo gobierno frente a los insistentes rumores de despidos masivos. La segunda huelga, que tuvo lugar entre el 27 de junio y el 12 de julio, involucró a trabajadores de la construcción, trabajadores agrícolas, textiles y del vestido". [4]
Mientras que Humberto Ortega, como ya se vio, afirmaba su apoyo al gobierno de Violeta Chamorro y enviaba al ejército contra los huelguistas, Daniel Ortega declaró las reivindicaciones legítimas y se hizo pasar como mediador. Un acuerdo firmado el 11 de julio entre el gobierno y el liderazgo del FNT asumió la mayoría de las demandas de los huelguistas. Sin embargo, el aumento salarial se redujo a nada, y el nivel de vida de los trabajadores disminuyó aún más, cuando en marzo de 2001 el gobierno devaluó la moneda en un 500%, al tiempo que mantuvo el aumento de los salarios nominales muy por debajo de este nivel.
En los meses y años siguientes, Daniel Ortega siguió el mismo método que consistía en dar su apoyo a las demandas de los trabajadores, así como a las organizaciones sindicales sandinistas, de las que se decía protector, para criticar a veces de forma virulenta ciertas medidas neoliberales, siempre reuniéndose en secreto con funcionarios del gobierno y dando un cheque en blanco a lo esencial de los planes de austeridad y privatización.
Varios planes de ajuste estructural, desarrollados con el FMI y el Banco Mundial, se sucedieron a lo largo de los años. Una primera fase, destinada a revivir la acumulación capitalista y reconstituir un sistema de libre empresa y mercado libre insertado en la economía mundial, ha sido la de las privatizaciones. Al final del mandato presidencial, a fines de 1996, la mayor parte del sector estatal anterior –que representaba casi la mitad de la economía nacional–, había pasado a manos privadas, incluidas las de los viejos somozistas expropiados en 1979-80 y que pudieron hacer valer sus "derechos". Una segunda fase consistió en una serie de mega-devaluaciones de la moneda nacional, y una tercera en una reestructuración y reducción importante de los efectivos en las administraciones estatales. El gobierno también lanzó la política de zonas económicas libres (con exenciones fiscales), comenzando a atraer talleres de ensamblaje ("maquiladoras") de compañías extranjeras.
Las privatizaciones de este período afectaron a todos los bancos, la agro-industria, electricidad, gestión del agua, ferrocarriles, como a una gran mayoría de empresas industriales y distribución (desde 1993, 289 de las 351 empresas estatales habían sido devueltas a sus antiguos dueños o cedidas a nuevos, nacionales o internacionales), así como las explotaciones agrícolas.
Vuelven los somozistas, corrupción y nuevo pacto
No fue sino hasta el final del mandato de Chamorro en 1995-1996 que Nicaragua comenzó a recuperarse económicamente, facilitada por el considerable perdón de la deuda por parte de varios países e instituciones internacionales. En otras palabras, los tenedores del poder no han podido obtener de sus esfuerzos un beneficio electoral.
Las elecciones del 20 de octubre de 1996 fueron ganadas por el candidato del PLC (Partido Liberal Constitucionalista, fundado en 1968 por el ministro de Trabajo de Somoza) y de su coalición, la Alianza Liberal, Arnaldo Alemán, con el 51% de los votos contra 38 % a Daniel Ortega, ya candidato en las elecciones de 1984 y 1990 y que lo será hasta hoy, en cada una de las presidenciales.
El expartidario de Somoza, hijo y rico heredero de un dignatario de su régimen, Arnaldo Alemán había sido encarcelado durante nueve meses en 1980-81. El boletín Envío (n ° 187 de octubre de 1997) enfatizó que "los parientes y amigos cercanos de Somoza son parte del liberalismo actual en el poder. Ocupan puestos en embajadas, ministerios, ayuntamientos. Están presentes en todas las estructuras del nuevo gobierno. Poco después de asumir el poder en una muestra irresponsable de alarde de autosuficencia, Arnaldo Alemán reembolsó a la familia Somoza la contribución que le habían dado para su campaña electoral, invitándolos a regresar al país para reclamar sus propiedades confiscadas. Los primeros empezaron a llegar en abril”.
Como después de él, su sucesor Enrique Bolaños, Alemán siguió en un entorno económico menos estable y más favorable al desarrollo empresarial con las políticas neoliberales de privatización y austeridad. Durante estos diez años, permitieron que una clase capitalista reconstituida desarrollara en gran medida sus ganancias, mientras que la situación de las clases trabajadoras no experimentó ninguna mejora notable y que los trabajadores registraran incluso un deterioro de sus condiciones de empleo, debido a un fuerte desarrollo de la precariedad.
Pero lo que ha marcado especialmente el mandato de Alemán es la magnitud, no vista desde la dictadura somocista, del impulso y la corrupción practicada desde el poder estatal.
Después de que parte de su base parlamentaria desertara, Alemán se vio amenazado con un levantamiento de su inmunidad presidencial. Para salvarse, decidió buscar un acuerdo con Daniel Ortega para contar con el voto de los diputados del FSLN. Por su parte, Ortega también necesitaba asegurar el apoyo del parlamento y los más altos tribunales del país, ante la amenaza de violación y abuso sexual presentada por su nuera, Zoilamérica Narvaéz (hija de Rosario Murillo), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(…) La acumulación de sus escándalos, sin embargo, impidió que Arnoldo Alemán postularse a un segundo mandato, decidió apoyar en las elecciones del 4 de noviembre de 2001 la candidatura de su vicepresidente, Enrique Bolaños.
En un escrutinio que coincidió con el eterno candidato del FSLN, Daniel Ortega, Enrique Bolaños ganó ampliamente por un 56.3 por ciento contra el 42.3 por ciento. Arnoldo Alemán pensaba controlar a su sucesor, como controlaba siempre a su partido común, el PLC. Pero Bolaños, que contaba con el apoyo del gobierno de George W. Bush, se independizó. Después de una serie de choques con los partidarios del expresidente, que impedía la implementación de su política para defender el status quo, decidió lanzar una campaña contra la corrupción dirigida especialmente a Alemán. Después de las vicisitudes judiciales, este último fue condenado a veinte años de prisión, lo que no cumplió, beneficiándose por razones médicas de un régimen de arresto domiciliario, antes de que el Tribunal Supremo controlado por el PLC y el FSLN simplemente anule la sentencia.
Traducción: Gabriela Liszt |
