Por más de 10 días sin suministro de agua fue el infierno que paralizó a los más de 162 mil habitantes de la ciudad de Osorno. La empresa responsable, Essal, atribuyó al derrame de 1.100 litros de combustible a la bocatoma del río Rahue como un "error humano", mientras que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ya había emitido un informe en octubre del 2018 exponiendo plenas irregularidades en su infraestructura.
Durante el mes de julio ya se había visto a la empresa desplegar un fuerte lobby hacia la SISS, según el registro en el portal de Ley de Lobby. Hoy, la población exige la salida de la concesionaria, la cual se estima ser sancionada con una multa que podrían superar los $ 2.500 millones,monto que solo podrá ser definido una vez que termine el período de descargos al que tiene derecho la empresa. Además, la SISS nuevamente abrió un expediente a la empresa, esta vez para la caducidad de ésta en la ciudad de Osorno, proceso que también le otorga derecho a la empresa para hacer sus descargos y apelaciones.
Las juntas vecinales y organizaciones sociales de Osorno pidieron a las autoridades ocupar el destino de la multa en estadios, jardines infantiles y centros de salud, una urgente iniciativa que si no es administrada y gestionada por los trabajadores de éstas áreas y las juntas vecinales, llevarían el mismo destino que la educación y salud de mercado.
Por otro lado, parlamentarios de la zona han expresado esperar las sanciones con millonarias multas y la caducidad de la firma de la empresa, desde la UDI con Ivan Moreira y Javier Hernández hasta el senador PS Rabindranath Quinteros. Sin embargo, a pesar que esta medida responde a la indignación de los osorninos, es completamente insuficiente cuando el problema de los servicios sanitarios no son tomados como un problema de Estado y se reduce a un problema local. Recordemos que las empresas sanitarias fueron las últimas en privatizarse durante los primeros gobiernos de la exConcertación, donde el derecho al agua termina siendo negado por el Estado y vendido al mejor postor, bajo el interés de unos pocos de generar ganancias a costa de la necesidad de millones.
Es por esto, que es necesaria la estatización del servicio sanitario, cuya administración y gestión debiera estar a cargo de los trabajadores y trabajadoras como un derecho gratuito y garantizado por el Estado, y no como un privilegio del cual se llevan millonarios excedentes un puñado de empresarios del agua.
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