A finales de junio, cuando a partir del escándalo de Cúcuta señalamos toda la trama de corrupción y usos proselitistas de la “ayuda humanitaria” por parte de la oposición de derecha, denunciamos también como parte de esos manejos el papel servil (y con toda probabilidad, corrupto) de los “funcionarios de Guaidó” en su trato con los acreedores de la deuda pública externa del país. Una de las cosas que mencionamos fue precisamente el hecho de que, el “Procurador especial” nombrado por Guaidó y la Asamblea Nacional, había sido la misma persona que le había servido como “experto independiente” a la trasnacional Crystallex en su juicio contra el país.
Es precisamente eso lo que cobra relevancia hoy en el debate nacional, a partir de la decisión de un juez en los Estados Unidos de permitirle a Crystallex hacerse con activos de Citgo.
El Procurador es, para decirlo en términos sencillos, el abogado que debería velar por los intereses del Estado venezolano, y es para esa función que, se supone, Guaidó nombró como parte de su “gobierno paralelo” a quien venía de estar al servicio de una transnacional hostil al país. De coherencia con el interés nacional no se van a morir, eso es seguro.
En ese artículo señalábamos uno de los escándalos recientes de la “administración Guaidó” –aún sin ser Gobierno real acumulan varios escándalos, a ese ritmo superarán el ya abultado récord de Maduro y Cía–, relacionado con el pago de 71 mil millones dólares a especuladores del capital financiero internacional, por un bono que la propia Asamblea Nacional opositora había declarado inconstitucional e ilegal. Ese hecho tiene relación con todo el asunto de Crystallex, Citgo y los funcionarios estrella de Juan Guaidó.
Maduro puso en riesgo el 100% de Citgo
Cuando bajaron bruscamente los ingresos petroleros el Gobierno de Maduro optó por cumplirles al pie de la letra a los usureros del capital financiero internacional, destinando miles de millones de dólares al pago de la deuda externa a cambio de reducir drásticamente los dólares para la importación de medicinas, alimentos y otras necesidades básicas del país. La línea parece haber sido: pagar hasta que sangre, pagar hasta que el país se quede sin nada. Pero como ser “buen pagador” del capital especulativo (como lo fue también Chávez) no garantizaba en modo alguno que tales capitales y sus gobiernos trataran mejor al país, de igual manera el crédito internacional se le restringió a Venezuela, ante lo cual, parte de las “soluciones” entreguistas de Maduro (muy contrarias a alguna orientación antiimperialista) fue empeñar y poner en garantía bienes de la República para obtener préstamos, bienes como, por ejemplo… Citgo.
Es así que en 2016 lanza el Bono 2020, poniendo como garantía del mismo nada más y nada menos que el 51% de las acciones de Citgo (luego puso el 49% restante como garantía de pago a un préstamo de la rusa Rosfnet). La oposición en la AN rechazó ese bono, no por alguna defensa del interés nacional –como lo demuestra con particular desvergüenza toda su actuación posterior–, sino porque como parte del reforzamiento del bonapartismo en su pugna con el parlamento, el Ejecutivo decidió contratar esa deuda pasando por encima de la ley que obliga a que tales endeudamientos sean aprobados por los diputados y diputadas. La oposición, en el control del parlamento, defendía no el interés nacional sino el derecho a que se le reconociese su propio espacio de poder.
La AN de Guaidó en componenda con el capital financiero… (dizque “para salvar Citgo”)
La Asamblea declaró entonces inconstitucional e ilegal el bono… pero en abril de este año decidió pagar 71 mil millones de dólares del mismo, la excusa: “salvar Citgo” de los posibles reclamos de los acreedores del bono. Sin embargo, movimientos más turbios contra el interés nacional estaban detrás. Como lo reseñó un artículo de Tal Cual, que acertadamente se preguntaba en el título si se trataba de un “pago criminal”, el pago en cuestión fue aprobado de manera compulsiva, imprevista y ¡sin discusión! No estaba en la agenda del día, lo introdujeron de improviso solo para aprobarlo, y cuando unos diputados pidieron la palabra para opinar, se la negaron.
La derecha que se quejaba de que el Gobierno anuló el debate parlamentario que debió preceder a la aprobación o no del endeudamiento, anuló ella misma el debate parlamentario que debía preceder el pago o no de esa deuda.
En 2016 el Ejecutivo de Maduro burló al parlamento, en 2019 fue la propia directiva del parlamento encabezada por Guaidó la que lo burló. En ambos casos el capital financiero internacional fue el beneficiario del sacrificio del “debate parlamentario”
Fue un ejemplo magistral de cómo funciona la democracia capitalista, de cómo los políticos burgueses burlan hasta sus propios mecanismos cuando de garantizar los supremos intereses del capital se trata.
Pero, ¿qué estaba detrás de semejante actuación de estos “demócratas” convertidos en “Gobierno” por la gracia de la principal potencia imperialista de Occidente? Todo indica un deplorable lobby contra el país y en favor de intereses muy particulares. Miguel “Paquetico” Rodríguez, quien estuviera detrás del plan de ajuste neoliberal de CAP II (el “Gran Viraje”) y por supuesto nada sospechoso de izquierdista, tuvo que salir a (casi) denunciar a estos funcionarios por haberse entendido con los acreedores del Bono 2020 de la manera más cordial en reuniones informales, fuera de cualquier mecanismo formal de negociación, y por no haber hecho el más mínimo intento de defender ante éstos el interés del país: la negociación de la deuda, les dice, “no se puede hacer almorzando, abrazándose con los acreedores (…) las únicas reuniones deben ser en las mesas de negociaciones”.
Ciertamente, los funcionarios de Guaidó salían en fotos sonrientes, luego de esos almuerzos informales en EE.UU. junto a quienes se supone deberían ser su parte contraria en una hipotética negociación, los buitres especuladores que en medio de las graves necesidades del país quieren apoderarse de una empresa nacional clave. No hubo ninguna negociación formal, ningún amague siquiera de defender el interés nacional, se prestaron totalmente para hacer parte del lobby contra el país. ¡Y conste que son los mismos políticos/tecnócratas que se rasgan las vestiduras hablando de las penurias del pueblo venezolano! El parlamento encabezado por Guaidó anuló el debate parlamentario para imponer lo pactado por los funcionarios de Guaidó con los buitres del capital financiero internacional. ¿Había para esta gente una tajada de esos 71 mil millones de US$? No hay que ser mal pensado, ¿verdad?
Para apoderarse de Citgo, Crystallex usa los argumentos que le dio el “Procurador” de Guaidó
Pero Juan Ignacio Hernández entra en escena también. Los artífices de ese pago oprobioso esgrimen como justificación que el “Procurador” les recomendó pagar “para no poner en riesgo Citgo”… y aquí es dónde viene la mayor desfachatez de este tecnócrata devenido político: como destapó el artículo de Tal Cual, resulta que fue este mismo Hernández quien en 2017, trabajando para Crystallex, le había sugerido cobrarse con activos de Citgo la deuda que esta le reclamaba a Venezuela, puesto que esa empresa era como un alter ego (otro yo) de la República.
En 2018 Crystallex se puso en marcha con la pretensión que Hernández le susurró al oído, a pesar de que el Gobierno de Maduro –no lo olvidemos, buen pagador al capital internacional a costa de las necesidades del pueblo venezolano– le había comenzado a pagar las indemnizaciones que la minera canadiense reclama. Hoy, cuando gracias a un fallo de una corte de los EE.UU. está cerca de hacerse efectiva tal pretensión, se vuelve escándalo lo que debió haberlo sido desde mucho antes.
Maduro aprovecha para denunciar la aberrante connivencia de intereses entre los funcionarios de Guaidó y estos capitales hostiles al país, sin embargo, nada dice que fue precisamente su gobierno quien puso en vulnerabilidad la totalidad de Citgo.
Guaidó y Hernández dicen que la culpa de origen es de Maduro y aclaran oscureciendo. En su cuenta de Twitter el “Procurador” aclara que nunca fue abogado de Crystallex (como equivocadamente ha dicho algún funcionario gubernamental), sino que en su condición de profesor universitario actuó “como testigo experto independiente de Derecho venezolano”.
Para que se entienda bien (basta de que unos y otros nos quieran marear con sus eufemismos): como experto en el derecho venezolano la transnacional le pagó para que le ayudara a conseguir los argumentos con los cuales fregar al país, con los cuales contrarrestar los argumentos de los representantes de PDVSA.
El profesor, gustosamente, aceptó su salario y rol “independiente” contra el país. ¿Por la plata baila el experto?
Como otra parte de las aclaratorias, Guaidó y Hernández dicen que la pretensión de Crystallex (la que el propio Hernández le ayudó a argumentar) no se puede ejecutar porque los activos de Citgo están protegidos por la Orden Ejecutiva N° 13.850 del gobierno de Trump. ¡Qué cosas!, es el mismo mecanismo al que Miguel Rodríguez y otros economistas les cuestionaron no haber acudido antes de salir desbocados y alegres a pagar los 71 mil millones en abril “para proteger Citgo”. ¿Improvisaciones? ¿Falta de pericia de estos “expertos”?
Esa “puerta giratoria” y ese “gobierno interino” bajo el ala de una superpotencia imperialista
El personal de Guaidó está compuesto por doquier de tecnócratas que hayan particular atractivo en esa “puerta giratoria” tan común en muchos gobiernos burgueses, gracias a la cual pasan tranquilamente del rol de empleados (o directivos) al servicio del capital privado al rol de funcionarios “al servicio del Estado”, y así sucesivamente de acuerdo a sus conveniencias particulares. De hecho, Juan Ignacio Hernández es también abogado en una de las firmas que representa a Polar, el principal monopolio privado de alimentos del país.
¿Que si hay en todo este mecanismo eso que llaman “conflicto de intereses” entre el interés de corporaciones particulares y los “intereses generales de la República”? ¿Qué si siendo gobierno un tecnócrata puede inclinar sus decisiones a favor de sus antiguos (o futuros) dadores de empleo? No, que va, ellos dicen que con quitarse un día el traje de un rol y ponerse al día siguiente el otro eso está resuelto. (Aunque a raíz de escándalo, y por si a las moscas, hoy la “Embajadora” de Guaidó en la República Checa puso las barbas en remojo y renunció su cargo).
Pero además de esa característica del “tecnócrata independiente” que un día es político en el Gobierno y otro empleado de una corporación, el fraude contra el país y su pueblo tiene su origen en un intento de gobierno impuesto y digitado por la principal potencia imperialista, es decir, por el poder político y militar que representa los intereses de lo más concentrado del capital internacional.
Guaidó y sus “tecnócratas” son los peones que se pusieron bajo el ala y la protección del gobierno de Trump y su agresivo intervencionismo. Pueden pretender ser “Gobierno” porque los EE.UU. decidieron imponer un gobierno paralelo, usando para eso toda una batería de agresiones que va desde confiscaciones de bienes y recursos del país, bloqueo petrolero, sanciones, hasta las amenazas de intervenciones militares. Son los tecnócratas del golpismo aupado por Trump, y desde esa condición de abyecta subordinación, han avalado todas y cada unas de las confiscaciones que, por el solo derecho de la fuerza, los gobiernos imperialistas han hecho contra el país. Nada diferente podría esperarse pues de un “gobierno interino” de esa naturaleza.
Si bien el Gobierno de Maduro no tiene moral alguna para pretender ser el abanderado de algún combate contra capital transnacional (pagador de deuda externa, hipotecó Citgo, aprobó la nueva ley de inversiones extranjeras, modifica las normas para otorgarle mayoría accionaria a los pulpos petroleros, los exonera de impuestos, impuso el Arco Minero, etc.), lo de Guaidó y los suyos es un entreguismo “a otro nivel”. Están, como hemos dicho en ocasiones anteriores, al servicio de un plan de despojo, de recolonización del país. Lo del “Procurador” es apenas un botón de muestra. | 
