Foto: El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr EFE
Este jueves, William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos informó esta brutal decisión y pidió programar las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte.
La última ejecución federal se produjo en el año 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a pena de muerte por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos, figuran el hombre condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur en el año 2015, aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
La próxima ejecución está establecida para el 9 de diciembre, y al igual que las otras cuatro, tendrá lugar en la prisión federal de Terre Haute (Indiana). Se llevará a cabo utilizando un único fármaco, el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios que ha dado problemas y provocado terribles episodios de intentos fallidos.
Donald Trump apoyó durante mucho tiempo la pena de muerte; su última declaración al respecto la realizó el año pasado, cuando dijo que los narcotraficantes deberían ser ejecutados.
Los demócratas, incluidos los aspirantes a la presidencia, criticaron de inmediato la orden del Sr. Barr. La senadora Kamala Harris de California calificó la pena capital de "inmoral y profundamente defectuosa", la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts reafirmó su oposición a la pena de muerte, también lo hizo el Representante Tim Ryan de Ohio.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó la medida y dijeron que el Departamento de Justicia está "de nuevo en el lado equivocado de la historia", y que "El sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y cruel - y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás".
Actualmente hay 2.600 presos con condenas a la pena capital en todo el país. California es el estado que alberga la mayor cantidad con esta condena; su gobernador, Gavin Newsom, firmó en marzo pasado una moratoria ejecutiva y cerró la cámara de ejecución en la prisión estatal de San Quintín.
El mismo jueves condenó el anuncio de Donald Trump y calificó la pena de muerte como "un fracaso". Al respecto dijo en un comunicado, "El asesinato intencional de otra persona está mal, y nuestro sistema de pena de muerte ha sido, en todos los aspectos, un fracaso".
"La pena de muerte ha discriminado a los acusados que tienen enfermedades mentales, afroamericanos", que "no pueden pagar una representación legal costosa”.
Luego del anuncio del Departamento de Justicia, Ayanna S. Pressley, demócrata de Massachusetts, presentó un proyecto de ley que aboliría la pena de muerte federal.
La Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, cuatro años después de haberla eliminado. Muchos estados adoptaron rápidamente leyes que restauran la pena capital, aunque el gobierno federal no lo hizo hasta 1988 por algunos delitos y en 1994 por muchos más.
William Barr fue partidario de esta inhumana medida durante mucho tiempo, incluso durante su primera etapa como fiscal general durante el gobierno de George Bush.
Activistas y defensores de los derechos civiles han denunciado una y otra vez que las cárceles se encuentran pobladas mayoritariamente por afroamericanos, cifra que también se repite en “el corredor de la muerte”; como consecuencia, la pena de muerte se aplicó de manera desproporcionada sobre hombres negros.
La directora del Proyecto de Pena de Capital en la Unión Americana de Libertades Civiles, Cassandra Stubbs, denunció irregularidades al momento de aplicar las condenas, en casos de “expertos” que exageran las pruebas de cabello o de huellas dactilares en el testimonio del tribunal, "La pena de muerte está plagada de sesgos raciales y geográficos”, y agregó, "La ciencia basura ha desempeñado un papel de gran envergadura en quién obtiene la pena de muerte y quién no".
Los defensores y presos también han argumentado en juicios contra gobiernos estatales y federales, denunciando las ejecuciones fallidas donde las drogas utilizadas no eran efectivas o causaban graves dolores antes de la muerte. En uno de los casos, un prisionero en Oklahoma recobró el conocimiento durante una ejecución estatal en la que se usó un sedante alternativo.
El ex presidente Barack Obama decidió terminar con la pena de muerte federal luego de esa fallida ejecución, y ordenó al fiscal general Eric H. Holder Jr. que estudiara el problema, pero el proyecto de los demócratas de declarar una moratoria formal nunca se concretó.
En Estados Unidos la pena de muerte está condenada por la opinión pública y fue perdiendo apoyo en las últimas décadas; se ha demostrado que esta medida no es disuasiva hacia las personas que cometen crímenes atroces. Más abogados defensores la han calificado como un verdadero fracaso al demostrar que sus clientes habían sido condenados injustamente.
Esta decisión va a contramano de una reducción progresiva de las ejecuciones en los últimos años, que se vieron cada vez más concentradas en los estados más conservadores al sur de los Estados Unidos. Varios estados abolieron recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 21 de los 50 que tiene el país.
En 2015, el juez Stephen G. Breyer instó a la Corte Suprema a revisar la constitucionalidad de la pena de muerte. Según Breyer, había evidencia de que se había ejecutado a personas inocentes, y que las sentencias de muerte se habían impuesto de manera arbitraria. Afirmó que el sistema de justicia capital estaba plagado por la discriminación racial.
Desde 1973, un total de 166 presos condenados a la pena capital en todo el país, incluidos cinco en California, han sido liberados del castigo después de que se hallaron errores en los juicios. Hasta octubre de 2018, California contaba con 740 de los 2.721 presos condenados a muerte en EE.UU., un 27,2 % del total, más del doble que el segundo, Florida, con 354.
Esta medida del gobierno de Donald Trump se lleva a cabo cuando el mismo presidente viene escalando sus ataques contra la población migrante, y sus escandalosas declaraciones racistas y discriminatorias contra las cuatro demócratas de la Cámara de Representantes: Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Ayanna Pressley de Massachusetts, Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar, de Minnesota.
La decisión de reanudar las ejecuciones a nivel federal se dan en un contexto en cual la política contra los migrantes es un verdadero calvario, llevándose la vida de cientos que, huyendo de la pobreza, son recluidos en verdaderos campos de concentración y sometidos a tratos inhumanos, incluida la separación de sus hijos. | 
