Directivos de UPM anunciaron la construcción de la nueva planta de celulosa en Pueblo Centenario (departamento de Durazno, próximo a Tacuarembo) con una inversión aproximada de 3mil millones de dólares.
La planta tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas de celulosa por año, unos 800 millones más que la ubicada en Fray Bentos, y se espera que esté operativa a mediados del año 2022.
Un acuerdo colonial
En el marco de una economía enlentecida y con números en rojo, el gobierno festejó el anuncio presentándolo como una excelente noticia para el país y que tendría un efecto totalmente positivo. La oposición, más allá de alguna crítica puntual, comparte lo medular de esta política y cerró filas con el gobierno, apoyando el emprendimiento.
Lo mismo sucede con la central sindical, que se focaliza en el impacto en el empleo tomando como referencia los números que presenta UPM, y dejando de lado todos los otros aspectos absolutamente negativos que acarreará la construcción de la pastera.
Detrás de estos anuncios supuestamente positivos, se intenta esconder que se trata de un proyecto hecho a la medida de UPM, que le garantizará millonarias ganancias a un costo muy elevado para el Uruguay a nivel social, ambiental y económico.
Aunque el Frente Amplio se vanaglorie del emprendimiento no deja de ser verdad que fueron los partidos tradicionales quienes dieron los primeros pasos en esta área, mostrando que todo el régimen político tiene acuerdo en acentuar el papel de proveedor de materias primas y una economía extractivista.
Fue Sanguinetti quien allá por el 87 promulgó la ley de desarrollo forestal en su primer gobierno, fueron los blancos los que continuaron la política de incentivos para el sector durante el gobierno de Lacalle (cuando además se promulgó la ley de puertos en el 92) y luego fue Batlle el que acordó el tratado de promoción de inversiones con Finlandia (2004) y aprobó la primer planta (2005).
A su turno Vázquez inauguró la planta de Botnia en Fray Bentos (2007) y luego Mujica habilitó la ampliación de la producción e inauguró Montes del Plata.
En definitiva, una política de largo aliento desindustrializadora, de búsqueda de inversiones a cualquier costo y de profundización del modelo de simple exportador de materias primas.
A la medida de UPM
De cara a las próximas elecciones parece que la desesperación por mostrar algún dato supuestamente alentador llevó al actual gobierno del FA a avanzar en este acuerdo hecho a la medida de la multinacional.
Primero se aseguró de poder negociar en secreto, como si se tratara de un asunto de Estado, a espaldas de cualquier cuestionamiento o investigación imparcial.
Retaceó información y despreció todas las voces que con argumentaciones serias y científicas advierten del impacto social negativo de la instalación de la nueva planta de celulosa.
Luego, ante los requerimientos de UPM, no tuvo pruritos en ceder a prácticamente todas sus demandas.
Es así que se comprometió, no solo a la modificación del puerto, los accesos y la camineria de acuerdo a las necesidades de la pastera, sino que además construirá un tren (bajo el régimen de PPP) en beneficio exclusivo de UPM, pero haciéndose cargo de su costo y su mantenimiento ( cerca de 2200 millones de dólares). Fuentes imparciales señalan que la inversión total que realizará el país en infraestructura es de alrededor de 4000 millones de dólares.
El tren además tendrá un impacto negativo a nivel social al atravesar con material industrial y desechos centros poblados.
La concreción del acuerdo con UPM implica además la intromisión empresarial en el sistema educativo uruguayo, con la generación de un centro tecnológico en el norte del país pensado en función de los requerimientos de la empresa.
A nivel ambiental las consecuencias serán negativas, profundizando la contaminación de ríos y del medio ambiente, aspecto que hasta el propio Mujica (un acérrimo defensor del acuerdo) reconoce como una realidad.
UPM estará ganando cerca de 2 millones de dólares por día (alrededor de 700 millones por año, en una producción de 2 millones de toneladas y con un precio de 300 dólares la tonelada) funcionando con un régimen de zona franca por lo cual tendrá todas las exenciones impositivas posibles, es decir que no dejará prácticamente dineros en el país.
En definitiva se trata de un negocio pensado en función de la multinacional UPM y con un alto impacto negativo para el pueblo uruguayo.
Organizaciones y colectivo sociales y ambientales vienen señalando las consecuencias negativas de este mega emprendimiento. Solo la organización y la movilización popular pueden impedir que se consume el saqueo imperialista. | 
