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18 de enero de 2025 Twitter Faceboock

USACH
La falsa democracia de Zolezzi que se ampara en un estatuto de la dictadura
Vencer Usach | Universidad de Santiago de Chile

Se mantiene la espera del dictamen del Tribunal Constitucional por la anulación de la elección de Juan Manuel Zolezzi como rector de la USACH, mientras tanto, se mantienen los plazos establecidos por la universidad para el cambio de Estatuto Orgánico, proceso que ha sido cuestionado por profesores y estudiantes por su caracter impositivo y sin espacios de participación activa de los estamentos.

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El Tribunal Electoral de la Región Metropolitana (TER), compuesto por los ministros Juan Muñoz, Patricio Rosende y Antonio Barra, anularon la elección efectuada en julio del 2018 donde fue reelecto Juan Manuel Zolezzi como rector de la USACH. Tras esta decisión, el aludido decidió apelar a la sentencia, recurriendo al Tribunal Constitucional.

La razón por la que el Tribunal de elecciones decidió anular el proceso se debió a que se excluyó de forma ilegal y arbitraria a una gran cantidad de profesores por hora, que además se enmarca dentro de un proceso de cambios estatutarios en donde se apela a la democratización universitaria que reconoce a los profesores por hora como académicos, y por ende, que pueden participar del proceso eleccionario.

La apelación de Zolezzi

El cuestionado rector, en su apelación, reclama que la decisión del Tribunal de Elecciones pasa a llevar la autonomía de la universidad, haciendo alusión al estatuto universitario en donde no reconoce la condición de académicos de los profesores por hora, sino como “personal contratado por hora”, nominación que reciben con el DFL 149 creado en *dictadura militar*, y en su defensa apuesta a que se acoja el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del fallo del TER.

Democratización universitaria

Lo anterior da cuenta de la contradicción en el discurso de Zolezzi que, codeado de sus cercanos académicos de planta, excluye a los profesores por hora quienes son los que realizan la mayoría de las clases en la universidad, a la vez que presiona el proceso de cambio estatutario, el cual ha sido ampliamente cuestionado por profesores hora, como también por partes del estamento estudiantil debido a que este se realiza sin un proceso que conlleve la participación activa de los distintos estamentos.

Según las fechas implantadas jerárquicamente por la institución, este proceso culmina a inicios de la tercera semana de agosto, por lo que se realiza un llamado a que éste sea frenado, puesto que las fechas fueron impuestas por rectoría sin consulta de los distintos estamentos, en un proceso que compete a la comunidad en su conjunto.

Además, desde carreras de la universidad se exige la renuncia de los representantes estudiantiles puesto que estarían faltando a los compromisos frente a los cuales responder, como lo es la asistencia a las reuniones, (denuncian que no están participando). En caso de que se lleve a cabo la renuncia, el proceso pierde su calidad de triestamentalidad por lo que se debe frenar, dar tiempo para constituir una comisión verdaderamente democrática y que ponga las demandas históricas plasmadas en los nuevos estatutos.

Cambio de Estatuto Orgánico

El Estatuto Orgánico es el cuerpo normativo bajo el que se rige la universidad. Actualmente este obedece al DFL 149 impuesto en dictadura, que asienta el autoritarismo universitario y elimina los procesos democráticos que ya se habían conquistado en la antigua UTE, que establecía el ejercicio de triestamentalidad con la participación de profesores, estudiantes y funcionarios en la toma de decisiones, con una educación enfocada desde y hacia la clase trabajadora y las necesidades del país, en donde incluso profesores, funcionarios y estudiantes podían elegir al rector de la universidad, como sucedió con la elección de Enrique Kirberg.

Con la nueva Ley de Universidades Estatales, la universidad tiene el plazo de 3 años para actualizar la normativa y “avanzar” en la democratización, por lo que la misma rectoría ha levantado un proceso para la elaboración de un nuevo estatuto orgánico, el cual no está libre de trampas para hacer un lavado de imagen de la institucionalidad, puesto que este proceso mantiene la estructura universitaria casi intacta, donde si bien incluye la participación de estudiantes y funcionarios, esta es marginada a un bajo porcentaje para poder decidir.

Además, las propuestas que emanan para incluir dentro del nuevo estatuto son evaluadas por la casta académica, quienes son finalmente los que deciden dentro del proceso. Así se quiere legitimar un Estatuto Orgánico construido en democracia, pero que mantiene el trabajo precario y las decisiones tomadas en un puñado de personas.

 
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