Hace casi dos semanas, distintos medios de prensa mostraban el ataque explosivo en la comisaría de Huechuraba y el atentado frustrado contra Rodrigo Hinzpeter. Sin embargo, aún se desconoce quién o quiénes estuvieron detrás de los hechos.
Al calor de esto, Andrés Chadwick, el ministro del interior, dio declaraciones en algunos medios siguiendo la línea que ha sostenido el gobierno en función de infundir temor en la ciudadanía, pero por sobre todo, de criminalizar a sectores de izquierda que tienen métodos radicales de enfrentamiento al régimen, con enunciados en la televisión abierta propios de la prensa amarilla del tipo “grupo anarquista se adjudica atentado”.
Apuntó que “yo creo que entendiendo que enfrentamos a grupos terroristas, en este caso, que obviamente son organizaciones que tienen apoyo, que son implacables, que no respetan a nada, que están dispuestos a correr riesgos con tal de producir daño. No estamos enfrentando a un mero delincuente, sino que a organizaciones que tienen apoyo muchas veces no solo nacional, sino que también del exterior”.
A propósito del tiempo que ha tomado encontrar responsables de los hechos, agregó que “enfrentamos a un adversario y a un enemigo poderoso. Y, por consiguiente, para poder investigarlo, determinar las responsabilidades y tener las pruebas que después permitan al ministerio público llevar la causa adecuadamente al poder judicial, eso es muy difícil que se logre en el plazo de una semana. Eso requiere de un tiempo de investigación, de los apoyos y el trabajo tanto de inteligencia investigativa como de las acciones operativas que indique el fiscal. Esto requiere de no apresurarse, porque quien busca apresurarse después obtiene malos resultados”.
Con todo esto sobre la mesa, es inevitable preguntarse qué significan estos hechos para el gobierno y para la derecha en Chile, pues esta última ha sido cuestionada profundamente por todes quienes han visto cómo actúa un gobierno que está al servicio de los empresarios. Piñera inició su segundo año de gobierno con un 48% de desaprobación, además del alto rechazo hacia instituciones como la iglesia católica y carabineros de Chile; y eso le ha costado caro al momento de intentar pasar las reformas estructurales de su mandato. Por lo mismo es que han buscado aprovechar cada oportunidad para empalmar con sectores que apoyen su política y este caso no es distinto. Son ellos quienes asesinan a un peñi por la espalda, quienes matan a dirigentes como Alejandro Castro o Macarena Valdez, pero luego los terroristas son los “grupos ultraizquierdistas”. Ni hablar de cómo se utiliza la ley antiterrorista en el wallmapu para encarcelar al pueblo mapuche; ellxs son presos políticos por resistir a un Estado que les roba sus tierras, no son terroristas.
Esta línea de criminalización no solo atañe al pueblo mapuche, sino que también a la juventud y de esto bien saben les estudiantes de liceos emblemáticos, quienes son constantemente atacados por la derecha: Alessandri permitió la entrada de fuerzas especiales a las salas de clase, puso cámaras de vigilancia y hasta amenazó con cerrar el instituto nacional. Eso buscan, aprovechar la imagen de quienes se ven violentos para justificar sus leyes, esas leyes que solo perpetúan el régimen heredado de la dictadura y profundizan la moral conservadora y punitiva de la opinión pública.
Sin embargo, en sus declaraciones el secretario de Estado niega rotundamente algo que es evidente: quieren aprovechar estos “atentados” para reposicionar la ley antiterrorista promulgada por Pinochet en 1984. El ministro dijo que “me parece un error y una injusticia esa crítica, porque la división del proyecto de ley antiterrorista, que dice relación con las medidas de investigación, fue hecha hace varios meses y lo veníamos trabajando; se llamó a varios expertos, fueron las policías, estuve yo y lo enviamos con anterioridad a estos hechos. Por lo tanto, estos hechos vienen solo a ratificar la necesidad de estas medidas especiales investigativas en la ley antiterrorista”.
Por último, agregó: “Cómo alguien va a pensar que esto puede darte un rédito político. Estamos enfrentando una situación de gravedad para toda la sociedad, y yo creo que nadie puede pensar que puede dar un rédito político que pongan una bomba. Por el contrario, a nosotros como gobierno eso nos preocupa enormemente y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance o para prevenir o para que la investigación determine las personas responsables y puedan ser sancionadas” |
