Durante el día de ayer empezaba una nueva operación llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra contra miembros de colectivos independentistas, deteniendo y pasando a disposición judicial a nueve jóvenes.
Los detenidos estarían acusados de participar en acciones de protesta entre diciembre de 2018 y mayo de 2019. Según informa la CUP, se trata de “hechos relacionados con la sentada delante de la fiscalía” y otro con la sentada en las vías de tren durante la huelga del 21 de febrero. Además, añaden que se les atribuyen hasta 9 delitos englobados en una supuesta organización criminal.
Entre los detenidos se encuentran miembros del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), dos de ellos militantes de secundaria, Arran y CDRs, a los que cabe sumar otras tres personas citadas a declarar. Tres de ellos, menores de edad, fueron puestos en libertad ayer y los otros tres acaban de salir de la Ciutat este jueves.
Xavier Monge, uno de sus abogados, confirmaba también que se les acusa de delitos tales como desórdenes públicos, atentados contra los agentes de la autoridad, lesiones y coacciones. Además, añaden que se les atribuyen hasta 9 delitos englobados en una supuesta organización criminal.
Núria Martí, portavoz de Arran, ha catalogado las detenciones de “intento de desmovilizar a la gente” en vistas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio contra el 1-O de 2017.
Como protesta frente a estos hechos miembros de los CDRs, Arran, Alerta Solidària, SEPC i Decidim Ser llamaban ayer a una concentración solidaria a las 13:00h frente a la comisaria de Les Corts, exigiendo la dimisión del actual consejero de interior del gobierno de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch.
Los detenidos de ayer se suman a la lista de personas pertenecientes a colectivos independentistas perseguidas y reprimidas por la policía. Cabe recordar aquí a las ocho encausadas de Arran del caso conocido como Controlades, que fueron llevadas a juicio el 13 y el 15 de mayo de este mismo año, acusadas de ocasionar desorden público y daños durante la manifestación del primero de mayo de 2016, en un proceso en el que denunciaron la utilización de ficheros ilegales para la identificación y posterior procesamiento.
Resulta evidente que esta represión se engloba dentro de la espera a la sentencia del juicio del procés (proceso soberanista de Catalunya), intentando desalentar la movilización que cabría esperar en otoño cuando se constate, por si todavía quedan dudas, la absoluta certeza de la farsa que ha supuesto este proceso judicial.
La propia Generalitat vuelve a situarse a la cabeza de la represión y continúa demostrando que no existe independencia posible bajo la dirección de la burguesía catalana.
El procesisme ha utilizado todas sus cartas para frenar al movimiento democrático catalán empujado por las masas y la clase trabajadora, ya lo hicieron el 3 de octubre rogando a todo el mundo que volviera a sus casas cuando se acercaba el discurso del Rey. Como tampoco duda en recurrir a métodos más disuasorios como la persecución de los jóvenes de colectivos independentistas tal y como ocurrió el pasado 29 de septiembre cuando los Mossos de Miquel Buch reprimieron y detuvieron a los jóvenes que se manifestaban ante el Parlament de Catalunya mientras el president Torra "animaba" a los CDR.
No obstante, la criminalización de la juventud no acaba en Catalunya sino que se extiende al resto del Estado, recordemos sino el caso de los jóvenes de Alsasua, condenados entre 2 y 13 años por delitos de atentado a la autoridad, entre otros, y para los que la Fiscalía solicitaba penas de entre 12 y 62 de cárcel por terrorismo.
Ataques a la libertad de expresión como el de Pablo Hassel, Valtonyc… Incluso dentro de este propio diario, la periodista Verónica Landa fue denunciada acusada en 2018 de calumnias por el Jefe Superior de la Policía Nacional de Catalunya, Sebastián Trapote, a raíz de un artículo en el que daba cuenta de diversos casos de torturas, malos tratos o muertes bajo custodia policial en los que sus responsables no fueron juzgados, fueron absueltos o indultados; entre ellos el denunciante, responsable de la muerte de un detenido en 1974.
La represión sistemática por parte del Estado contra aquellos jóvenes que atentan contra el Régimen del 78 y del IBEX 35 o el freno y persecución llevada a cabo por la Generalitat y los partidos de la burguesía catalana en aras de frenar el movimiento democrático catalán empujado por las masas, sirven a un mismo objetivo: evitar que la juventud luche por acabar con este sistema de explotación y opresión y decida su propio futuro.
Es por esto que aquellos queremos levantar un sistema al servicio de las necesidades de la mayoría seguiremos luchando por la movilización de clase trabajadora independiente de la burguesía catalana para lograr la independencia de Catalunya de la mano del resto de pueblos del Estado español que día a día se enfrentan al Régimen del 78 heredero del franquismo y bajo control de las grandes fortunas del IBEX para lograr así una sociedad regida por los trabajadores y trabajadoras. | 
