Con jornadas de 10 horas recibían pagos de 3 pesos por cubeta de pepinos recolectada y en ocasiones ni siquiera recibían completo el pago, pues les descontaban supuestamente por darles lugares dónde vivir.
Vivían en campamentos improvisados con hules, hacinados y en condiciones insalubres e inseguras, sobre todo para los bebés que se encontraban ahí: sin agua potable, no se les proporcionaba alimentos y no tenían un baño, salvo por un pozo que se encuentra alejado del lugar.
Trabajaban con los pies descalzos sobre el lodo, con la ropa hecha girones, expuestos a los pesticidas utilizados y en la total precariedad: sin las condiciones mínimas de seguridad, higiene y sin prestación alguna. Los agraviados señalaron como responsable a Feliciano Martínez García como el “enganchador”, también de origen mixteco y quien también “reclutaba” para llevar a los jornaleros a estados como Michoacán, Jalisco y Sinaloa.
Según se señala en El Informador, las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en voz de su titular Alfonso Navarrete Prida, concluyeron que las violaciones cometidas fueron: “trabajo infantil en su modalidad de trabajo forzoso; trabajo agrícola expuesto a sustancias peligrosas como plaguicidas y pesticidas, sin ningún equipo de protección; y carencia de seguridad social".
Por su parte la alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc en Colima, indicó que hay cientos de familias indígenas que son trasladadas no sólo de Guerrero, sino también de Oaxaca y Puebla, que son llevados al corte de caña en esa entidad y aseguró que se han intensificado las labores de inspección.
A este respecto, Navarrete Prida argumentó que se han encontrado elementos suficientes para determinar que muy probablemente los responsables sean grupos de la delincuencia organizada que se dedican a “enganchar” trabajadores indígenas y los trasladan con sus familias a los centros agrícolas.
Sin embargo, inmediatamente surge la duda: ¿quiénes son los responsables de la falta de regulación para los campos agrícolas, o para miles de trabajadores que trabajan a destajo, que como en este caso en Colima no llegan ni siquiera a ganar un salario mínimo?, o ¿quiénes son los responsables de que los grupos de la delincuencia organizada actúen tan impunemente en gran parte del país?
Estos hechos, así como lo denunciado por los jornaleros en San Quintín, Baja California, invariablemente nos hacen pensar en las condiciones vividas por los trabajadores agrícolas durante el porfiriato.
La esclavitud laboral que vemos en México es intolerable. Es necesario rodear de solidaridad la lucha de los jornaleros de San Quintín. Los trabajadores debemos de pensar seriamente y discutir entre nosotros cuáles son las medidas que podemos hacer efectivas para lograr condiciones dignas de trabajo y bien remuneradas, en los campos agrícolas, en las maquilas, en la industria, los servicios, etcétera. Sólo con la lucha independiente de la burocracia sindical, los partidos y las instituciones del régimen, organizados desde las bases, podremos revertir las condiciones de precariedad y esclavitud laboral y las medidas que el gobierno está tratando de implementar, como la restricción al derecho a huelga. | 
