Este jueves se vivió un hecho peculiar en la 54° comisaría de Huechuraba. En forma de encomienda, fue entregada una bomba por una funcionaria tercerizada de Correos de Chile.
Los medios de comunicación han hecho festín de este incidente, y ya políticos como Chadwick están intentando utilizar estos casos de un supuesto "terrorismo" que nadie sabe desde dónde viene ni por qué, para justificar la Ley Antiterrorista que será votada en dos semanas más en el Congreso. Sin embargo, para muchos el incidente solo fue un "tongo" más.
Correos de Chile subió una declaración pública manifestando estar "a disposición y en contacto permanente con las autoridades a cargo de la investigación, para entregar oportunamente todos los antecedentes necesarios que permitan esclarecer esta situación lo antes posible".
Sin embargo, nada han dicho por la inseguridad a la que se vió expuesta la funcionaria y nada garantiza que no vuelva a pasar. Y es que al ser trabajadora tercerizada, es decir, solo presta servicios de forma particular a Correos, la empresa se lava las manos sin necesidad de dar explicación alguna a los miles de trabajadores postales a lo largo del país que nos vemos impotentes frente a una empresa que no le preocupa nuestra seguridad y a la que se le pasan tan fácilmente artefactos explosivos, dejándolos en manos de sus trabajadores y trabajadoras.
La prensa ha buscado hacer de este hecho un hecho político nacional para justificar fortalecer su línea represiva contra las manifestaciones de descontento de la población a sus reformas y su agenda política.
Han rodeado de solidaridad a Carabineros, la institución que hace un año se le abrió una crisis de legitimidad por el asesinato de Camilo Catrillanca y el intento de montaje para criminalizar al pueblo mapuche y sostener la Operación Huracán.
En este caso, quieren sostener la Ley Antiterrorista para blindar mucho más los intereses de los empresarios y otorgar muchas más atribuciones a una institución como Carabineros de Chile. La cobertura mediática que le dio la prensa a este hecho ha dejado muy por fuera el riesgo vital que corrió la funcionaria de Correos Chile, que a pesar de estar subcontratada, los mecanismos y procesos de recepción y entrega de correspondencia es la misma que la de los carteros y operadores postales de centros de distribución ¿Qué nos queda al resto de trabajadores postales si Correos no garantiza una mínima condición de seguridad para realizar bien nuestra labor?
En palabras de Beatriz Bravo, delegada sindical de la planta CTP "hoy nos encontramos en plena negociación colectiva y el hecho, demuestra que una gerencia que se niega a entregar el aumento de sueldo base, también nos expone a este tipo de situaciones, pues en varios lados a nivel nacional trabajamos en condiciones precarias y sin los implementos necesarios ¿Qué hubiera pasado si la bomba estallaba en manos de la trabajadora o en la planta? Somos nosotros, las y los trabajadores quienes vemos nuestras vidas expuestas. A su vez, acá hay una responsabilidad del Estado, Correos es una empresa estatal que trabaja con la Aduana ¿y por qué esos mecanismos no funcionaron?
Necesitamos organizarnos desde las bases y rechazar cualquier tipo de precariedad y exposición por las ineficiencias de la empresa y el Estado empresarial, a quienes solo les preocupa que la carga salga. Es necesario que los sindicatos den total apoyo en las acciones que quiera emprender la trabajadora, y peleemos por mejorar nuestras condiciones." | 
